Apenas a mitad de semana, se conocieron diversas noticias relacionadas con muerte de reincorporados de las Farc. La más reciente, la denuncia de la Asociación Campesina Semillas de Paz de la Macarena, Meta, según la cual el Ejército Nacional quitó la vida al exguerrillero Carlos Miranda, de 30 años de edad.
No es posible evitar asociar este hecho, con la muerte de Dimar Torres en el Catatumbo, también a manos de tropas en servicio. Ya el general Jairo Alejandro Fuentes, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, explicó que se trató de la reacción de los soldados ante la agresión con arma de fuego que se les hizo desde una motocicleta.
Según la versión oficial, los militares adelantaban una operación contra Álvaro Boyaco, jefe de uno de esos grupos armados residuales que se hacen llamar Farc en la zona rural del Meta. En algún momento fueron atacados desde el vehículo por uno de sus ocupantes, lo que desencadenó su reacción. El muerto fue el que conducía la moto.
Que resultó ser un reincorporado de las Farc con varios meses de no presentarse a su proceso en el Caquetá. La ONG denunciante asegura que hubo procedimientos irregulares de la tropa. Una vivienda ocupada por niños alcanzada por los disparos de fusil. Y retenes que impidieron el paso a la gente del campo mientras se hacía el levantamiento del cadáver.
Como quien dice, este muerto quedará por disidente dado de baja en combate. Complicado emitir una opinión definitiva al respecto. Habrá que esperar el curso de las denuncias y las investigaciones para tener una idea aproximada de lo que sucedió. En nuestro país se ha puesto de moda que cada semana mueran varios exmilitantes de las Farc.
El día 17 le tocó en suerte a Anderson Pérez Osorio, el monito, quien fue baleado por desconocidos en Caloto, Cauca, donde se había ido convirtiendo en un dirigente juvenil y campesino, además de fungir como trabajador de las comunicaciones. Un muchacho sano, ampliamente conocido, de quien nadie puede afirmar se hallaba en malos pasos.
Igual ese día cayó asesinado por sicarios Daniel Esterilla en el municipio de El Charco, Nariño. Un adulto mayor que salía de tomar parte en una reunión con delegados de la ONU y que tras retirar la asignación mensual como reincorporado, se aprestaba a abordar una canoa para irse a casa. Pensar que todo esto son desafortunadas coincidencias resulta imposible.
Desde la firma del Acuerdo de Paz de La Habana, en donde el Estado colombiano se comprometió a rodear de garantías totales la vida e integridad de los exguerrilleros que dejaron las armas, han sido asesinados más de 130. También hubo el compromiso de rodear a los dirigentes sociales y populares de plenas garantías para su existencia y actividad.
Pero se afirma que desde el Acuerdo del Teatro Colón a la fecha, han caído más de 500 de ellos bajo las balas criminales de pistoleros fantasmas. Quiere decir que en Colombia, como en la vieja canción mexicana, la vida no vale nada. El presidente Duque ha salido otra vez a rechazar los crímenes y anunciar la adopción de medidas urgentes para aclararlos y detenerlos.
Lo cual suena a palabrería hueca cuando se va tornando costumbre. Uno se pregunta qué pasó en las zonas donde las Farc operaron como ejército revolucionario, y la respuesta obvia es que el vacío que dejaron no fue ocupado por el Estado, sino por diversos grupos armados que operan con una asombrosa libertad. Como si se les permitiera hacerlo.
El presidente Duque ha salido otra vez a rechazar los crímenes
y anunciar la adopción de medidas urgentes para aclararlos y detenerlos
.Lo cual suena a palabrería hueca cuando se va tornando costumbre
Las operaciones militares y policiales contra las guerrillas alcanzaban niveles de escándalo. Desembarcos, ametrallamientos, bombardeos aéreos, infiltraciones masivas de agentes estatales en las zonas rurales, en busca de información que permitiera golpear la insurgencia. Había una guerra de grandes dimensiones, de la que la Fiscalía no era ajena.
Se supone, y así lo confirmaría cualquier evaluación, que el poder de respuesta de las Farc era muy superior en todo sentido al de los diversos grupos de hoy. Lo que equivale a decir que una acción decidida del Estado contra estos últimos, debería producir resultados concretos mucho más fácilmente. Resulta incomprensible que no suceda así.
La violencia sigue creciendo en medio del desinterés del gobierno nacional por frenarla. En los Acuerdos de Paz se pactaron una reforma rural integral y una sustitución de cultivos ilícitos, que de aplicarse, cambiarían radicalmente las cosas en el campo. Pero el partido de gobierno detesta los Acuerdos como si fueran el demonio.
Insiste en decretar políticas que agravan la situación. Así que la violencia que se reproduce, mal puede imputarse a causas aparentes. Va de la mano con una concepción de Estado, la misma que pregonan Uribe y sus súbditos. No deberían morir más exguerrilleros, ni militares, ni policías, ni líderes sociales. Para eso se firmó la paz, respétenla.
