La política antidroga en Colombia ha sido un fracaso total, los costos económicos son desastrosos. En quince años las cifras de la guerra sumaron 140.600 millones de dólares, de los cuales 9.600 millones fueron aportados por EE.UU. [1] para promover el Plan Colombia. El erario solo vislumbró cómo se malgastaron miles y miles de millones en una política que no tuvo resultados efectivos.
Hoy vuelve al debate público una nueva propuesta de política antidroga que atienda integralmente el problema, así lo hicieron saber los congresistas de distintos partidos políticos que, en una alianza multiparlamentaria, presentarán en la próxima legislatura un paquete de proyectos de ley en torno a este problema.
“Vamos a formular una nueva política de drogas para el país. El fenómeno del narcotráfico está en la base de otra serie de problemas que afectan hoy en día a la sociedad colombiana. Por eso hemos consideramos que no podemos seguir insistiendo una política denominada lucha contra las drogas. Luego de 30 años se ha demostrado el fracaso. La nueva política de drogas debe estar formulada a partir de nuestras necesidades y de realidades como nación, no como producto de imposiciones de políticas que están formuladas a partir de los intereses geoestratégicos de los Estado Unidos” expresó el senador Carlos Antonio Lozada del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc).
Por su parte, Pablo Catatumbo, senador de la nueva colectividad política surgida como consecuencia de la firma del acuerdo de paz, expuso que las evidencias son claras en el fracaso de la política de drogas que ha estado presente en Colombia.
“Para acabar con este fenómeno es urgente reorientar la política antidrogas hacia el combate de la industria multinacional ilegal de las drogas ilícitas. No puede seguir haciendo carrera la lucha contra el campesino cultivador, allí no radica el problema. Solo por citar un ejemplo: tan solo en once años comprendidos entre el 2005 y el 2014 fueron erradicadas de manera manual y forzosa 346.371 hectáreas de coca que tuvo un costo de 7.9 billones de pesos. Mediante aspersión aérea otras 1.110.601 hectáreas fueron fumigadas con glifosato costándole al erario público 79.9 billones de pesos. El valor por hectárea para estos años fue de 23 millones de manera manual y 72 millones por vía aérea. Aunque, según el exministro Gaviria, erradicar de manera definitiva una hectárea vale al año 70.000 dólares (210 millones de pesos). Cifras exageradamente altas que podrían impulsar el desarrollo del campo y sus comunidades”, manifestó.
Así mismo, el senador Armando Benedetti, del partido de la U, invitó a estudiar el punto 4 del acuerdo de paz. Este contiene elementos transversales para enfocar el problema y lograr darle solución: la sustitución voluntaria a los cultivos de uso ilícito; el consumo como un problema de salud pública; el combate a organizaciones ilegales que se lucran de esta industria multinacional ilegal, así como la lucha contra la corrupción derivada de este fenómeno.
Convertir estos aspectos en leyes y políticas públicas propiciará la constitución de un nuevo marco legal y de acción para iniciar a ponerle fin al flagelo que vive la sociedad.
El bloque de congresistas para llevar al Congreso esta novedosa propuesta ya está conformado. Por su parte, las organizaciones de cultivadores de coca, marihuana y amapola han saludado esta iniciativa de lucha contra la industria multinacional de las drogas ilícitas y el próximo 31 de mayo se llevará a cabo la primera audiencia pública en Popayán sobre este aspecto, luego del acuerdo multiparlamentario.
En este sentido, Diego Rodríguez, vocero de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), plantea que se espera que la nueva política antidroga responda al cumplimiento del punto 4 de los acuerdos de paz.
“Desde 1985 que el gobierno ha venido implementando las políticas antidrogas han fracaso: el COL 85, Plante y pa' lante, guardabosques, el mismo Plan Colombia. Todas estas políticas se han enfocado en atacar al pequeño cultivador que realmente atacar la estructura del narcotráfico. El punto 4 soluciona el problema de las drogas ilícitas, este punto ya es una política antidrogas: le da las alternativas y garantías a los cultivadores para que vivan dignamente, también ataca a las estructuras del narcotráfico y le da un trato diferenciado en un tema de salud pública a los consumidores”, concluyó el vocero de la Coccam Cauca.
