La elección de octubre (alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles) se constituye en el plebiscito del gobierno de Gustavo Petro. La posibilidad de acrecentar y consolidar a nivel territorial lo plasmado en las urnas en las elecciones del Congreso de la República y Presidencia de la República es el principal reto que tiene el mandatario para pensar seriamente en la continuidad del proyecto del cambio.
Programa de gobierno
Una de las principales fortalezas que llevó a Gustavo Petro y a su bancada parlamentaria a obtener la principal fuerza electoral del país fue su consistencia política y su coherencia programática, construida y agitada por años de luchas en los diversos escenarios institucionales y de movilización, los cuales se vieron reflejados en el histórico paro nacional (a dos tiempos) de 2019 y 2020.
El hastío masivo de la ciudadanía respecto del statu quo permitió la posibilidad de que por primera vez existiera una alternancia en la administración del Estado y llegara un gobierno progresista-liberal. La capacidad de Gustavo Petro de traducir las amplias demandas de la población en un imponente pero pedagógico programa de gobierno (Colombia, potencia mundial de vida) llevó no solo a movilizar a millones de ciudadanos en favor suyo a las urnas, sino a que sus contrincantes desplazaran a última hora su precaria y desgastada agenda discursiva hacia una afanosa necesidad por parecerse a Petro en sus propuestas, tal como se evidenció en los múltiples debates presidenciales.
Llevar a los territorios el debate nacional es una apuesta urgente e inaplazable que se tiene que trasladar en agendas programáticas por localidades, municipales, distritales y departamentales, que no es otra cosa que la construcción ciudadana a partir de espacios de intercambio democrático acerca de cómo mejorar sus condiciones de vida y su entorno.
Agenda programática en Barranquilla
Desde hace dos décadas, aproximadamente, se viene implementando en la ciudad un modelo que concentró los recursos públicos en manos de un pequeño pero poderoso grupo político con el que se catapultó una fuerza política regional con aspiraciones nacionales, bajo alianzas con el gobierno nacional de turno que les facilitaba el flujo de recursos para el desarrollo de obras que se mostraron como la modernización urbanística (a un alto costo, pero cierta), pero cuyo componente social estuvo ausente y hoy pasa factura en el paisaje de la ciudad.
Según el DANE, la tasa de desempleo para septiembre de 2022 fue del 11.4%; la tasa de informalidad para julio de 2022, del 54.5%; y la tasa de ocupación para este mismo mes, de 56.3% (con un total de 869.000 ocupados). De esto se destaca que más de la mitad de la población se encuentra bajo la informalidad, con precarios ingresos y un costo de vida que hace del diario vivir una auténtica agonía.
El programa del movimiento alternativo tiene que orientarse hacia una transición gradual pero ágil de ese modelo de ciudad que prioriza el gasto en obras y la privatización de lo público por encima de la inversión social.
Casos como MIRed IPS, Alubaq, Electricaribe-Air-e y la Triple A ejemplifican esta afirmación. La salud, el alumbrado público, el servicio de energía, de agua, aseo y alcantarillado en manos de ese mismo grupo poderoso del que no dan cuentas a la ciudadanía.
La creación de la nueva empresa de energías limpias con recursos públicos pero administrada por privados (Alubaq) y la fallida venta-desfalco de la Triple A gracias a la oportuna intervención de la SAE, tienen que llamar la atención acerca de cómo se pretende abordar la discusión pública sobre el nuevo modelo de ciudad.
La inseguridad y exacerbada violencia a manos de los 14 grupos armados organizados, identificados y reconocidos como tal por los organismos de inteligencia, tiene que concitar el interés inmediato de esta agenda programática para que comience a disminuir en un tiempo razonable los homicidios, la extorsión, los atracos y los descuartizamientos en cada rincón de la ciudad.
La educación juega un papel importante en esta agenda programática, si se tiene como objetivo la superación de la violencia y las amplias brechas sociales. El distrito cuenta hoy con la Institución Universitaria de Barranquilla (antes ITSA), que ha venido creciendo en cobertura y en número de programas, es ésta una herramienta fundamental para que Barranquilla se transforme de una capital violenta a una con ciudadanos formados en la cultura, las artes, las ciencias y las nuevas tecnologías, ítem líder de las grandes y emergentes potencias mundiales.
El saneamiento de las arcas del distrito (de por sí empeñadas hasta el 2034) tiene que pasar inexorablemente por una rigurosa auditoría de los recursos ejecutados durante las pasadas vigencias y la puesta en marcha de las respectivas acciones de repetición contra los funcionarios que se enriquecieron con recursos públicos. Estos elementos nodales en mi entender son la punta de lanza de una agenda de carácter programático a nivel distrital para la construcción de un nuevo modelo de ciudad, a saber:
1. Democratización y descentralización (fortalecimiento de las Juntas Administradoras Locales) de los recursos públicos.
2. Superación del desempleo y reactivación del aparato productivo.
3. Recuperación de los principales activos estratégicos del distrito en salud, alumbrado público, energía, agua, alcantarillado y aseo.
4. Lucha contra la corrupción administrativa.
5. Lucha contra la violencia e inseguridad a partir de una agenda de trabajo entre el distrito y el gobierno nacional.
6. Educación para la superación de las brechas sociales y desarrollo del aparato productivo local y regional.
7. Saneamiento de las finanzas del distrito.
Quedan pendientes, sin que esto implique su exclusión, temas como un nuevo y digno sistema de transporte, disminución de las tarifas de los servicios públicos, entre otros.
Este insumo hace parte de un aporte a la discusión ciudadana que esperamos pueda abordarse en el debate electoral venidero.
