En el marco del paro nacional que tuvo su inicio el 28 del pasado mes de abril y a corte del 21 de este mes de mayo, la Defensoría del Pueblo, un órgano oficial del gobierno del presidente Iván Duque, confirmó que había recibido 23 reportes de violencia sexual generados durante las marchas. Dentro de los casos se encuentra el de una menor de edad, que sucedió en Popayán, que fue presuntamente manoseada por agentes del Esmad, por cuya agresión posteriormente se suicidó. En redes sociales circula un video en donde varios agentes del Esmad la llevan a rastras por las calles oscuras y posteriormente la ingresan en una Unidad de Reacción Inmediata.
La Defensoría también revela el caso de una patrullera de la Policía que denunció haber sido víctima de violencia sexual por parte de algunos manifestantes. Así mismo, desde el 28 de abril hasta el 21 de mayo de 2021, la Defensoría aseguró recibir un total de 106 reportes de violencia basada en género. De otra parte, la ONG Temblores documenta 2905 denuncias de abuso policial en Colombia desde el inicio del paro nacional, entre ellas, 43 asesinatos, 39 víctimas de agresiones oculares, 21 víctimas de violencia sexual y 6 de violencia basada en género.
Todos estos hechos de represión han tenido su rechazo por parte de los organismos internacionales, hasta el punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA le solicitó, el 14 de este mes al gobierno del presidente Duque que le permita el ingreso al país: “Confiamos en el compromiso de salvaguarda de los más altos estándares de derechos humanos por parte del Estado. Esperamos la respuesta de esta solicitud a la mayor brevedad posible”, aseguró. Permiso que fue inicialmente rechazado por el gobierno nacional, como en las más crueles dictaduras.
La violación a los derechos humanos en el país se volvió práctica consuetudinaria, con asesinatos de líderes sociales y masacres, pero se llegó a tal degradación que en las marchas se utiliza la agresión sexual y de género como herramientas de represión del Estado, para infundir miedo o como respuesta a ésta por algunos infiltrados de las marchas. El estudio La violencia sexual como práctica de guerra: Implicaciones para la investigación y enjuiciamiento de crímenes atroces, de la revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 23, núm. 1, 2021, de la Universidad del Rosario, que hace un análisis de contexto mundial, concluye: “En 2002, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) entró en vigor con la consideración más amplia que se haya dado hasta a los delitos de violencia sexual como delitos internacionales fundamentales... La violación ha sido reconocida como crimen de guerra, crimen de lesa humanidad y acto de genocidio, más que como un daño colateral inevitable”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la sociedad colombiana debe exigirle al gobierno de Iván Duque que explique, con absoluta claridad, a qué se debe el actuar de las fuerzas armadas en la realización de estas prácticas abominables, solo toleradas por gobiernos antidemocráticos; pero además, que se garanticen las investigaciones ecuánimes y objetivas que conduzcan al castigo de los responsables. El país entero exige también que proceda a depurar a las fuerzas armadas y otorgue las garantías suficientes y necesarias para las protestas pacíficas y democráticas. ¡Colombia merece elegir mejores gobernantes!
