La crisis de la coalición de gobierno que mantiene en suspenso la suerte del proyecto de reforma a la salud concentra la atención del gobierno y del Congreso. La búsqueda de fórmulas para que los partidos tradicionales no retiren su respaldo inicial a la iniciativa, ha desplazado del escenario del debate temas sustanciales relacionados con la crisis del sector. La renuncia protocolaria pedida por la Casa de Nariño a los viceministros liberales y conservadores y sus efectos despierta mayor atención, por ejemplo, que los problemas generados por los persistentes embargos judiciales a las cuentas maestras del sistema.
Con el presidente Gustavo Petro y los dignatarios del Congreso en Estados Unidos, el proyecto de reforma comenzó este martes 18 de abril su trámite legislativo. La ponencia y las más de cincuenta proposiciones de adición al texto del proyecto reflejan, en buena medida, la crisis que arrastra el sistema especialmente por cuenta de sus deudas.
Para ir más allá de las peleas generadas por la distribución de la mermelada burocrática con las que el gobierno busca asegurar apoyos, Las2Orillas decantó algunas de las cifras contenidas en ellas y encontró algunas coincidencias relevantes. Una de las principales es que la llamada Ley de Punto Final, aprobada durante la administración de Iván Duque, alcanzó apenas efectos paliativos.
De acuerdo con las cifras más recientes disponibles, la deuda del sistema con hospitales y clínicas (IPS) asciende a $9,4 Billones. La tercera parte de ellos ($3,3 billones) se concentra en IPS de segundo nivel. En el nivel 2 de atención cinco instituciones concentran el 20% de la cartera: Hospital Departamental de Villavicencio, Hospital Rosario Pumarejo Valledupar, Hospital Regional de la Orinoquia Yopal, Hospital La Divina Misericordia de Magangué y Hospital San Jerónimo de Montería.
Hospital San Jerónimo de Montería
La Administración de los Recursos del Sistema del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) firmó en 2018 un contrato para auditar los recobros no PBS (Plan de Beneficios en Salud, antes llamado POS) por el monto de $140.000 millones. Cuatro años después el contrato seguía siendo incumplido y el contratista, que había sido objeto de cuatro multas, seguía solicitando al Ministerio de Salud y Protección Social la cesión del contrato.
Como la auditoría no fue ejecutada en aquella época, el rezago alcanzó los $7,6 billones. ADRES generó entonces un giro previo de $5,01 billones de pesos a 15 EPS. A mediados de 2022 habían sido legalizados $2,9 billones.
Quedó en salmuera una propuesta para que las entidades territoriales, basadas en el Acuerdo o Ley de punto final, suscribieran un contrato de auditoría con el fin de presentar la solicitud de cofinanciación ante el Ministerio de Hacienda para atender sus obligaciones. La falta de capacidad técnica de las Secretarías de Salud fue uno de las razones esgrimidas entonces para no hacerlo. El techo establecido para esa cofinanciación era de $6,7 billones de pesos.
El único ente territorial que durante la época de la transición del gobierno Duque al de Uribe había contratado auditoria era el municipio de Barranquilla.
Los problemas de carácter financiero se vieron agudizados por cuenta del llamado “cartel de los embargos”, una red de corrupción que afectado las cuentas maestras que legalmente no pueden ser objeto de ese tipo de medida cautelar. Las cuentas maestras son las que reciben en las entidades territoriales los dineros girados a las entidades territoriales vía Sistema General de Participaciones.
Los embargos decretados por algunos jueces, en contravía de la ley y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se dirigían contra recursos que pertenecen a pacientes y usuarios en Bogotá, Barranquilla, Riohacha y otras ciudades. Las maniobras irregulares se han venido produciendo a través de cobros coactivos hechos por los propios hospitales que tienen la calidad de ESE (Empresas Sociales del Estado).
La situación persiste a juzgar por una circular enviada el 21 de marzo de 2023 por la Procuraduría General a las Empresas Sociales del Estado, a los despachos Judiciales, al Consejo Superior de la Judicatura, a las entidades financieras, a la Superintendencia Financiera y a sus procuradores regionales, procuradores provinciales y judiciales. El documento les pide denunciar los casos que se conozcan sobre esta irregular e ilegal práctica de cobros coactivos en procedimientos administrativos por parte de las ESES y el embargo de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Les advierte que, si no lo hacen, se dará cuenta de su conducta ante las autoridades disciplinarias, fiscales y penales.
Esos son algunos lunares, que sin embargo no le restan importancia al hecho de que entre los países miembros de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), Colombia tiene la mayor cobertura de salud. Sin embargo, después de la pandemia, es el que menos puntos porcentuales del PIB destina a la inversión y al gasto en el mismo sector.
Estos datos y cifras de contexto serán tenidos en cuenta durante los debates del trámite del proyecto en las cámaras legislativas.
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