Esta es una alianza institucional que busca proteger a una población abandonada y vulnerada por la inacción del estado.
“Es fundamental que podamos tener acciones conjuntas en campo, que ustedes nos guíen, porque son ustedes las que nos pueden decir, qué necesidades tienen”, señaló el contralor Carlos Felipe Córdoba.
Por su parte, la procuraduría propuso al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como aliado para conseguir recursos de cooperación internacional. Además se resaltó la importancia de generar espacios de participación que pongan esta realidad en la agenda del país.
“Hay que buscar proyectos de fortalecimiento de las organizaciones que están luchando por los derechos de la mujer rural”, destacó Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación.
En Colombia existen siete millones y medio de mujeres rurales y 1 de cada 4 se encuentra en pobreza extrema, por eso María Mosquera, representante de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia, habló sobre la necesidad de fortalecer las políticas para mejorar la calidad de vida de las mujeres campesinas: “Con este cambio del mapa político a favor de las mujeres rurales, se dé el cumplimiento y avance en lo que corresponde a las competencias en el sector territorial”.
