Horas después de que se emitiera una orden de detención en su contra y fuera rodeado por la Policía desde el viernes su domicilio en la amazónica ciudad de Beni, la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez fue arrestada en la madrugada de ayer y trasladada entre fuertes medidas a la Fiscalía de la Paz para ser interrogada por sedición, terrorismo y conspiración. Los presuntos delitos que se le imputan forman parte de las investigaciones abiertas en el llamado 'caso Golpe de Estado', que estudia el origen de la violencia desatada en el país tras las elecciones de noviembre de 2019, denunciadas como fraudulentas y que forzaron la dimisión y huida al exilio de Evo Morales, el entonces gobernante.
Áñez, una exsenadora conservadora que fue designada mandataria en funciones tras la marcha del líder izquierdista, calificó su aprehensión como un «atropello absoluto» e indicó a los medios que se trata de un «amedrentamiento político» orquestado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Luis Arce, actual presidente de Bolivia y delfín de Morales. La exmandataria lamentó que la formación haya «decidido volver a los estilos de la dictadura» y aseguró que acudirá a instancias internacionales ya que no se respeta su «estatus de expresidenta». Asimismo, sostuvo que siguió una «sucesión constitucional», a pesar de que el Gobierno la acuse ahora «de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió».
Los exministros interinos de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energía Álvaro Guzmán, han sido también detenidos bajo las mismas acusaciones que Áñez y ayer permanecían en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a la espera de ser interrogados. Existen además órdenes de captura contra el extitular transitorio de Gobierno Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López, y antiguos altos cargos del Ejército y de la Policía. A todos ellos se les atribuye haber participado en las violentas revueltas que tuvieron lugar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el conflicto causó unos 35 muertos.
«Por justicia y verdad»
«Que se investigue y sancione a los autores y cómplices que saquearon la economía y atentaron contra la vida y la democracia de Bolivia», escribió ayer Morales en su Twitter. El líder cocalero, que estuvo exiliado en México y Argentina y retornó al país tras el triunfo electoral de Arce el pasado noviembre, exigió que se depuren responsabilidades «por justicia y verdad, por las 35 víctimas», los heridos y los detenidos «ilegalmente» en el «golpe de Estado».
Por el contrario, los expresidentes de Bolivia, el centrista Carlos Mesa y el derechista Jorge Quiroga condenaron las detenciones y órdenes de captura. «Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se actúa contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019», denunció Mesa mientras Quiroga habló de «una cacería revanchista» y calificó a Arce de «aprendiz de tirano».
A raíz del retorno del MAS al poder se abrió el 'caso Golpe de Estado», luego de que la exdiputada Lidia Patty denunciara al gobernador de Santacruz, a Áñez, varios de sus ministros, exjefes militares y policiales de haber promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
A Añez la encontraron escondida debajo del somier de una cama como la vulgar delincuente que es. La justicia aunque a veces tarda, siempre llega. pic.twitter.com/Dx09rdxI49
— Cristian M.J. (@socialholico) March 13, 2021
*Artículo original de El Comercio
