En febrero, el ministro de Justicia, Wilson Ruíz, reveló que Carlos Mattos sería extraditado a Colombia después de haberse radicado en España, país en donde tiene nacionalidad, hace 4 años cuando se desató el escándalo de Hyunday. Mattos habría sobornando a un juez para ganar control sobre la distribución de Hyundai Motor Company en Colombia.
El regreso del empresario había sido uno de los puntos clave en la agenda de Wilson Ruíz, pero sus planes se han visto truncados y el ministro ha culpado a la Audiencia Nacional española de ser la culpable. A esto se suma que Mattos no posee circular roja en Interpol y el país español todavía no ha sido ordenado de devolverlo a su país de origen.
Revista Semana conoció en exclusiva, una carta de Fernando Ismael Oliver, abogado de Mattos, en la que declara que Wilson Ruíz "está categorizando tácitamente a la Audiencia Nacional de corrupta, a sucumbir a prácticas que se alejan de los estrictamente jurídico y de lo que esta institución realmente representa (..) nos encontraríamos ante la clara intromisión de un tercer país en procedimientos judiciales seguidos en España, con la consiguiente vulneración de los más elementales derechos fundamentales”.
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