Colombia ha venido presentando un fuerte incremento en la delincuencia, tanto común como organizada. Ello se ve reflejado en múltiples “fleteos”, atracos, robos en las viviendas, homicidios en la modalidad “sicariato”, “vacunas" conocidas en derecho como extorsión, entre otros muchos delitos que azotan la tranquilidad de los ciudadanos.
Esta situación, sin duda alguna, genera gran preocupación en la ciudadanía que vive en una intranquilidad constante a diario, por miedo a ser víctima de cualquiera de los delitos mencionados o cualquier otro comportamiento delictual.
Por lo anterior, la comunidad siente que hace falta una solución a la problemática vivida y así mismo sienten que la solución está en i) aumentos de penas; ii) creación de más delitos y iii) más cárcel.
Sin embargo, esa “solución” que ha sido aplicada constantemente por el congreso colombiano, nos ha mostrado que las cosas no han cambiado. Todo sigue igual y nada parece que va a mejorar: las muertes violentas no disminuyen, los hurtos van en aumento y se extorsiona hasta a los pequeños comerciantes. En otras palabras, cómo van a cambiar las cosas cuando las leyes que hay, solo existen para sancionar al que contradice las normas, pero no para incluir al necesitado, es decir: estamos llenos de leyes que solo se preocupan por quienes delinquen, y no de leyes que beneficien al desvalido que, a la postre, son los que terminan delinquiendo, por falta de oportunidades, que se suponen, las debe generar el Estado, porque entonces, para qué existe.
Por eso, se hace necesario que los colombianos se concienticen de que la solución a este gran problema social que padece nuestro país, no está en crear más delitos, ni penas ni más castigos, en resumen la solución no está en más cárcel; por el contrario, debemos preguntarnos cuáles son las causas que originan el delito, qué hace que el delincuente sea delincuente, qué lo lleva a tomar el camino “fácil” y no el del trabajo. Dicho de otra manera: debemos preocuparnos por tener políticas de prevención del delincuente, más no del delito, en vez de tener leyes que tienen efecto cuando se ha realizado un comportamiento ilícito.
No podemos desconocer que millones de colombianos viven en la miseria, no tienen para comer y muchos sí; los que desayunan no almuerzan, si almuerzan no cenan. Aunado a esto, no hay empleo para la gente pobre, la salud se ha vuelto un privilegio y no un derecho —como se supone que está consagrado constitucionalmente—, de igual manera la atención en salud es pésima y, como si fuera poco, los hospitales, en vez de curar, le dan paseos a la gente; paseos de la muerte, igual suerte corre la educación, la cual es deplorable y muestra de ello, es el inconformismo que llevó a un paro de maestros.
Y a lo anterior le podemos sumar otro ingrediente que no puede faltar: los honorables políticos de Colombia, quienes mandan los recursos del Estado a sus bolsillos —por no se groseros y decir que se roban la plata de nosotros los contribuyentes—, dinero que debería ser destinado a los problemas mencionados. Por ejemplo: la salud, para que de esa forma, podamos tener políticas serias de igualdad y no de exclusión social hacia los pobres, quienes en repetidas ocasiones, por no tener un carné de servicios médicos, no los atienden y en el peor de los casos, de la portería de un hospital no pasan.
La gente no es consciente de que estas son las causas de los delitos que a diario vivimos los colombianos, no son otras. Debemos pedirle a nuestros gobernantes que ayuden al pobre, que le dé trabajo, que lo eduque, que le dé oportunidad para vivir en este país, donde el principal perjudicado con la inflación es él. Porque al fin de cuentas, el rico siempre tiene dinero extra para arreglárselas y cubrir sus necesidades básicas y no básicas. El pobre, ¿de dónde?
Y si esto no es así, entonces sigamos pidiendo cárcel para ver si esta “solución” le da al pobre —ese que mata, roba, secuestra y extorsiona, etc— alimento para sus hijos, educación para él y su familia, trabajo para que desempeñe una función en la sociedad y sea productivo. Debemos tener claro que lo que nos va a sacar de este caos social, producto directo de la delincuencia e indirecto de la indiferencia del Estado, son políticas de inclusión social donde se trate a las personas de estratos bajos, como lo que son: como personas con derechos a quienes antes que exigirle obligaciones (respeto por la ley) se les debe garantizar y cumplir sus derechos.
