Desde su llegada a la Presidencia en 2010, Juan Manuel Santos se propuso que Colombia fuera aceptada en la OCDE, el club de países desarrollados, a donde se llega por las buenas prácticas. Para ello nombró como primer embajador en Francia al empresario Gustavo Adolfo Carvajal y luego a Catalina Crane como embajadora ad hoc, cuya única tarea era sacar adelante la entrada de Colombia a la OCDE. La entrada se dio en abril de 2020, pero se había confirmado desde dos años antes.
La entrada no fue gratis y llegó con unos exigentes compromisos en materia económica que pasan por ajustes tributarios. De allí muchos de los componentes de esta reforma tributaria.
De acuerdo con el análisis que presentó la OCDE en octubre de 2019, entre los principales problemas de política económica en el país está una estructura tributaria desbalanceada, llena de exenciones, con pocos contribuyentes y una meta de ingresos fiscales en la que el déficit de la nación ha crecido.
Para esto, la OCDE lanzó recomendaciones de amplio calibre para poder equilibrar el presupuesto nacional. Las propuestas incluyen, en términos tributarios, disminuir al 1% el déficit estructural para 2022. También se planea ampliar la base del impuesto de renta para personas, reemplazar las exenciones en el IVA por transferencias monetarias y reducir las exenciones.
En temas laborales se sugirió reducir los costos no salariales para mejorar la formalización, expandir y focalizar las transferencias a población vulnerable e incrementar la edad de jubilación. Además, la organización pidió restringir las grandes transacciones en efectivo, recortar “gastos obligatorios” y preasignación de ingresos.
Estas recomendaciones se encuentran en el proyecto de “solidaridad sostenible” que presentó el ministro Alberto Carrasquilla, y que se ha ganado la oposición de los partidos Liberal y Cambio Radical. Uno de los principales componentes implica disminuir el déficit estructural del Gobierno al 0,2% en 2024, a pesar de que el déficit se disparó para atender la crisis provocada por la pandemia.
La propuesta del IVA, que reduce las exenciones y exclusiones a cambio de aumentar el mecanismo de transferencia de devolución, es copiada a la sugerencia de la OCDE. Lo mismo ocurre con la propuesta de ampliar la base de declaración de renta, tanto para empresas como para personas.
El proyecto de ley presentado por Alberto Carrasquilla ha ganado el rechazo de los partidos Liberal, Cambio Radical y de la izquierda. (Foto: Juan Camilo Díaz)
El recorte de gastos obligatorios estaría tomado a través de las medidas de congelamiento del gasto discrecional. La reducción de costos no salariales iría con la propuesta de no pagar parafiscales para nuevos empleados menores de 28 años y mujeres mayores de 40 años. Una recomendación no incorporada en la propuesta es la reducción y revisión de exenciones tributarias.
Cabe resaltar que la gran mayoría de los 37 miembros de la OCDE son países de altísimo nivel socioeconómico como los escandinavos, Alemania o Estados Unidos. Colombia, a pesar de un crecimiento económico robusto antes de la pandemia, no tiene la solidez económica ni las extensas redes de redistribución social de estos países.
