A los escándalos que suelen acompañar a la policía en los últimos años en Colombia, se van sumando nuevos episodios, cada vez más críticos y simbólicos del hundimiento de una institución clave para considerar un país como democrático.
Luego de escuchar en los últimos años historias truculentas sobre violación de derechos, maltrato abierto en la calle, uso excesivo de la fuerza con varios muertos, sobornos, negocios ilegales asociados a la droga, cientos de detenciones arbitrarias, casos de violación de jóvenes manifestantes y compañeras policías al interior de sus instalaciones, y la Comunidad del Anillo o el grupo de prostitución masculina en la institución; parecía poco posible sorprenderse con un nuevo evento negativo asociado a la entidad.
Hoy, el nuevo escándalo que la policía suma a su historial tiene un matiz muy diferente pero de gran simbolismo mundial, y por tanto, el mismo gobierno que se resiste a evaluar sus actos y reformar la institución, debió comunicar públicamente a la comunidad internacional su rechazo a este hecho y la decisión de sancionar a los responsables.
El gobierno ha tenido que responder por el desconocimiento de la policía sobre la historia y los símbolos de la vergüenza mundial, al honrar el holocausto y a los nazis, creyendo que así homenajeaban a Alemania.
La Policía nacional se degrada día a día, no existe respeto jerárquico ni autoridad superior que la controle, que sancione hechos delincuenciales y reestructure la institución.
Esta reestructuración debió ser la respuesta ante las primeras señales de una escalada de actos de deterioro, descontrol y desconocimiento de valores. Dios y Patria ya no representan ni los valores de la Constitución de 1886, ni el respeto por el Estado de derecho de Colombia.
Atención a tiempo, sanciones claras, cambios en las directivas, nuevas dinámicas de liderazgos y valores habrían sido claves para recuperar a la policía nacional hace diez años por lo menos.
Se entendía que luego de la muerte de tantos policías en manos de Pablo Escobar, del narcotráfico y de la guerrilla, era necesario resguardar la institución para cuidar en primer término de sus miembros y sobre ese cuidado y principios, proteger a los ciudadanos. Así, las manzanas podridas de esas épocas habrían servido de ejemplo para definir límites y saber qué era legal y qué no.
Individualizar los casos, habría servido para identificar a quienes estaban manchando la honra de la institución, pero los organismos encargados, el gobierno, el congreso y el sistema judicial -este último parcialmente-, prefirieron considerar cualquier asunto como de poca monta, dándole más valor a los apoyos de su ilegalidad, considerándolos un factor de fuerza frente a los grupos opositores del gobierno, y por ende, compitiendo por mostrar mayor poder.
Este análisis y toma de decisiones, ha sido uno de los peores errores que se han podido cometer frente a la ciudadanía, perdiéndose en este proceso autoridad gubernamental y generándose un deterioro enorme de la democracia, en especial porque la policía es la imagen del gobierno de turno en la calle, en el día a día.
En una democracia el poder no está soportado en la fuerza bruta, la presencia de un policía debe inspirar respeto y tranquilidad a la población.
Dejar crecer tan grave problema ético, de reglas y conocimientos, convirtieron los actos de ilegalidad de la institución, en un monstruo de mil cabezas, que desconoce cualquier forma de autoridad superior, que no se permite la crítica y tampoco construye autocrítica, que se siente, como se pudo ver en videos en meses pasados, superior a la milicia, y que desde esa autosuficiencia y ejercicio abusivo del poder, ha terminado por no poder mirarse siquiera el ombligo, despreciar el conocimiento y el entendimiento del entorno.
Una institución sin Dios ni patria, que desconoce la obediencia de la ley, no distingue entre la dictadura y la democracia, no sabe nada del fascismo, el nazismo, la historia y el mundo que le rodea. Se manda sola y reconoce como autoridad solo a quienes muestran fuerza, no poder, en muchos casos personajes fuera de los límites de la legalidad.
Ahora bien, considerar como efectivamente lo hizo la policía de Tuluá, que era un homenaje a Alemania, convertir los salones de la institución en una apología al nacional socialismo, a su líder Adolfo Hitler, sus armas y símbolos, es la muestra máxima de los antivalores que hoy priman en la institución: los de la fuerza bruta con la que se identifican, hombres que se imponen ante el mundo a partir de la discriminación, el machismo, la violencia de toda índole y en general, las versiones ilegales del poder: las mafias, grupos ilegales y otros carteles que en Colombia infortunadamente todavía priman.
Al parecer, a falta de las reformas requeridas a la institución que deben dirigir las autoridades legalmente constituidas, tendrán que ser las manifestaciones del horror de los gobiernos extranjeros, los organismos internacionales garantes de las libertades civiles y los derechos humanos, y los organismos económicos mundiales, los que se hagan sentir y propongan por la vía de los acuerdos internacionales, los cambios que no hemos podido hacer solos.
Un caso como este, no hace más que fortalecer las denuncias y quejas que a nivel internacional se han presentado, comprendiéndose el lamentable estado de la convivencia en Colombia y el riesgo diario de los ciudadanos a manos de quienes deben proteger su vida y bienes.
La participación desde la legalidad y las normas internacionales, que en décadas anteriores hacían de Colombia uno de los países de mayor respeto diplomático, se ha debilitado.
Las estrategias diplomáticas para acallar las denuncias sobre los abusos policiales, desde que existe la democracia digital, no tienen posibilidades de éxito y así deben comprenderlo.
Sea esta la oportunidad para solicitarle al gobierno y a las entidades de control, mayor contacto con la realidad, porque contrario a lo que se cree, es la acción de la policía la que está dejando al país al desnudo a nivel internacional, son ellos los que generan una permanente campaña negativa contra Colombia, no se puede seguir justificando lo injustificable, basándolo en la “maledicencia de opositores y de ciudadanos que no respetan las reglas”.
Solo hay que revisar los estudios de cultura política para comprender la situación. En 2010, la confianza en la policía era del 55,97 %, para el 2011 de 55,01 % (Cultura política de la democracia en Colombia, 2011), en la Encuesta Mundial de Valores 2017-2019 fue de 24,7 % y en la reciente encuesta de Latinobarómetro 2020, solo el 10,6 % de la población dice confía mucho en la policía, un 23,1 % que dice no confía nada, un 38.9% confía poco, y un 26 % confía “algo”.
La decisión ciudadana de no denunciar robos menores ante la policía, ya es casi de un 50 %. Ni hablar de la respuesta a la pregunta de la encuesta de Latinobarómetro 2018, sobre cuáles son los espacios más comunes donde le piden soborno a un colombiano, donde el interactuar con la policía, ocupó el segundo lugar con 9,4 %. No se puede permitir se termine desconociendo a la policía como autoridad legal y considerándola otro grupo violento más del país.
Los recientes linchamientos de ladrones y la actitud de riesgo de mujeres y hombres en la calle, por defenderse de los delincuentes, sin considerar llamar a la policía, señala el camino peligroso al cual estamos ingresando, llamado hace varios siglos la “ley de la selva”.
Cuando no se cuenta con justicia, cuando los que deberían defenderte no lo hacen, cuando abiertamente puedes constatar que esos que representan la ley la violan constantemente, el ciudadano decide armarse o defenderse por cuenta propia, muchas veces con excesos y por fuera de la órbita legal.
Por todo lo anterior, las disculpas de los directivos de la policía en medios de comunicación son insuficientes. Así se deteriora el núcleo principal de la sociedad y mueren las democracias.
Ya no es urgente, sino imperativo hacer una reforma drástica de la policía, fundamentada en la investigación y estudio detallado de lo que viene ocurriendo desde hace varias décadas en la institución, su escalada ilegal, el imperio de la violencia y no de la ley, el desdibujamiento de su papel en la sociedad, su triste representatividad actual de antivalores, entre otros grandes temas.
Es necesaria una policía que asuma un nuevo rol en la transición de la guerra a la paz.
Lo que está en juego es la democracia que se manifiesta en la convivencia y dinámica local. Lo que está en juego es apostar por los valores a la hora de elegir nuevos dirigentes.
Lo que está en juego es impedir que muera la democracia en el nivel cotidiano y más importante en la cadena de gobierno: la calle.
