Desde el primer día que el actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Diego Mora tomó posesión de su cargo, de la primera persona que escuchó hablar fue del contratista Jorge Moreno Ojeda. No era para menos, Mora tenía que entregar los contratos de servicio de escoltas, alquiler de vehículos y de armas que garantizarían el funcionamiento de la entidad que les cuida la vida a ocho mil personas amenazadas en Colombia y Moreno estaba rondado. Los pocos que se atreven a hablar de él en la UNP lo hacen en voz baja. El nombre del contratista es un común denominador allí y en los círculos de poder, ministerios y otras entidades donde Moreno Ojeda tiene a cargo la seguridad de funcionarios públicos, de las instalaciones de las entidades y de las personas amenazadas.
De él se escuchó en 1998 durante el gobierno de Ernesto Samper, padrino de bautizó a su primer hija, Angélica, cuando salió de la gerencia de la Caja Popular acusado de un desfalco de $90 mil millones desviados a inversiones familiares como un campo de golf y apoyos financieros a un equipo de fútbol de su departamento, Boyacá.
Desde su aparatosa salida de la Caja Popular, Moreno Ojeda, entró a la mira de los organismos de control. Había enviudado y en el apogeo de su éxito empresarial contrajo segunda nupcias con Ana María Laguado, vigilante de una de sus empresas a quien convirtió en secretaria y luego en su esposa. Con ella tendría sus otros dos hijos: Jorge Arturo y Sara Sofía. Pronto se separó, se alejó de la vida pública y optó por perfilarse de lleno como empresario, mientras tuvo su tercer matrimonio con una modelo chocoana, su actual esposa Tracy Andrade.
Jorge Moreno había pasado años difíciles, pero paradójicamente en ellos se disparó como empresario. Entendió cómo navegar entre aguas espesas con un pie en la política y otro en los negocios. Fue candidato a la Cámara por La U en el año 2012, pero una investigación por presunta financiación irregular tumbó su candidatura; en su hoja de vida aparecen referencias de políticos como el actual presidente del Congreso, José David Name, el viceministro del Interior Carlos Ferro y los excongresistas Dilian Francisca Toro, Efraín Torrado, Violeta Niño y Carlos Cárdenas, y recientemente se ha conectado con los Gaviria a través de Jorge Muñóz, cuñado del expresidente César gaviria; Moreno también apoyó abiertamente a la representante María Fernanda Cabal durante su candidatura a la Cámara en 2014, con un respaldo económico, como lo ha hecho con muchos de los candidatos a los que se ha acercado durante su acenso empresarial.
Su emporio de seguridad radica en el control de varias empresas como Guardianes, Starrcop, y uniones temporales como Protección 33 y Siglo 21 entre otras. A través de sus negocios de finca raíz ha adquirido propiedades en el barrio La Castellana de Bogotá y con sus utilidades ha realizado inversiones de palma en los llanos, adquirido agencias de viaje y acciones en explotación minera en Perú y México.
Su tranquilidad se terminó en abril de 2015 cuando los ojos de la Fiscalía y el súperintendente Pablo Felipe Robledo –sobrino de Mauricio Hernández, funcionario de la UNP vinculado a las investigaciones- se habían posado sobre él y su círculo más cercano: Jorge Moreno y sus familiares, Carlos Moreno Cubillos y Aurora Moreno Ojeda, fueron acusados de ser la cabeza de un cartel de empresas de seguridad que supuestamente se aliaron para engañar al Estado y quedarse con 252 contratos por $320 mil millones con entidades como la Contraloría, la Fiscalía General, ministerio de Trabajo, ministerio de Hacienda y el ICBF, así como con 13 gobernaciones y 17 alcaldías a las que sus empresas le han prestado servicios de seguridad. También es investigado otro de sus socios, el excoronel retirado Leonidas Aponte quien representa a la firma ISEVIG.
De las ocho empresas investigadas las tres más grandes tiene relación directa con Jorge Moreno: La principal, su centro de operaciones en el barrio La Castellana , es la firma Guardianes, en la que figuró como representante legal hasta el año 2013, pero que aún sigue siendo de su propiedad, y tiene el control de las firmas Starcoop, y Cobalsec, en la cual es socio del exgerente del Fondo de Vigilancia de Samuel Moreno, Polo Ávila. Esta última, una empresa en la que son socios desde que ésta prestaba seguridad en el Palacio de Justicia el día de la toma y retoma del M19 y el Ejército en 1985.
En este escenario, el director de la UNP debía iniciar el nuevo proceso de licitación. Diego Mora puso las antenas y ordenó elaborar un estudio confidencial que se tituló "El Cartel de la Seguridad". Este reafirmó sus preocupaciones. El elaborado informe apuntaba a Jorge Moreno como el cerebro detrás del entramado que ya investigaban las autoridades. Mora pidió entonces un acompañamiento de la Procuraduría. Su intención era abrir el proceso de licitación para contratar el alquiler de vehículos blindados, escoltas y armas, para que participaran nuevos proponentes, de modo que las empresas de Moreno Ojeda estuvieran marginadas del proceso, dadas las investigaciones en su contra y su aparente relación con varios de los casos de corrupción en la UNP.
El director de la UNP tenía indicios de que el último Secretario General nombrado por el exdirector Andrés Villamizar, Alonso Miranda, le habría entregado en octubre de 2014 un contrato de forma directa a una de las empresas de Jorge Moreno por valor de $650 millones. Este contrato correspondería a un servició de alquiler de vehículos que ya prestaba otra de las empresas de Moreno, es decir que la UNP habría pagado dos veces por el mismo servicio al contratista.
El mismo funcionario, Alonso Miranda, con el consentimiento del anterior director, había aceptado una reclamación administrativa por parte de Moreno Ojeda que junto a otros consorcios pedían cerca de $300 mil millones como indemnización por pérdidas económicas en uno de los contratos, que según su reclamación habría sido mal liquidado. Extrañamente el caso paso del Consejo de Estado a tribunales de arbitramento donde el Estado tiene más riesgo de perder ante los particulares.
Fueron épocas en que naufragaron las denuncias de los sindicatos y del exsecretario general Julián Marulanda respecto de estas aparentes irregularidades y de supuestos sobrecostos que las empresas de Jorge Moreno le estarían cargando a la UNP por el servicio de un grupo de escoltas especializados llamado UNP500, más otras irregularidades en materia de contratación y cobro de viáticos.
Todos estos indicios no fueron suficientes para que Diego Mora pudiera apartar a Jorge Moreno y a sus empresas del proceso. Un concepto de la Procuraduría terminó abriéndole el camino a Jorge Moreno para participar en la nueva licitación. La Procuraduría pidió que se le garantizara la equidad de condiciones y recomendó cambiar el pliego de licitación.
Moreno Ojeda logró quedarse con cerca del 60% de los dos contratos por más de 80 mil millones. Hoy maneja 1.300 de los 3.000 escoltas que trabajan en la UNP y tiene a cargo un porcentaje importante en el alquiler de vehículos blindados y convencionales así como de armas para uso de los escoltas. Contratos que ganó en la sombra, sin figurar, a través de una nueva estratagema mediante un consorcio llamado UT Seguridad Avanzada en el que familiares y cercanos colaboradores aparecen como representantes legales.
Sin embargo, sus antecedentes en la UNP comienzan en el 2012, cuando ya lideraba un cartel de Seguridad según afirma la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio.
Los contratos de la UNP para el servicio de alquiler de carros, suministro de armas y de escoltas eran manejados entre varias empresas, por dos consorcios en los que tenia participación de Jorge Moreno: Protección 33 y la Unión Temporal Siglo XXI. Estas empresas terminaron investigadas por la Fiscalía por los hechos de corrupción que dejaron al director administrativo Luis Eduardo Molino capturado y al exsecretario General Julián Marulanda acusado y fuera del país. Las investigaciones de entonces giran en torno al pago de un soborno realizado por uno de los directivos de las empresas de Moreno Ojeda, Carlos Bermúdez Cuchimaque, quien al parecer le entregó diez millones de pesos al coordinador administrativo de la UNP, Luis Eduardo Molinares.
Desde la repartición de los primeros contratos en el 2012, el nombre de Moreno Ojeda también estuvo en la lupa de las autoridades: un día antes de declarar desierto el contrato en 2012 para escoger el operador de los servicios de protección en el que competían la firma VISE y la de Jorge Moreno Ojeda en alianza con Jorge Berrio bajo la figura de "Unión Temporal 17", el hombre jefe de gabinete de Andrés Villamizar, encargado de definir la adjudicación de contrato, se suicidó.
En una glosa a uno de los informes balísticos que se realizaron a las empresas proponentes, Germán Escobar dejó una nota de su puño y letra en la que ordenaba que no se le entregaran los contratos a las empresas e Moreno. Escobar no fue escuchado, la licitación fue declarada desierta y las empresas de Moreno Ojeda se quedaron con una porción importante de la contratación.
Funcionarios de la UNP que estuvieron presentes en todos los confusos hechos que han ensombrecido la entidad, como Carlos Cuchimaque, exdirectivo encargado de la contratación en la UNP; José Luis Aguilar, primer subdirector y director en encargado; y Diana Botero, ex asistente de Andrés Villamizar, han terminado trabajando para Jorge Moreno Ojeda en su staff de empresas.
Ante el poder de Moreno en la UNP, Diego Mora ya comenzaba a comprender el nuevo mundo en que se movía en medio de empresarios que controlaban ejércitos armados y que tenían importantes intereses en juego.
Su posición más radical ante la millonaria reclamación administrativa de Moreno Ojeda contra la UNP y su intención de democratizar la contratación, que le costó críticas hasta de su antecesor, Andrés Villamizar, que quería dejar la idea de que él había dejado todo listo para contratar el personal de forma directa y sin intermediación de contratistas, lo harían pasar su peores momentos desde que tomó posesión del cargo. Por primera vez Mora reaccionó exaltado contra su antecesor: "Quisiera ver dónde están las actas que soportan esas decisiones’’, le respondió a Villamizar desde su cuenta de Twitter. Luego, una llamada diplomática de Villamizar calmó la tensión pero al final, las actas no aparecieron y la decisión de contratar los servicios con terceros era un hecho hace un par de semanas.
Horas más tarde de la discusión, su hija, Daniela Mora, sería secuestrada en la ciudad de Cúcuta en confusos hechos atribuidos a la "delincuencia común", hechos por los que hay tres hombres capturados. Diego Mora ha cambiado la versión en varias oportunidades y cuando se le pregunta si el secuestro de su hija tuvo que ver con presiones por la pasada entrega de los millonarios contratos en la UNP solo baja la mirada, dice que tiene miedo, que no se atreve a señalar a nadie, pero que espera que las autoridades puedan decirle quién fue el responsable para saber el costo de haber aceptado un cargo público que le cambió la vida después de trabajar como exitoso empresario en el sector privado.
Por su parte Jorge Moreno había construido buenas relaciones con agentes retirados del liquidado DAS. Contrató a muchos en sus empresas y fue a través ellos con quienes siempre mantuvo canales directos con la UNP, funcionarios que provenían en su mayoría del esa entidad eliminada por corrupción.
Sus buenas conexiones fortalecidas por sus vínculos políticos le permitieron levantar un imperio, que aunque tiembla, sigue dominando la contratación pública. La investigadora que tiene su nuevo caso fue misteriosamente relevada en una entidad donde el hijo del expresidente Samper, Miguel Samper, oficia como consejero del Fiscal Eduardo Montealegre.
Publicado originalmente en julio 06, 2015.
