La noticia que alarmó repentinamente la aparente calma de los profesores del distrito de Bogotá después de unas cortas y muy merecidas vacaciones no fue otra que la de volver a las aulas.
El Ministerio de Educación Nacional (MEN), en su Directiva 016 expedida el 9 de octubre de 2020, dio orientaciones a las entidades territoriales estableciendo criterios, objetivos y alcances a través de dicho documento para la implementación del Plan de Alternancia Educativa, estableciendo de igual forma los lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento del mismo, con proyección al año lectivo 2021.
En este orden de ideas, para los docentes no representaba un secreto el hecho de pensar en la posibilidad de volver a las aulas de clases bajo los parámetros del modelo educativo de alternancia o el “Retorno Gradual, Progresivo y Seguro” (R-GPS), que defiende a capa y espada la actual administración de la capital y que como en una especie de cuento garciamarquiano (Crónica de una muerte anunciada), casi que obliga de manera taxativa a los docentes del distrito a volver a las instituciones educativas (IED).
Esta situación se agrava aún más, teniendo en cuenta que actualmente nos enfrentamos a la segunda ola del COVID-19, la cual ha incrementado de manera exponencial (tal como lo hiciere una reacción nuclear en cadena), a la fecha se han registrado más de dos millones de muertes en el mundo y más de 49.400 en Colombia.
Así las cosas, ¿de qué se quejan?, ¿qué reclaman los maestros?
Frente a tal interrogante surgen graves cuestionamientos producto de la reflexión consciente del cuerpo docente de las IED, que desde hace dos semanas (reglamentadas como semana de desarrollo institucional) viene preparando el camino para seguir avanzando en la formación integral, de calidad y para la vida de niños, niñas y jóvenes que tal vez no saben lo que se encuentra en juego ante la camisa de fuerza que se le quiere imponer al gremio magisterial desde la firma de un documento ciego y que camina a espaldas de la realidad.
Es decir que la historia nos señala el momento indicado para que la sociedad colombiana juzgue si realmente es una queja o un reclamo a gritos que hacen los docentes para salvaguardar la vida y la dignidad de todos los actores sociales que hacen parte integral de la escuela, especialmente ahora, que la exigencia atrevida del programa de alternancia educativa se convierte en una amenaza contra la vida y en especial, cuando la crisis producto de la pandemia, arrasa con todo a su paso, situación que muchos países del mundo prevén, volviendo a cuarentenas estrictas y cerrando una vez más sus escuelas para proteger con ello, a sus conciudadanos.
¿Pero qué tan peligroso puede ser un modelo que, bajo la figura del “acuerdo consensuado”, le exige al padre/madre de familia firmar un documento que lo convierte en el único y directo responsable de la salud, bienestar y vida de su hijo y que ante el caso eventual de un contagio (no permita Dios) se encuentre de frente con la muerte?
Este postulado se suma a otros casos que preocupan también a los docentes que ahora no solo se deben enfrentar a situaciones como las de volver a instituciones educativas con instalaciones físicas en deterioro, con grandes problemas en su infraestructura como la falta de espacios que impidan el amontonamiento y permitan el distanciamiento social, la falta de baterías sanitarias, la ausencia de personal médico que garantice el manejo clínico de situaciones de salud que amenacen el bien común de los integrantes del plantel educativo y la nula atención especial ante los altos casos de comorbilidad que presentan algunos docentes.
Así también la negación constante de políticas públicas frente al manejo de la pandemia es complicada, por no considerarse una enfermedad profesional y de alto riesgo para el maestro, situación que se complica aún más por la nulidad de un sistema de salud eficiente y humano para el magisterio bogotano.
Finalmente, es válido deliberar si volver a las instituciones educativas para atender a menos del 20% de los estudiantes (como en muchos de los casos) se convierte en una solución inmediata a la queja o reclamo que aquí nos convoca y que desconoce a un alto y significativo número de padres de familia que invisibilizados por la imposición del programa R-GPS, se muestran en desacuerdo y desaprueban en su totalidad la propuesta de la alternancia educativa por ser lesiva contra la vida misma.
Se hace válido también reflexionar si realmente vale la pena permitir arriesgar la vida de muchas personas, mientras que existen otras opciones que pueden dar viabilidad a la educación no presencial soportada en la aplicación de plataformas tecnológicas que permiten el diseño de actividades educativas flexibles, contextualizadas e integradoras para continuar con la estrategia Aprende en casa.
