Todo indicaba que sería un matrimonio promisorio el que unía a Diego Pardo Cuellar, hijo del exalcalde de Bogotá Diego Pardo Koppel, y Margarita Herrera Mercado, hija del expresidente de la Corte Constitucional, el Dr. Hernando Herrera Vergara. Pero las cosas no salieron bien. Después de la ceremonia civil en la Notaría 20 de Bogotá el 1 de diciembre de 2008, la pareja se trasladó a París a completar sus estudios de postgrado y un par años después, el 10 de mayo de 2011, nació la única hija que se convirtió en el centro de una disputa que tiene a Diego Pardo afrontando un juicio penal. La Fiscalía lo acusa del delito de abuso sexual a menor de edad en concurso homogéneo y tiene la patria potestad suspendida por decisión del Juzgado Primero de Familia de Bogotá, que fue confirmada recientemente por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
La pequeña apenas llegaba a los dos años cuando Diego y Margarita acordaron una separación de cuerpos. Con tal fin hicieron una conciliación incluyendo un acuerdo de visitas, avalado por la Procuraduría, para que el papá pudiera estar con la niña libremente con posibilidad incluso de llevársela para su casa algunos fines de semana.
Pero un escenario que parecía normal, cambió drásticamente. La niña, de cuatro años, empezó a mostrarse inquieta y a presentar dificultades en el colegio a donde asistía al pre-kinder.
Su mamá, Margarita Herrera, quien tenía el cuidado de la niña y por sugerencia del pediatra que atendía a la menor, consultó a la reconocida psicóloga infantil Graciela Galán Picón para indagar el porqué del extraño comportamiento de la menor. La psicóloga pidió estar sola con la niña y en la intimidad del consultorio, y al hacerle las respectivas pruebas, la pequeña le contó que su papá le hacía tocamientos en las partes íntimas y la besaba de manera rara. La reacción de la psicóloga fue drástica.
Consideraba que su paciente estaba sometida a situaciones inadecuadas por su edad y recomendó a la madre tomar las medidas necesarias para evitar el relacionamiento en solitario de la niña con su papá. Abordó a la mamá y le advirtió que su deber profesional, independiente de lo que ella hiciera, era denunciar el comportamiento irregular del señor Diego Pardo Cuellar, que catalogó como de presunto abuso sexual a su hija, si ella no lo hacía. Pero algo más, le advirtió que su obligación como mamá era proteger a la niña y evitar que su papá estuviera a solas con ella, como se había acordado en el acuerdo de visitas una vez se separaron.
Extrañada y desconcertada con la situación que desconocía por completo, Margarita entró en shock y buscó el apoyo de su papá, el jurista Hernando Herrera Vergara, quien para entonces se desempeñaba como embajador de Colombia en Costa Rica. La estrategia jurídica para proteger a la niña resultaba crucial. Desde entonces asumió la defensa de Margarita y de la niña el abogado Luis Fernando Salazar López. Su propósito principal: proteger a la niña e impedir cualquier tipo de contacto con Diego Pardo Cuellar, a quien ya le producía pánico a la niña.
Comenzó entonces una gran batalla jurídica. Margarita, para proteger a su hija, y atendiendo el consejo de su abogado que había estudiado el caso, acudió en el mes de agosto de 2015, ante el ICBF, entonces en cabeza de Cristina Plazas, en procura de una medida de protección tendiente a suspender de inmediato el régimen de visitas acordado ante la Procuraduría. La defensora de Familia consideró de máxima gravedad la situación y dispuso oficiosamente remitir el asunto a la Comisaría de Familia de Bogotá, entidad competente para conocer de los asuntos de violencia intrafamiliar.
Cristina Plazas fue directora del ICBF entre 2014 y 2017.
La Comisaría Segunda de Familia, a quien le correspondió conocer la solicitud de la madre, en cabeza de la Dra. Blanca Iris Castaño Muñoz, ordenó como medidas de protección inmediata la suspensión de las visitas del padre y solicitó el auxilio de la policía para proteger a la niña y a su madre. Al asumir conocimiento del caso, simultáneamente lo remitió de oficio a la Fiscalía General de la Nación para investigar el presunto delito de abuso sexual a menor, entidad que asignó a la Fiscal 230 de la Unidad de delitos sexuales, Dra. Soraya de la Hoz, para adelantar la correspondiente investigación.
Dispuso igualmente notificar la demanda a Diego Pardo Cuellar quien, para atenderla, contrató a la abogada experta en asuntos de familia, la exprocuradora Ana Georgina Murillo Murillo. Con ella montó una estrategia de defensa centrada en intentar desvirtuar el concepto de la psicóloga Graciela Galán Picón respecto del comportamiento de la niña en su consulta.
Durante el trámite ante la Comisaría, y como lo ordena el Código de la Infancia y la Adolescencia, se celebró una audiencia de conciliación con la presencia de ambas partes y, en ella, a solicitud de la Procuradora de Familia Dra. Cecilia Diez, se acordó provisionalmente y mientras se decidía el asunto de fondo, que el padre tendría derecho a unas visitas de la menor, supervisadas por la madre, cada 15 días, en el Centro Andino o en el parque del Chicó, así como poder llevar a cabo visitas virtuales por Skype.
Las visitas de Diego Pardo a su hija duraron poco. En el mes de diciembre de 2015, durante un encuentro en el Centro Andino y ante un reclamo de la niña, el padre, acompañado por su abogada y unos familiares, intentó llevarla a la fuerza a una comisaría para que la examinaran a lo cual se opuso Margarita en un lamentable incidente.
Ante los bochornosos hechos del Centro Andino, sumados al intento de arrebatar a la menor de su madre desconociendo las visitas supervisadas decretadas por la Comisaría, Margarita acudió al jurista Jaime Lombana. Su actuación inmediata fue la de solicitar una audiencia de restablecimiento de derechos ante el Juzgado 64 Penal Municipal de Bogotá, en función de control de Garantías. Una vez escuchados los padres, la juez dispuso, como medidas para la protección de la menor, la suspensión definitiva de todas las visitas físicas y virtuales al padre, al cual le ordenó no acercarse ni a la menor ni a los familiares de la madre hasta que las autoridades penales tomaran una decisión de fondo. En dicha audiencia, el apoderado del padre ofreció disculpas por el comportamiento de su cliente durante el incidente del Centro Andino, que dijo fue aconsejado erróneamente por su abogada.
Por su parte, Margarita Herrera demandó el divorcio de su matrimonio con Diego Pardo ante el Juzgado Primero de Familia de Bogotá. La causal invocada fue la separación de hecho durante más de dos años que Pardo no aceptó y formuló una demanda de reconvención en su contra, acusándola de maltratos físicos y psicológicos y de incumplimiento de sus deberes al no permitirle ver a su hija. Margarita reformó la demanda aduciendo como causal que durante el matrimonio Diego había incurrido en conductas indebidas tendientes a corromper o pervertir a su hija menor y solicitó decretar la pérdida de la patria potestad del padre.
De esta manera la batalla legal tenía tres frentes: la Comisaría de Familia que conocía de la medida de protección de la menor solicitada por la Madre de la menor; la Fiscalía General de la Nación que investigaba el presunto abuso sexual del padre; y el Juzgado Primero de Familia, que conocía el proceso de divorcio promovido por Margarita.
El desenlace parcial de esa batalla legal, luego de intensos y dilatados debates probatorios y fogosos alegatos de los juristas que apoderaron a las partes, fue que la Comisaría Segunda de Familia dispuso la protección de la menor y mantuvo la suspensión definitiva de las visitas que había sido ordenada por el Juzgado 64 Penal Municipal de Bogotá, hasta que las autoridades competentes determinaran si Diego Pardo incurrió o no en el delito de abuso sexual. Este fallo fue homologado por el Juzgado 30 de Familia de Bogotá.
El Juzgado Primero de Familia dictó sentencia decretando el divorcio y ordenó la suspensión de su patria potestad hasta tanto se defina si las conductas en que incurrió y que justificaron el divorcio, constituyen o no delito, fallo que no fue apelado por la apoderada de Pardo y que recientemente fue confirmado por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá.
En el frente penal la situación para Diego Pardo no fue mejor. Sus abogados solicitaron una preclusión de la investigación, pretensión que fue negada en una audiencia en la que asistieron Jaime Córdoba Triviño como apoderado de Margarita Herrera, la fiscal 230 y la procuradora delegada para asuntos de Familia. Fue la propia Fiscal 230 la encargada de celebrar la audiencia de imputación de cargos contra Diego Pardo por el presunto delito de abuso sexual en menor de 14 años en concurso homogéneo agravado. Diego compareció en compañía de su nuevo defensor, el jurista Fernando Largacha, quien fue acompañado del exfiscal general de la Nación, Dr. Alfonso Valdivieso Sarmiento, y no aceptó los cargos que se le imputaron.
Actualmente el proceso penal se adelanta ante el Juzgado 48 Penal del Circuito de Bogotá, con función de conocimiento. El juicio se encuentra en la etapa de recolección de elementos materiales probatorios solicitados por la defensa en cabezada de Fernando Largacha y de Ricardo Calvete, apoderado de Margarita Herrera y su hija.
Las pruebas que la defensa que Pardo ha intentado descalificar, son las mismas que ya fueron valoradas judicialmente tanto por la Comisaría Segunda de Familia, el Juzgados Primero de Familia de Bogotá y la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, entidades que les asignaron valor probatorio a tal punto que justificaron la suspensión definitiva de las visitas a su hija, el divorcio por la causal alegada por Margarita Herrera y la más grave, la suspensión de la patria potestad que le correspondía sobre la menor, con lo cual su margen de acción se ha reducido. Sus amigos lo han respaldado durante todo el proceso a través de un grupo de Facebook llamado #TodosConDiego. El próximo 25 de julio se reanuda el juicio penal contra Diego Pardo. ¡Como para alquilar balcón!
