Desde que se inició el paro nacional el 28 de abril con el estallido social que siempre quedará en nuestra memoria, incluso como presagio de otra Colombia posible, la respuesta del gobierno ha sido la de tratarla como un tema de orden público y no como una protesta pacífica.
Entre el 28 de abril y el 11 de junio, según la ONG Defender la Libertad han sido asesinadas 78 personas, 1.522 heridas, 79 lesiones oculares, 3.086 detenidos, 106 agresiones sexuales, 84 desaparecidos, lo cual constituye un horroroso cuadro de violaciones a los derechos humanos-DD.HH.-, sin antecedentes en nuestro país.
Desde el pasado 6 de mayo, las organizaciones de DD.HH, pertenecientes al Comité Nacional de Paro-CNP-, solicitaron la visita de la CIDH- Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quién además solicitó, según el protocolo internacional, la anuencia de Duque para venir a Colombia.
El gobierno de Duque movió cielo y tierra para no permitir la visita, pero gracias al paro nacional y a la presión internacional de los gobiernos de la Unión Europea y de los EE.UU. le tocó autorizarla, enviando una carta para aceptar la visita.
Dicha visita se realizó entre el 7 al 10 de junio, contando con una apretada agenda para reunirse con el Gobierno, la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, el mismo Duque, las víctimas, ONG de DD.HH. y también con el CNP.
El CNP, a más de contextualizarle el momento social y político del país, le hizo las siguientes 8 solicitudes:
1- Recomendar al gobierno colombiano que adopte de inmediato el
preacuerdo de garantías para el ejercicio de la protesta logrado el 24 de
mayo con el CNP.
2- Enfatizar al gobierno nacional para que cese de inmediato la violencia
policial contra los manifestantes.
3- Llamar al gobierno colombiano para que cumpla las sentencias judiciales
sobre ejercicio de la protesta y en particular las órdenes de la sentencia de
tutela decidida por la Corte Suprema de Justicia el pasado 22 de septiembre
de 2020.
4- Establecer una comisión de expertos para documentar las violaciones a los derechos humanos y hacer seguimiento a las
investigaciones que adelanten las autoridades.
5- Reiterar los estándares relacionados con los límites del uso del derecho
penal frente a la protesta, a fin de evitar la judicialización de quienes
ejercen derechos reconocidos en la convención americana de derechos
humanos.
6- Reafirmar que la seguridad en las protestas deben estar reservados a la Policía Nacional y que las fuerzas militares no deben involucrarse en el manejo de las protestas y en tal
sentido recomendar la derogatoria del Decreto 575 de 2021 sobre
“asistencia militar”
7- Recomendar la implementación de los instrumentos del Acuerdo de Paz
dirigidos a garantizar los derechos de participación y protesta y no estigmatización.
8- Reconocer los acuerdos logrados entre autoridades local y organizaciones
sociales y ciudadanía involucradas en las protestas, así, como reafirmar
que, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, el diálogo
y los acuerdos son el camino para la solución de los conflictos sociales.
De entender las aseveraciones de algunos miembros del gobierno, se prevé que la CIDH se va a pronunciar contra el gobierno de Duque por violar los DD.HH.
Así se ve cuando, la alta consejera para los DD.HH. Nancy Patricia Gutiérrez, se ha adelantado a señalar en entrevista para El Espectador, que "no nos corresponde anticiparnos, sino esperar las recomendaciones. Como colombiana, sentí tristeza porque luego de elogiar al país maravillo que tenemos, sí dijeron que veían una estigmatización muy fuerte y que, entre otras cosas, percibían en el lenguaje una forma de agresividad muy fuerte, no en el sentido de contradictores, sino de enemigos. Es doloroso que esa sea la percepción."
Emilo Archila, consejero para la Estabilización y negociador con el CNP, ante el desespero por trasladar responsabilidades, le pidió a la CIDH tener en cuenta la grabación de un video hecho viral por Álvaro Uribe Vélez sobre intervención de uno de los dirigentes del paro, Nelson Alarcón, con la simple intención de hacer política por medio de movilizaciones y protestas, con lo cual se intenta poner en el mismo nivel los abusos de autoridad, las ejecuciones extrajudiciales de agentes del Estado, las violaciones a los derechos humanos.
Además, la persona que pone el gobierno a interactuar con la CIDH, el hoy embajador ante la OEA, Alejandro Ordóñez, es quien ha contrariado los fallos de la Corte IDH, órgano muy cercano a la CIDH.
El Centro Democrático ha señalado en reiteradas oportunidades que dicha Comisión está ideologizada y representa las posiciones de izquierda, del castrochavismo, así mismo se ha referido el ponderadísimo columnista y exministro de Justicia en la era Uribe, Fernando Londoño.
Es decir, una serie de opiniones encaminadas a descalificar desde ya, las sanciones que muy posiblemente le impondrá la CIDH al gobierno de Duque por violar los DD.HH.
Por eso se opusieron a la visita y por ello mismo han salido a descalificarla.
Esperemos que su pronunciamiento sea rápido, para salvar vidas y que ello ayude a que Duque pare la masacre.
Twitter: fabioariascut
