En marzo de 2016 los estadounidenses de ConocoPhillips, la petrolera encabezada en el país por Álex Martínez, citaron a la comunidad de San Martín, Cesar, donde tienen parte de las 33,714 hectáreas adjudicadas, para avisarles que serían el primer municipio donde se haría fracking en Colombia. Una polémica técnica a nivel mundial que fragmenta las piedras con chorros de agua y químicos a presión para sacar los residuos de petróleo y gas escondidos en las entrañas de la tierra. La reunión había empezado temprano en la mañana y al mediodía una veintena de pobladores ya se habían repartido las tareas para frenar cuanto antes las exploraciones en el pozo Pico Plata, que realizaba la multinacional junto a los colombianos de Canacol Energy.
A los 15 días unos 4.000 sanmartinenses se tomaron las calles del municipio con mensajes de “no al fracking” pintados en carros y papeles de todos los colores, convencidos de no dejarles sus tierras a la minería y menos con los temores que les producía el fracking o la fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales, prohibida en 15 países como Francia, Dinamarca, Alemania, Uruguay y en Vermont, Nueva York y Maryland en los Estados Unidos. La razón principal para cerrarle la puerta: la contaminación de las fuentes de agua, los sismos que podría generar y las posibles deficiencias cardiacas, neuronales y de crecimiento que desencadenaría en la salud de las personas.
Foto: CORDATECNoAlFracking
Volvieron a movilizarse a los tres meses, y cerca de 50 ciudadanos venidos de todos los sectores, se unieronen abril de 2016 para crear la Corporación Defensora del Agua, el Territorito y los Ecosistemas (Cordatec) y así darle fuerza a su protesta. Rápidamente se hicieron sentir y en octubre de ese mismo año presionaron al gobierno de Juan Manuel Santos para que congelara las exploraciones en la región. Habían sido un logro de cerca de 9.000 personas que levantaron el puño, incluidas organizaciones de toda Colombia que llegaron para apoyarles, pero sobre todo de Carlos Andrés Santiago y Doris Stella Gutiérrez, quienes habían planeado la minucia de cada actividad siempre al frente del grupo.
Ambos se conocían de unos 20 años atrás, como vecinos de ese pequeño y caluroso poblado encallado en el valle del Magdalena Medio. Él había llegado a San Martín después de que sus padres salieran de Ocaña, Norte de Santander, atraídos por el auge agrícola, comercial y petrolero – impulsado por los 1.400 barriles que sacaba la empresa de Petróleos del Norte del municipio - que caracterizaba esa región en los años 80. Ella entonces se dedicaba al cultivo de arroz y maíz que le había heredado a sus padres, colonos que abrieron monte en busca de tierras más rentables para sembrar y donde la violencia no se hubiera desatado como en otros lugares del país para los años 60.
Con la amenaza del fracking a San Martín, Carlos Santiago y Doris Gutiérrez comenzaron a capacitarse sobre petróleo y derechos humanos y a organizar su plan. Santiago, con sus 30 años, ya había pasado por la universidad, donde se había fogueado en el liderazgo de movimientos juveniles y educativos como “Todos por la educación”. Gutiérrez a sus 50 años tenía un vasto recorrido como lideresa social de San Martín resistiendo a los embates de la guerra entre la guerrilla de las FARC, los paramilitares y las bandas delincuenciales que se disputaban su municipio. Con esa experiencia y reconocimiento encima convocaban desde los más jóvenes hasta los adultos alrededor de una sola causa: sacar al fracking.
Fotos: María Fernanda Padilla Quevedo
Después de la última marcha y con el anuncio del presidente Juan Manuel Santos de abrirle la puerta al fracking en todo el país, Santiago, Gutiérrez, los demás integrantes de Cordatec y representantes de otros municipios decidieron aprovechar el empuje de San Martín y darle rueda suelta en otros lugares. Fueron apuntalando la idea hasta que el 22 de marzo de 2017, crearon la Alianza Colombia Libre de Fracking –conformada por 39 organizaciones- y le enviaron una carta a Santos pidiéndole la suspensión temporal de los contratos que tenía la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para tomar una decisión informada de cara a prohibir o dar vía libre permanentemente a esa técnica.
En San Martín comenzaron las llamadas, los panfletos amenazantes para que desistieran de la defensa ambiental y los atentados contra Carlos Santiago, Doris Gutiérrez y otros voceros de Cordatec como Crisóstomo Mancilla, quien recibió ocho impactos de bala en la espalda mientras llegaba a su finca en la vereda El Loro. En 2017 fueron incrementando los hostigamientos, principalmente desde que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) los sentenciaron a muerte junto a otros líderes indígenas, sindicalistas y de izquierda de la región. La arremetida comenzó contra Marina Medina y Jorge Eliecer Torres, después contra Mancilla, en septiembre las llamadas contra la estudiante Jassiel Leal y el más reciente, un atentando contra José Orlando Reina el pasado 23 de enero.
Aunque después de la carta de las AGC, ningún autor se atribuyó alguna de las acciones. El temor por el retorno de la violencia paramilitar al sur del Cesar, que dejó miles de muertos bajo las armas de Juan Francisco Prada Márquez, alias “Juancho Prada”, jefe del Frente Héctor Julio Peinado de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin que eso representara un impedimento llevaron su protesta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a las Naciones Unidas y al Congreso de la República.
Como Alianza Colombia Libre de Fracking interpusieron denuncias además contra la ConocoPhillips y Canacol Energy por irregularidades en los permisos para explotar el pozo Pico Plata, del que las mineras estimaban podrían sacar 23.400 barriles de petróleo. En noviembre de 2018, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sacó un auto, les dio la razón y archivó los permisos de exploración para ambas compañías pues no especificaban manejo y disposición de las aguas de producción y flujos de retorno, evaluación ambiental y plan de contingencia.
Las 16 organizaciones que lideran la Alianza como la Corporación Yariguies con Óscar Sampayo a la cabeza y la Corporación Podio con Luis Enrique Orduz, replicaron la misma fórmula en sus departamentos: capacitar y socializar con la comunidad, hacer denuncias, litigio estratégico, acciones de resistencia, llevar la discusión a los medios y eventos públicos como la marcha carnaval del pasado 7 de junio. Su objetivo es no solo cerrar la puerta a las mineras para proteger los recursos naturales, sino pensar cómo reducir el uso creciente de energía y llevarles a políticas públicas para ser como país más cuidadosos del medio ambiente.
Dos años después de creada, las 120 organizaciones que conforman ahora la Alianza Colombia Libre de Fracking lograron ayer ganar una batalla: volver a frenar temporalmente esa técnica, que estaba suspendida desde noviembre de 2018 por una decisión del Consejo de Estado, que consideró que la normatividad (decreto 3004 de 2013 y de la resolución 90341 de 2014) que regula el fracking no es lo suficientemente sólida. El pulso del otro lado lo mantenía la ministra de Minas María Fernanda Suárez, el presidente Iván Duque y las mineras que ya tienen contratos, que buscaban convencer a los magistrados y la opinión pública de la importancia de la técnica para las finanzas del país y su poca nocividad para el medio ambiente y la salud de las personas.
Al final, la movilización de artistas, la publicación de informes y la presencia constante que hizo la Alianza Colombia Libre de Fracking terminó por ladear la balanza a favor, según ellos, del agua, la tierra y la salud de las comunidades. Ahora falta que se vuelva abrir el debate de fondo en el Consejo de Estado, al que deberá llegar el informe de la Universidad Nacional que demuestre los verdaderos efectos del fracking. Carlos Santiago, Doris Gutiérrez, Oscar Sampayo, Luis Enrique Orduz y los demás voceros de la alianza ya afilan su fórmula para ganar la batalla definitiva: anular para siempre la normatividad.
