La Constitución política en su artículo 67 señala:La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Sin embargo, el acceso a esta es evidentemente limitado en especial, para los jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 puesto que su valor económico para muchas familias del país es inalcanzable.
Cuando se logra con peripecias ingresar a una institución de educación superior ( se debe aclarar que no todas las universidades del país están adaptadas para la población discapacitada), las principales ilusiones son que dicho tiempo y dinero se conviertan en una inversión para retribuir aunque sea en una mínima parte lo dado por los padres, cambiar el nivel de vida y seguir creciendo académicamente según las metas de cada persona.
Pero al enfrentarse a la vida laboral, el universitario en dicha condición debe superar otros obstáculos. La falta de experiencia y la aceptación de la sociedad como seres productivos y activos que tienen como distintivo una herramienta técnica como apoyo y no como elemento descalificativo ante una humanidad que busca siempre que sus integrantes encuentren su verdadera identidad, más nos asustan las personas que se atreven a ser valientes y retan a los individuos hechos en serie.
Si una persona en condición de discapacidad es capaz de enfrentarse a la academia ¿por qué no lo será para llevar una vida laboral responsable? A diferencia de lo que muchos puedan llegar a pensar, las personas con alguna discapacidad no realizan sus estudios en la universidad para pasar el tiempo libre; lo hacemos para pelear por un espacio en el mundo y para ganarnos la vida por nuestros propios medios y no para nos lo regalen.
