La autonomía es a las universidades, lo que la dignidad es a las personas. Esta breve frase resume años de movilización de la comunidad académica y científica contra el modelo napoleónico y eclesiástico de Universidad, que convertía a las instituciones en instrumentos de los gobiernos de turno, incapaces de ser la conciencia crítica de la sociedad. La Autonomía Universitaria se encuentra incompleta si no se acompaña de democracia y libertad para el debate de ideas, es decir, la autonomía es el medio para llegar a la democracia universitaria.
En una situación de profunda crisis económica y social como la que atraviesa el país, la Universidad y su comunidad educativa han jugado un papel clave en denunciar el dogma neoliberal y con ello a sus materializadores, en especial al gobierno de Santos con quien hemos conocido una etapa superior de sumisión a los monopolios extranjeros. El Gobierno preocupado por acallar las voces de denuncia en las universidades tramitó de manera inconsulta, negando todo proceso de participación democrática en las mismas, normativas conducentes a abrogarse el derecho a intervenir, e inclusive liquidar, las Universidades del país, a la par que prohíbe a su comunidad educativa participar del debate político para los cargos de dirección de la Universidad y el Estado.
La Ley de Inspección y Vigilancia, expedida el 23 de diciembre de 2014, después de ser radicada con mensaje de urgencia en el Congreso y sin haber sido consultada con las Universidades, ha dado carta libre al Ministerio de Educación para intervenir a discreción las universidades, nombrando inspectores In Situ, que pueden, inclusive, hacer parte de otra institución beneficiada con la imposición. La Ley de Inspección y Vigilancia no persigue el ánimo de lucro, el incremento de matrícula por encima del IPC o la negación de información y participación de los estamentos de la institución, muy por el contrario se ha convertido en un instrumento del Gobierno Nacional para amedrentar a las universidades, sus directivas y su comunidad educativa.
Por otro lado, el Gobierno de Santos prohibió a los candidatos a Rectoría de las Universidades del País, donde la comunidad educativa cuente con consulta universitaria, realizar actos de campaña en los que los estamentos puedan conocer de primera mano cuál es su propuesta. Lo anterior se hace en abierto perjuicio de los aspirantes que promueven una política en defensa de la educación pública y han surgido de los movimientos en defensa de la misma, ejemplo de lo anterior es la Universidad Nacional, donde Mario Hernandez, candidato que encarnaba la oposición al modelo de Universidad del Gobierno, sacó 11.869 votos, mientras Ignacio Mantilla, quien aspiraba reelegirse, obtuvo tan solo 2.438 votos. El Gobierno Nacional no tiene la necesidad de promover sus candidatos, en vista que el Consejo Superior, que es quien designa a los rectores en Colombia, es controlado en un 66,7% por el Ministerio de Educación, por lo que la realización de consultas que son descartadas a la hora de la elección final, se convierten en pirotecnia incómoda para Santos y Parody. También por circular presidencial, se prohibió la realización de debate y agitación política en las instituciones, lo que restringe la discusión del modelo de Nación que se requiere en Colombia.
El Ministerio de Educación firmó el 3 de febrero del presente año una resolución por medio de la cual regula la enseñanza de licenciaturas en el país, en la misma Gina Parody se abroga el derecho a definir los pensum de las carreras, castigar el componente especifico de las licenciaturas y estandarizar la formación docente, a la par que impone la autofinanciación de estos recursos al asignar nuevas obligaciones y no proveer los fondos necesarios. Lo anterior en abierta violación del artículo 69 de la Constitución Política de Colombia.
La Universidad colombiana no puede caer en la celada contra la autonomía y la democracia universitaria y convertirse en una burbuja que no se preocupe por los problemas de la Nación, muy por el contrario la academia y los intelectuales de nuestro país deben jugar un papel de primera línea convertir a Colombia en un filón del desarrollo mundial.
