Que Gustavo Petro no nos mienta más.
Esto que acordaron el gobierno y las Farc es otro golpe de Estado puntual que Gustavo Petro le da a la Constitución que juró respetar y que está en la obligación de acatar y cumplir. Golpe de Estado, esta vez, contra el sistema electoral, uno de los pilares de la democracia colombiana.
Como todo golpe de Estado, es anticonstitucional, es ilegal y es conspirativo. Urdido con dolo, para derrumbar una de las columnas de la Constitución, abusando de su poder institucional, encubriendo su verdadera intención con falsedades ideológicas y falsas motivaciones.
Yo sé que, al primer rompe, el término “golpe de Estado” puede sonar desproporcionado; pero no lo es. Cuando revisamos la teoría del golpe de Estado y su historia, desde cuando Gabriel Naudé, pensador francés, lo trajo al mundo de las ideas políticas en 1632, podemos verificar que el término no solo no es desproporcionado sino que se le adapta a la situación con toda precisión.
Permítanme hacer un paréntesis respecto del golpe de Estado como concepto. Es muy importante para la comprensión correcta de la verdadera estrategia que Gustavo Petro adelanta contra nuestra Constitución, nuestra democracia y nuestra economía. También resultará muy importante para la comprensión de los argumentos, las causas y las pruebas que expondremos en el juicio que impulsamos en su contra.
Por lo pronto, digamos que el golpe de Estado no se limita a los “putch”, como aquellos que los militares hicieron contra las democracias en América Latina durante el siglo XX. Los golpes de Estado se refieren, también, a golpes dosificados contra columnas específicas de las constituciones, dados uno a uno a través de vías que violan los procedimientos legales, hasta minarlas al punto de su derribamiento. Eso sí, golpes dados siempre desde posiciones al interior del Estado. Esta última particularidad es, entre otras, la que diferencia a las revoluciones de los golpes de Estado.
Continuemos: que no sigan lanzando globos con el fin de distraer a la opinión pública. Que no pretendan seguir engañando con trinos como el de Gustavo Petro donde afirma que “Ni el comisionado de paz, ni el gobierno nacional han dado autorización alguna para que el EMC participe en actos de apertura al proceso electoral en ninguna parte del país” o como el del Ministerio de Defensa que dice que “En relación al comunicado sobre la participación del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc en la apertura de las elecciones, el ministro @Ivan_Velasquez_ lo ha catalogado como un exceso inaceptable”. Que no sigan enredando con declaraciones que le tiran la pelota a los militares o al registrador o a la procuradora o a los gobernadores.
Todos estos son fuegos fatuos para distraer, cuando la verdad verdadera de lo pactado quedó registrada en un acto oficial presidencial, de gobierno, mediante un decreto: el decreto 1684 de 2023, del 16 de octubre, “Por medio del cual se decreta el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT), sobre la base de un Acuerdo para el respeto de la población civil, en el marco de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc EP y se dictan otras disposiciones”.
Luego no estamos hablando del trino de algún ministro, ni de un error más del comisionado de Paz, ni de otra perorata presidencial. No. Estamos hablando de un acto administrativo que determina una política pública, que fue expedido, tal como está redactado, en cabeza de “EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales…”.
—¿Qué dice este decreto?
Para efectos de esta columna el decreto dice tres cosas capitales:
En su artículo primero dice que “Se decreta el Cese al Fuego Bilateral y Temporal de carácter Nacional con impacto Territorial (CFBTNT), sobre la base de un acuerdo para el respeto de la población civil entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc-EP”.
Lo que quiere decir que el decreto es el resultado de lo acordado entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las Farc-EP. En la práctica, que es un decreto redactado a cuatro manos -las del gobierno y las de las Farc- o por lo menos consensuado por las partes en el proceso de negociación.
En su artículo segundo, llamado de los “Objetivos”, dice que “El CFBTNT, sobre la base de un acuerdo para el respeto de la población civil, tendrá como objetivos: (vii) el libre desarrollo de las elecciones del próximo 29 de octubre de 2023 y el respeto de sus resultados”.
El tercer aspecto crucial, que se expresa en el nombre mismo del decreto y se puntualiza en el párrafo final del artículo primero: “En consecuencia, se ordena la suspensión de las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional en contra de los integrantes del Estado Mayor Central de las Farc-EP, a partir de las 00:00 horas del día 17 de octubre de 2023 hasta las 24:00 del día 15 de enero de 2024”.
En este decreto está, repito, la verdad verdadera del asunto; no en los trinos embrollados de los funcionarios, ni en los cruces de versiones atolondradas que se canjean entre distintas instituciones. Tampoco es cierta la afirmación final del ministro del Interior, con la que pretende ponerle la lápida al tema. El ministro dice, olímpicamente, que todo se trató de “un error de comunicación, como ocurre en un noticiero, como ocurre en una empresa, lo importante es que la decisión política del gobierno no estaba en esa invitación, lo hablamos ahora en el PMU que hemos adelantado”.
No Luis Fernando, aquí no hay un error de comunicación. Aquí lo que hay es una política presidencial llamada Paz Total que busca derribar los pilares democráticos de la Constitución, como presupuesto básico de la estrategia de milicianización.
Volvamos al decreto. En él, lo que queda claro es que sí existe un acuerdo base, dizque para el “respeto de la población civil”. Y que en ese acuerdo base entre el gobierno y las Farc incluyeron el tema de las elecciones del 29 de octubre.
Luego el Comunicado de prensa 001, que todos conocimos, firmado por Camilo González Posso, en su condición de coordinador de la delegación del Gobierno Nacional, y Andrey Avendaño, como jefe de la delegación del Estado Mayor Central de las Farc-EP, no sólo es auténtico. También es verdadero en su contenido cuando afirma en el punto 1 que “En concordancia con los acuerdos y protocolos suscritos se adoptaron compromisos para contribuir en diferentes partes del país el normal desarrollo de la jornada electoral del próximo 29 de octubre”.
Quienes mienten no son los negociadores, sino Gustavo Petro y quienes intentan sacar el cuerpo a la responsabilidad de unos acuerdos y protocolos inaceptables, hasta ahora secretos y oscuros
Quienes mienten no son Camilo González y Andrey Avendaño, los negociadores, sino Gustavo Petro y, de allí para abajo, todos los que intentan sacarle el cuerpo a la responsabilidad de unos acuerdos y unos protocolos inaceptables, hasta ahora secretos y oscuros, que ya comienzan a precipitar el más absoluto rechazo nacional.
Mas este tema no puede quedar allí, como si fuera otro escándalo o como si se tratara de otra mentirilla de los funcionarios políticos.
Estamos, insisto, ante un golpe de Estado puntual contra el sistema electoral, uno de los pilares democráticos de nuestra Constitución.
Sí, me refiero a la figura del Golpe de Estado. El presidente de Colombia no puede negociar y pactar con nadie, ni mucho menos con una organización ilegal, el cumplimiento de las responsabilidades que le establece la Constitución, de manera exclusiva e indelegable. Ningún presidente, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, puede compartir la Posición de Garante de los Derechos Fundamentales o de la unidad nacional o de la integridad territorial o de las libertades y la transparencia electoral, que le establece la Constitución. No puede negociarla ni compartirla con nadie, y menos con una organización armada ilegal.
(Otro paréntesis cortico, recuerden estas palabras: Posición de Garante. Sobre ellas seguiremos trabajando con mucho énfasis en las próximas semanas)
Cuando observamos la experiencia de como Hugo Chávez mutó la democracia en la dictadura que hoy asesina, roba y desplaza a su pueblo, bien vale retomar la tesis del jurista, escritor y catedrático venezolano, el Doctor Asdrúbal Aguiar, quien expone que “Al efecto, he aquí lo típico y novedoso de la experiencia venezolana del siglo XXI. Se usan o subvierten las mencionadas formas del Derecho para consumar “golpes de Estado” sucesivos y continuados, vaciando de contenido ético y finalista al mismo Derecho: medios en apariencia legítimos con miras a fines ilegítimos y fines supuestamente legítimos a través de medios claramente ilegítimos, con lo cual se trastoca de raíz a la ética democrática”.
Es que cuando el presidente de la República acordó compartir con las FARC-EP su Posición de Garante de la democracia, compartiendo el “compromiso” con las Farc del “normal desarrollo de la jornada electoral del 29 de octubre”, lo que está cometiendo es una transgresión contra la Constitución, está llevando a cabo una sustitución de la Constitución, está actuando contra las leyes, está prevaricando.
Los colombianos debemos construir la claridad sobre el límite que debe existir entre lo que es una diferencia ideológica y lo que es un delito, entre cuando el gobernante actúa en contraposición a una determinada opinión y cuando actúa en contra de la Constitución y la leyes.
Esta es una más de las razones por las cuales presentaré la denuncia contra Gustavo Petro ante el Congreso de la República el próximo 7 de noviembre, cuando hayan pasado los vientos del debate electoral. Precisamente será este tema, el de los golpes de Estado sucesivos y continuados que viene asestándole a la Constitución, el que encabece la denuncia, incorporándole también, las conductas que transgreden el Código Penal.
El Juicio Político a Gustavo Petro está más que justificado.
—¿Hasta dónde hemos llegado?
Ahora, en el “gobierno del cambio” de Gustavo Petro, las Farc, con sus milicias y sus fusiles, resultaron siendo cogarantes de las elecciones regionales en Colombia.
Sólo me queda una pregunta:
—Gustavo Petro: ¿Con quién decidió compartir la Posición de Garante de las elecciones en el municipio de Gamarra, Cesar?
Se lo pregunto porque Duperly Arévalo Carrascal, la funcionaria de la Registraduría que murió asesinada por una turba incendiaria, no alcanzó a saberlo.
¡Que Dios nos libre!
