En la vía Riohacha-Maicao se encuentran instalados aproximadamente seis puestos de control de la Policía Nacional y otros tantos del Ejército Nacional. Sin embargo, la criminalidad sobre esta importante arteria vial parece no tener solución.
Sobre esta vía o carretera negra, como le suelen llamar, se han perpetrado múltiples asesinatos en diferentes modalidades ante la mirada indiferente de los órganos de control.
El pasado 13 de septiembre fue asesinado el palabrero José Manuel Pana Epieyu en inmediaciones del kilómetro 61 de esta misma vía, a tan solo 200 metros aproximadamente de un puesto de control de la Policía Nacional.
No obstante, para el gobernador y el comandante de Policía de La Guajira fue más fácil justificar las acciones criminales manifestando que los sucesos se habían presentado en el marco de un problema familiar entre indígenas wayúu.
¿Dónde queda la responsabilidad de los profesionales de policía que fueron testigos de este crimen? ¿Acaso la función de estos policiales no es la de prevenir?
Este no sería el único caso de asesinato en esta importante arteria vial. Hace menos de tres meses, a tan solo 500 metros de un puesto de control ubicado en el kilómetro 10 de la vía Riohacha-Maicao, fue asesinado un ciudadano de origen santandereano que transitaba por ahí. Nuevamente salen a relucir las justificaciones que intentan ocultar a toda costa que la prevención y seguridad sobre esta vía no existe.
La criminalidad sobre esta vía es una realidad, así como también que existen bandas o grupos de delincuentes de la etnia wayúu que salen a asaltar a los incautos transeúntes que viajan confiados sobre esta vía.
Es también una realidad que la vocación de servicio y seguridad por parte de la Policía Nacional y el Ejército de Colombia está enfocada en otras prioridades como por ejemplo la persecución a los pequeños comerciantes de productos extranjeros que transitan por esta vía intentando sobrevivir ante la falta de empleo y oportunidad laboral.
Según informaciones de los nativos de la zona, al Ejército y a la Policía se les ve la efectividad en las trochas y comunidades cuando persiguen a las camionetas que transportan gasolina de contrabando y sin medir consecuencias accionan sus armas, sin tener en cuenta que alrededor existen comunidades habitadas por niños, jóvenes y ancianos. Mientras tanto la seguridad de los viajeros queda a disposición y merced de los atracadores que aprovechan la falta de responsabilidad y sentido de pertenencia de estas instituciones encargadas de velar por la seguridad, la tranquilidad y la paz de los colombianos.
