El frío en las noches de la cárcel de Barne en Cómbita es espeluznante. Hay madrugadas en las que se acostumbraba despertar a los presos con potentes chorros de agua. El colchón, delgado como un disco de vinilo, duraba semanas para secarse. Roberto Sepúlveda Muñoz llevaba 9 años encerrado en ese lugar. Pertenecía al Frente 2 de las Farc con presencia en Santander y en un combate fue hecho prisionero por el ejército. Desde hacía tres años una tos lo sofocaba en las noches. El pecho cerrado, la flema obstruyendo los pulmones. Nueve meses atrás, poco después de que las Farc y el gobierno firmaran el acuerdo de paz, Sepúlveda Muñoz había solicitado su excarcelación haciendo efectiva la ley de amnistía.
Los ruegos de Catire, remoquete con el que se conocía dentro de la guerrillerada, para salir de Barne aumentaron gradualmente a medida que su salud se deterioraba. Había días en los que ni siquiera se levantaba a comer. En la pasada huelga de hambre que duró 45 días y en los que los presos políticos de las Farc exigían que se cumpliera lo acordado en su amnistía, el nombre de Sepúlveda Muñoz fue de los que más sonó. El jueves 21 de septiembre la bronconeumonía que padecía se intensificó hasta el punto de ser trasladado al hospital San Rafael de Tunja. En la madrugada del sábado 23 de septiembre Roberto Sepúlveda Muñoz, quien aspiraba además a ser gestor de paz, sucumbiría a la enfermedad. Fue enterrado con sigilo, casi que a escondidas en un cementerio de Tunja. Ningún medio dio la noticia. El 29 de mayo del 2017 las Farc y el gobierno celebraron el acuerdo sobre Hoja de Ruta para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo Final. La idea de los guerrilleros era presionar para que el gobierno aplicara lo convenido antes de la dejación total de las armas por parte de las Farc. Cuatro meses después estos tres compromisos que acordó Santos no se han cumplido:
“El Gobierno Nacional tomará las medidas necesarias para que los integrantes de las FARC-EP que se encuentren en los listados acreditados por la OACP salgan de las cárceles y/o queden en libertad condicional antes de finalizar el proceso de dejación de armas”. (1.1.1.)
“En un plazo no mayor de 15 días, el Gobierno Nacional efectuará el nombramiento del subdirector de la Subdirección especializada de seguridad y protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP)”. (1.2.4.)… “Se pondrá en marcha el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, en los términos del Acuerdo Final, a más tardar el 15 de junio de 2017”. (1.2.5.).
“Entre la finalización de la dejación de armas individual que concluirá el 20 de junio de 2017 y la expedición de la amnistía de iure presidencial para el integrante de las FARC-EP que haya efectuado dicha dejación de armas, no podrán trascurrir más de 10 días calendario”.
Mil presos políticos aun permanecen a la espera de la libertad según los convenido en el Acuerdo y cuatro de ellos están en una grave situación de salud. Además los guerrilleros Bernardo Mosquera Machado, José Ángel Parra Bernal y Jan Carlos Amaya, quienes también están presos en Cómbita, se encuentran en grave estado de salud afectados por infecciones respiratorias.
