Con el proceso de paz del Caguán en el gobierno de Andrés Pastrana tomó vida el Fondo de Programas Especiales para la Paz creado por la ley 368 de 1997, que desde el día uno gerencia María Inés Restrepo. Los comisionados de paz, el primero, Víctor G. Ricardo y luego todos los que le han seguido: Camilo Gómez, Luis Carlos Restrepo, Frank Pearl y Sergio Jaramillo ordenan y ella gira. Y son muchos millones. Entre 2013 y 2015 Sergio Jaramillo comprometió cerca de $150 mil millones en contratos asociados al proceso de paz con las Farc en La Habana. Los viajes, los hoteles, la publicidad y sobre todo el robusto rubro de contratos con medios, fundaciones, juristas, asesores y periodistas, salen de ese fondo.
De allí se ha ido el dinero para pagarle sumas superiores a los $4.5 mil millones a agencias de publicidad como Sístole, cuyo representante legal es el empresario de espectáculos Ricardo Leyva y la firma de encuestas Conecta S.A.S. creada en 2009 por el hoy ministro Tomás González quien aunque vendió su participación sigue con vínculos cercanos a la empresa a través su representante legal Ángela Baena, que facturó $5.246 millones en contratos para realizar distintos sondeos alrededor del proceso de paz. La Fundación Ideas para la Paz (FIP), de la cual fue director el comisionado de paz, ahora en cabeza de María Victoria Llorente, ha sido una de las ONGs que ha recibido contratos de mayor valía para asesorías y estudios hasta por $4 mil millones.
Por allí se pagaron los 12 documentos de Memoria Histórica y también los honorarios de Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno en La Habana, quien ha recibido honorarios superiores a los $700 millones a través de contratos en los tres años de proceso de paz con las Farc.
De manera discreta, muchas veces incluso secreta, María Inés Restrepo se ha encargado de cada detalle logístico. Recién creado el fondo organizó una oficina satélite en San Vicente del Caguán, epicentro de los diálogos con las Farc en el gobierno Pastrana y luego no dudó en hacer lo propio con otra sede alterna en Montería, desde donde coordinaba todos los requerimientos para la negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), los desplazamientos a Ralito del comisionado Luis Carlos Restrepo, el alquiler de helicópteros para los desplazamientos de los jefes paramilitares, refrigerios y almuerzos para las reuniones, honorarios de asesores; de este fondo salieron recursos que terminaron en la falsa desmovilización del Frente Cacique la Gaitana, que tiene al excomisionado Restrepo subjudice, exilado en el Canadá.
Fue ella quien respaldó con la chequera el trabajo de acercamiento con las Farc que realizó Frank Pearl y su equipo previo la instalación de la mesa de diálogo en Noruega y luego en La Habana.
¿Quién paga? Todos los colombianos, porque los recursos del Fondo de Programas Especiales para la Paz forman parte del presupuesto nacional a través de una cuenta adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia. En el 2015 ejecutó más de $32 mil millones de manera directa, de forma discrecional, sin licitaciones y con la confidencialidad que demandan este tipo de procesos en donde la voz cantante la tiene el Alto Comisionado de Paz.
María Inés Restrepo pasó su primera parte de vida profesional en el sector privado. Apoyó la campaña presidencial de Andrés Pastrana cuando trabajaba en una de las sucursales del Coltefinanciera, del Grupo Ardila en Barranquilla y con el triunfo conservador se estrenó en el sector público. Entró a dirigir el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante), para promover la sustitución de cultivos ilícitos; vivió un primer doloroso momento cuando se accidentó en el Tolima la avioneta en que viajaba un grupo de jóvenes funcionaros del programa, entre quienes se encontraba Carlos Santiago Cano, el hijo mayor del codirector del Banco de la Republica, Carlos Gustavo Cano. María Inés estuvo al frente de la búsqueda de la avioneta y de su fatal desenlace en marzo de 1999.
No pasó mucho tiempo cuando ese mismo año debió enfrentar la situación más difícil de su vida, calificada por ella como una verdadera tragedia personal. Restrepo era la responsable del programa creado en 1994 para prevenir, frenar y eliminar la producción de cultivos ilícitos –Plante- que pasó a ser una estrategia del Plan Colombia apoyado por el gobierno de Estados Unidos, cuando su hijo fue detenido con 7.5 kilos de heroína en un aeropuerto de Miami y luego condenado a 70 meses de cárcel por narcotráfico que debió pagar en los Estados Unidos. Un doloroso hecho que se le convirtió a María Inés en un dilema ético y profesional y que la llevó incluso a plantear su renuncia al cargo. El respaldo que recibió del gobierno y del presidente Pastrana fue total e irrestricto.
María Inés Restrepo apoyó el naciente proceso de paz de Andrés Pastrana y al comisionado Víctor G. Ricardo desde un comienzo ya que el epicentro del programa de sustitución de cultivos eran los departamentos del Caquetá y Putumayo, donde las Farc tenían presencia activa y donde se dieron los primeros acercamientos con el máximo comandante Manuel Marulanda Vélez y la cúpula de entonces. De allí que su tránsito hacia el manejo del Fondo que suministraría los recursos para apoyar logísticamente las conversaciones del Caguán se dio casi de manera fluida y en un primer momento tuvo a su cargo ambas oficinas. Son muchos los secretos que guarda esta alta funcionaria quien tal vez es la única persona en Colombia que ha sido testigo de lo ocurrido en la tras escena de los gobiernos de Pastrana; Uribe; y Santos, y los hilos que se han manejado en los intentos fallidos y logrados de negociación con los distintos grupos que actúan al margen de la ley. Su fórmula: nunca abrir la boca.