Estudios científicos indican que para suplir la demanda de alimentos que la población mundial requerirá en el año 2050 será necesario que la oferta global de alimentos incremente en un 60% los volúmenes actuales de producción de alimentos. Sin embargo, en razón del direccionamiento que el capitalismo totalitario ha dado a la producción mundial de bienes alimentarios, esta meta productiva no será posible lograrla y por tanto la humanidad estará sometida a mediados del presente siglo a una hambruna nunca antes concebida, si no se logran ajustar las políticas productivas o si la ciencia no logra los ajustes tecnológicos pertinentes
Pero esta predicción científica, al igual que las predicciones que hace treinta año, fue difundida por los sabios que estudiaban el fenómeno del calentamiento global y no parece conturbar y ni siquiera inquietar a quienes dirigen las riendas de la economía mundial; solo preocupados por encontrar un nicho ecológico en el extra mundo, para irse a vivir allá con sus multimillonarias fortunas cuando nuestro planeta sucumba y el resto de la humanidad, que se friegue con J.
No obstante, a la humanidad le queda la gran esperanza de cotejar entre la posibilidad de seguir las instrucciones productivistas del gran capital u optar por aferrarse a los conocimientos logrados por los pueblos del mundo a través de siglos y siglos de práctica productiva agrícola, las cuales le han permitido sobreponerse a las duras contingencias a que la ha expuesto el desmesurado crecimiento de su población, conocimiento que no es otro que el legado de la producción familiar de alimentos, que a lo largo de los siglos ha demostrado su eficiencia y su entera vigencia histórica, como este ejemplo que a continuación se detalla:
“Los reasentamientos CRABI están formados por 600 agricultores familiares que fueron expropiados de sus fincas debido a la construcción de la Hidroeléctrica Salto Caxias en el río Iguazú, estado de Paraná. Representan un magnífico ejemplo de cómo la estructura socioeconómica basada en la economía solidaria ha sido fundamental para el mantenimiento de las explotaciones en que viven. Organizados en diez reasentamientos y estos en 19 asociaciones, los agricultores están afiliados a una cooperativa de crédito solidario, CRESOL, a partir de la cual obtienen, a través del aval solidario, recursos para cultivar y para las necesarias inversiones en las explotaciones. También adquieren colectivamente insumos, aperos y maquinaria agrícola y venden parte de lo producido. La producción y los ingresos derivados de ella prueban que la agricultura familiar insertada en la economía solidaria es viable”.
La agricultura familiar, al contrario de lo que muchos equivocadamente piensan, es una institución considerada por grandes investigadores como uno de los baluartes cognoscitivos de la humanidad, que constantemente se regenera ya que logra asimilar paulatinamente conocimientos tecnológicos de los demás sistemas de producción agraria que transitoriamente han transcurrido con ella en diferentes condiciones de tiempo y espacio en los diversos entornos agroproductivos del mundo.
Está determinantemente demostrado que la agricultura familiar ha experimentado y acumulado conocimientos para adaptarlos a las condiciones agroclimáticas propias de cada localidad; sin embargo, este tipo de experiencias locales son comúnmente ignoradas o más bien ocultadas por los artífices el conocimiento “cientificista”, como siempre ha ocurrido en los procesos de sometimiento cultural que ha vivido la humanidad; muy a pesar de lo cual, la agricultura familiar ha conservado un rol preponderante al momento de reducir la pobreza rural, enfrentar la inseguridad alimentaria, la malnutrición y promover la sostenibilidad alimentaria.
Infortunadamente, los líderes de la politiquería nacional se han alineado con la corriente mundial que internacionalizó la producción agrícola y para validar esta postura, institucionalizó la persecución política ocasionante de la migración social del campo a la ciudad que colmató los procesos urbanísticos de las grandes ciudades del país, pero que al contrario, favoreció a los terratenientes; quienes ampliaron su tenencia territorial usurpando con trapisondas administrativas o comprando a bajísimo costo las tierras abandonadas. Además de lo cual, fueron y siguen siendo favorecidos por los diferentes gobiernos nacionales con el suministro de fertilizantes, maquinaria y sobre todo con créditos muy favorables; quedando la pequeña y mediana producción de alimentos básicos, relegada a un tercer plano de la economía, circunstancia que ha conllevado a que el país comporte un déficit de producción alimentaria tal, que ya en necesario importar la gran mayoría de los productos de la canasta familiar para el consumo nacional.
El campo al ser despojado de su importancia socioeconómica, mediante la institucionalización de la política de desalojo forzoso del campesinado de sus tierra labrantías que se hizo patente a partir de la época de la violencia chulavita y que ha continuado hasta nuestros días, convirtió a Colombia en un país de endeble soberanía alimentaria, importador de bienes alimentarios básicos, que otrora eran producidos por los pequeños y medianos empresarios de nuestra ruralidad, cuyas tierras hoy se encuentran dedicadas a la explotación de cultivos cuya producción se destina a la producción de biocombustibles y otros artículos demandados por la gran industria mundial, mientras que el campesino raso se ha tenido que refugiar en los centros poblados haciendo tortuoso el proceso urbanizador de nuestra nación o limitarse a desarrollar una agricultura de subsistencia en tierras de reserva forestal de reducida capacidad agraria, ocasionando desajustes ambientales de grandes proporciones y lesivos para la economía nacional.
Esta inmisericorde persecución contra el productor rural convirtió al país en uno urbano, condición que ha tenido recientemente su más claro reconocimiento, ya que al darle la espalda al campo colombiano ha disminuido nuestra intención por lograr el bienestar del productor rural. Tan es clara esta condición de abandono en que se encuentra el campesinado colombiano, que ya a casi a nadie le importa el hecho de que esa ruralidad nacional permanezca bajo el inclemente acoso de la insurgencia y del narcotráfico, que en este sentimiento insolidario se soportó la negativa al cese de la guerra, expresada por los colombianos que se hicieron presentes en las urnas el 2 de Octubre de 2016, como si el infortunio de los habitantes rurales, no tuviese ninguna incumbencia en el desmedro del bienestar general del país, como si el campo colombiano no fuese parte de esa Colombia que debemos rescatar para lograr el bienestar general de la nación.
Esta indolencia social que vivimos, queda claramente ratificada, cuando más de 21 millones de colombianos se quedaron en casa y no se molestaron en votar en el plebiscito, lo que representó una abstención 62,6%; la mayor en los últimos 22 años, clara muestra de lo poco que nos importa el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas y de los frutos generacionales que ellos proyecten en el futuro.
Nos queda entonces una nueva oportunidad para restablecer en las próximas elecciones presidenciales, nuestra incorrecta decisión respecto a validar el proceso de pacificación, no solo con los grupos subversivos sino también con todas aquellas facciones que de una u otra forma ametrallan la seguridad nacional y laceran nuestra productividad rural, porque según lo contemplan los estudiosos del desarrollo social, el despegue de las economías nacionales, depende en forma directa del despegue de la productividad rural, porque ella es fuente de laborabilidad y por tanto una solución al problema de la desocupación, principal generadora de inequidad e insatisfacciones sociales, fuentes estas de la contradicciones sociopolíticas que se presentan muy comúnmente en los países en vías de desarrollo.
El campo espera que los colombianos elijamos un buen administrador, un direccionador de políticas encaminadas a cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, como lo contempló hace muchos años una de las campañas electorales por la presidencia del país, partiendo de otorgar a ese productor rural las garantías para que pueda jalonar la producción de alimentos, para que pueda constituir las bases en que pueda soportarse el progreso económico del país, para que podamos combatir el hambre y la malnutrición de nuestras jóvenes generaciones. Tengamos de presente que todo intento sostenido para combatir el problema del hambre debería estar comprometido con el logro del incremento de la producción nacional de alimentos, de lo contrario la evasión de capitales y la dependencia extranacional del suministro de alimento lastrará la aspiración nacional de convertirnos en un país alimentariamente soberano, expuesto al chantaje político- económico de los países que logren sortear esta barrera agro productiva.
