En el momento más oportuno del debate electoral vuelve a estar en el orden del día nacional el tema del clientelismo materializado en los contratos de prestación de servicios.
Las denuncias hechas por la fiscalía por prácticas corruptas de esta naturaleza, protagonizadas por un senador liberal, no pueden ser minimizados, ni ignorados por los medios de comunicación, ni mucho menos ser ignorados por los actuales aspirantes al congreso y presidencia de la república.
Las formas como se explota las necesidades de la gente desempleada son deleznables, cobros económicos, exigencias electorales y hasta sexuales por el otorgamiento de un contrato de prestación de servicios son lo común en el diario acontecer de la función pública en todos sus niveles.
Función pública que se ve afectada por la dualidad de funcionarios, los de carrera administrativa y los paralaborales de los contratos de prestación de servicios.
Estas prácticas o conductas delictuales tienen como autores intelectuales a congresistas, diputados y concejales, que cogobiernan desde la presidencia de la república, hasta gobernaciones y alcaldías, gracias a la laxitud y discrecionalidad de la ley de contratación pública para vincular o contratar a sus clientelas.
Ley de contratación que parece diseñada para tales fines, elude la meritocracia constitucional y viola el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades, des legitima la democracia y hace ineficiente la misión del Estado.
Ríos de tinta de estudios académicos, de pronunciamientos judiciales, de denuncias en los medios, no han logrado cambiar esta cultura corrupta del clientelismo, expresada en los contratos de prestación de servicios, amén de otras categorías laborales como los funcionarios de libre nombramiento y remoción, (ejecutantes de esas prácticas), trabajadores oficiales, y provisionales, que igualmente son fortines clientelistas.
Conductas que están tipificadas penalmente como tráfico de influencias, que laboralmente son una forma de semiesclavitud, de personas afectadas por el desempleo, que terminan vendiendo su conciencia a cambio de un trabajo con el Estado, y que constitucionalmente son una violación al derecho a la igualdad de oportunidades.
No hay gobernante de derecha de izquierda o del centro que no haya acudido a esas prácticas con propósitos electorales. Y lo más preocupante es que estas prácticas han llevado a que los organismos de control sean cooptados por esta clase política, y si la sal se corrompe, la corrupción será eterna.
Si bien es cierto que los miles de contratistas de las distintas entidades públicas y de todos los órdenes y territorios, porque el paralaboralismo permeó todo el Estado, traducidos en votos, de estos y sus familiares, no son determinantes en la elección presidencial, si son determinantes e inclinan la balanza a favor de quienes ostentan ese poder y garantizan su elección continua en el Congreso de la república.
Lo más grave del asunto es que ningún candidato a la presidencia ni menos al congreso ha rechazado rotundamente estas prácticas y menos ha planteado soluciones de fondo a esta problemática, como la implementación de mecanismos merito raticos para su vinculación en concordancia con la constitución.
Así las cosas, el clientelismo de todas las formas de vinculación laboral con el Estado (libre nombramiento y remoción, trabajadores oficiales, provisionales) y la paralaboralidad (contratos de prestación de servicios) son duros de eliminar, como en la película, haciendo de esta forma que " Colombia siga siendo un Estado clientelista a pesar de la constitución".
