¿La caída del emporio empresarial de los Gerlein?

¿La caída del emporio empresarial de los Gerlein?

El puntillazo a Valorcon, la firma de la familia, se lo dio su matrimonio con Odebrecht en Navelena, y solicitaron a la Super reorganización empresarial por una deuda de $ 365 mil millones

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julio 24, 2019
¿La caída del emporio empresarial de los Gerlein?

El clan de los Gerlein en Barranquilla operó durante décadas aplicando exitosamente la llamada combinación de las formas de lucha. En el frente político la cabeza era el senador Roberto Gerlein, quien permaneció 50 años en el Congreso mientras sus hermanos Jorge y Julio manejaban el frente económico a través de Valorcon, una de las firmas más poderosas de la contratación pública de la Costa. Valorcon fue creada por Jorge Gerlein en 1992, quien murió en mayo de 2016, pero es Julio Gerlein quien tomó las riendas de la empresa.

Uno de los últimos grandes negocios con los que se quedaron fue el de la navegabilidad del río Magdalena a través de Navelena —un consorcio con Odebrecht en el que la multinacional brasileña tenía el 87% de participación y Valorcon el 13%— que firmaron en 2014 con Cormagdalena por un valor que ascendía a los 2,5 billones de pesos para recuperar la navegabilidad entre Puerto Salgar y Barrancabermeja, y la operación y mantenimiento entre Puerto Salgar hasta Barranquilla, pero que terminó convirtiéndose en el principio del fin de Valorcon.

El 2014 fue un gran año para Valorcon. Roberto Gerlein era entonces un senador activo que lideraba en Bogotá junto con Efraín Cepeda, el apoyo del Partido Conservador en la coalición del gobierno de Santos. Un valioso apoyo político que el gobierno requería para navegar las espesas aguas de la negociación de paz con las Farc.

Manejaban un portafolio tan variado como millonario en un abanico de regiones. Tenían el 25% Concesión Autopista Conexión Norte, una de las vías 4G entre Caucasia y Remedios en el nororiente antioqueño y cuyo costó ascendía a los $ 875 mil millones, así como el contrato de remodelación del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla a través del consorcio Grupo Aeroportuario del Caribe, en el cual tenían una participación del 41,5% de la familia.

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Con bombas y platillos y con Santos y Vargas Lleras presentes se firmó el contrato de remodelación del aeropuerto.

 

Incursionaron en el negocio de construcción de vivienda gratuita y entre el 2016 y el 2017 Valorcon se quedó con 22 proyectos con el programa de Vivienda gratuita por un valor de $249 mil millones.

Todo parecía ir sobre ruedas hasta finales de 2016 cuando el escándalo de Odebrecht aguó las navidades barranquilleras. El 22 de diciembre estalló el escándalo por la contratación de Navelena con una cadena de episodios irregulares que llevaron en abril de 2017 a Cormagdalena a declarar la caducidad del contrato, lo que le significó al consorcio una sanción por más de $55 mil millones. Además, se hizo público a través de las denuncias del senador Jorge Enrique Robledo un escandaloso crédito por $120.000 millones otorgado por el Banco Agrario. La junta directiva de la entidad cambió las condiciones que había estipulado en el pasado para poder desembolsar el millonario crédito en dos giros, uno por $50.000 millones y otro por $70.000 millones, giros que fueron realizados el 17 y el 22 de diciembre de 2015. El presidente del banco, Francisco Solano, quien había llegado al cargo con el apoyo del senador Roberto Gerlein, junto con la cúpula de la entidad, terminó teniéndole que responder a la justicia y a los organismos de control.

Después de que Cormagdalena declarara la caducidad del millonario contrato de Navelena, el jueves 12 de octubre de 2017 la misma entidad suscribió el acta de liquidación del contrato de la Asociación Público Privada. El tema se quedó quieto hasta la llegada del gobierno Duque, que había prometido retomar el proyecto. Y a través de la ministra de Transporte Ángela María Orozco el gobierno aseguró que garantizará los recursos para sacar a buen puerto la navegabilidad del río Magdalena; de hecho, se espera que para el segundo semestre de este año se adjudique el nuevo contrato.

El declive de Valorcon comenzó hasta conocerse sus números en rojo: una deuda que asciende a los $39.000 millones que podría crecer, por intereses vencidos, a los $365.000 millones al solicitar entrar en proceso de reorganización empresarial ante la Superintendencia de Sociedades.

Pero no son las dificultades empresariales las que recaen sobre el dueño de Valorcon, Julio Gerlein, quien por la naturaleza de la firma, nunca descuidó la político local y nacional. Si bien las campañas de su hermano Roberto encabezaban las prioridades, la financiación de candidatos en la Costa estuvo al orden del día como parte de la estrategia del grupo familiar. El éxito del ingeniero de la Universidad Javeriana, nacido en 1940, quien ha estado detrás de obras de recordación para los barranquilleros como las graderías del estadio metropolitano, las vías de Transmetro y las instalaciones de servicios públicos de la ciudad, terminó en los estrados judiciales. La acusación de la Fiscalía a la senadora Aida Merlino por delitos electorales y que concluyó con la pérdida de su curul y su detención se llevó por delante a Julio Gerlein, quien había sido su protector y financiador desde que ésta se estrenó como diputada del Atlántico cuando fue elegida en 2012 con más de 40.000 votos, un caudal que cautivó al empresario barranquillero y a su hermano congresista, quien en 2014 decidió sumarla a su grupo como fórmula para la Cámara de Representantes.

Nunca los hermanos Gerlein habrían imaginado tener que enfrentar el declive de su firma Valorcon, que tiene como representante legal al empresario Jaime Alfredo Massard Ballestas, quien además tuvo que afrontar la decisión de la Contraloría de decretar en febrero de este año el secuestro y embargo de los activos de la empresa como consecuencia de la liquidación del contrato de navegabilidad del río Magdalena en cabeza de Navelena. La firma presentó un plan de contingencia y de salvamento a través de la reorganización solicitada a la Supersociedades, pero su voracidad contractual y presencia en la contratación estatal de la Costa Atlántica, son sin duda asunto del pasado.

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