Lucas Tamayo se asoció a con sus amigos, también arquitectos paisas Maria Adelaida Llano y Tatiana Figueroa Zuleta para constituir las sociedades Promotora Calle 47 y Promotora Rosedal. Sus proyectos pronto superarían los límites su natal Medellín para empezar a ofrecer apartamentos en Cartagena. Fue allí donde nacería uno de los proyectos que, ellos creían, los iba a posicionar nacionalmente. En el corazón del popular barrio Torices, a unos metros del castillo de San Felipe, empezaron con la primera de cuatro torres de 30 pisos promovidas como de vivienda social que conforman el proyecto Aquarella. La licencia la lograron durante la efímera alcaldía de Campo Elías Terán en el 2012. En el conjunto residencial tendría piscinas comunales, parqueaderos y tres ascensores por edificio. Para adquirir algún apartamento los interesados tendrían que ganar mas de 135 salarios mínimos, unos 105 millones de pesos, con lo cual Contravenían las reglas de las viviendas de interés social.
Los problemas empezaron a llegar con los cuestionamientos a mediados del 2017 por violar la reglamentación de protección urbanística de Cartagena decretada ciudad patrimonio cultural de la humanidad decretada por la Unesco. Las torres se atravesaban en la visual del Castillo de San Felipe, uno de los más valiosos hitos coloniales de la ciudad.
En octubre del 2017 el Procurador Carrillo, acompañado del Ministerio de Cultura, ordenó su demolición. Su argumento principal fue la contaminación visual que le hacía la mole de cemento al castillo de San Felipe pero, además, el Ministerio Público comenzó a preguntarse quienes podían acceder a esos apartamentos. No eran precisamente los estratos 1 y 2. Se cocinaba un negocio extraño y oír eso intervino la Fiscalía. El martes 5 de junio del 2018 ordenó la captura de Tamayo junto al arquitecto Claudio Restrepo y el curador urbano # 1 de Cartagena Ronald Llamas Bustos, quien había otorgado de manera irregular la licencia. Los cargos por los que tendrá que responder son los de urbanización ilegal y daño en recursos naturales. La Fiscalía encontró, entre otras irregularidades, que se emitieron 9 licencias para la primera etapa sin la aprobación del Consejo Nacional de Monumentos del Ministerio de cultura.
Para la construcción de este edificio los tres jóvenes paisas con su Promotora Calle 47 se aliaron con tres otras empresas, con las que además han ido juntos en otras inciativas. La gerencia del proyecto está en cabeza de Ingeniería Inmobiliaria, una empresa que tiene la misma dirección registrada que Promotora Calle 47, la impulsora del proyecto Aquarella. El gerente es Luis Carlos Lopera y la suplente Patricia Vélez Álvarez, quien tiene otra empresa de construcción Ménsula S.A., y que está ubicada justo en la oficina de al lado de Promotora Calle 47. Ingeniería Inmobiliaria nació en 1995 y ha desarrollado 57 proyectos, mientras adelanta otros 23 proyectos en este momento.
La empresa que está encargada de la construcción de Aquarella es Colcivil, una empresa antioqueña sólida que ha tenido varios contratos para construir acueductos con las gobernaciones de Luis Alfredo Ramos y Sergio Fajardo. Con el primero firmó un contrato de $10,500 millones para intervenir de emergencia las vías de la parte norte del Bajo Cauca Antioqueño, otro de $1,500 para arreglar las vías de Bello y $208 para el acueducto del mismo municipio. Con Fajardo obtuvieron un contrato por $9,000 millones para construir el acueducto de Vigía del Fuerte y otro por $1,600 millones de pesos para construir el acueducto Nariño, Antioquia. El gerente de la empresa es José Alberto Saenz Giraldo, uno reconocido constructor del departamento.
Por su lado los jóvenes que montaron Promotora Calle 47 tienen un entramado de empresas con las cuales comercializan numerosos proyectos. María Adelaida Llano también es gerente de EmE Propiedad Raíz, otro de los comercializadores de Aquarella. Lucas Tamayo, tiene tal vez el mayor rango de empresas. Solo en el 2014 apareció en los registros de Cámara de Comercio de Medellín pidiendo permisos para 5 empresas: Promotora Paradisia S.A.S – Grupo Inmobiliario del Sur S.A.S; La Teca inmobiliaria S.A.S y Plaza Navarra Inmobiliaria S.A.S.
Los jóvenes arquitectos pausas iban viento en popa con una primera torre completamente vendida pero se toparon con la justicia. No solo violaron la reglamentación patrimonial poniendo incluso en riesgo el status otorgado por la Unesco a Cartagena desde noviembre de 1984 sino que, según la Fiscalía, abusaron de los compradores y de la legislación de vivienda social para poder levantar la torre en un barrio popular cuando lo que estaban ofreciendo era apartamentos para un estrato medio con buena capacidad adquisitiva, en el corazón colonial de la ciudad. Con la decisión de la Fiscalía se crea un precedente importante para quienes abusan del negocio inmobiliario, incluido los curadores urbanos y los funcionarios de planeacion municipal de las distintas ciudades de Colombia. La recién nombrada alcaldesa encargada Yolanda wong tiene por delante hacer realidad la orden de demolición de la torre y la constructora deberá indemnizar a los compradores. Un caso que se volvió ejemplarizante en el país.
