Esta como otras, no son luchas que se han ganado de la noche a la mañana. Así como sucedió con el derecho de la mujer al voto en 1957, estas batallas jurídicas y sociales exigen constancia, disciplina y cohesión de grupo –aunque existan diferencias internas- para lograr desafiar las estructuras tradicionales del poder político y económico. Pero tampoco nos podemos llamar a las mentiras o sobreestimar las reivindicaciones. Todavía estamos en un país con profundos sistemas de exclusión, y en el que es necesario no bajar la guardia y aprender de los que han logrado defender sus derechos.
En el caso de la comunidad LGBTI es innegable reconocer que pasaron del denuncismo y la victimización, a la construcción de un discurso en el que reconocieron que debían actuar como organización-colectivo y estar presentes en diferentes ámbitos de discusión, para lograr tener injerencia e incidencia en la toma de decisiones. Un discurso reivindicador fracasa si se ubica desde el lugar de la lástima y el asistencialismo, pues con esta estrategia apenas se logran victorias pírricas que no pasan de un activismo mediocre que se conforma con la organización de una que otra marcha o, aún más triste, con la recaudación de simbólicas donaciones para apoyar el estampado de camisetas y la impresión de panfletos.
En este caso, la decisión de la Corte Constitucional no está inspirada en la presión que les haya generado el alboroto de unos manifestantes en la plaza de Bolívar, sino que entendieron que estaban ante una organización social que ha logrado adaptarse e integrarse a la sociedad, sin traicionar su proyecto identitario y político, el cual hoy ha logrado posicionarse en las distintas ramas del poder público y privado. Desde esos espacios de influencia, estos grupos, como ha quedado demostrado, han empezado a transformar, poco a poco, las clásicas y conservadoras visiones de la vida y del mundo de la tradicional y doblemoralista sociedad colombiana, logrando así, incluir interpretaciones más tolerantes y respetuosas de la diferencia.
Pero la batalla ganada por la comunidad LGBTI no hubiera sido posible sin la torpeza del Procurador y la Iglesia Católica. Defender la familia tradicional de modo tan radical es desconocer una gran realidad: una gran proporción de las niñas y niños de este país han sido criados en hogares que distan mucho de esa clásica y anticuada forma de entender la organización familiar. Desde el machismo estructural hasta el conflicto armado, han hecho que los mal llamados “hogares disfuncionales” hace mucho sean la regla y no la excepción en Colombia. Esgrimir sustentos biológicos es absurdo, si partimos del hecho de decir que es contra natura que un infante esté condenado a un orfanato o a la miseria de la calle, cuando la misma naturaleza indica que debería tener unos padres responsables de su crianza.
Por otro lado, el argumento de la Iglesia Católica de llevar a un referendo la decisión, es propia de un discurso medieval, en el que dicha comunidad religiosa no ha comprendido un concepto básico de la teoría política moderna: la separación de la Iglesia de los asuntos del Estado (por cierto, de cuándo acá la Iglesia tan amante de la democracia y de la opinión de las mayorías. Qué tal si sometemos a referendo temas como el celibato o la ordenación de mujeres como sacerdotisas u obispas). Dicho sea de paso, en el futuro vamos a tener que lidiar con la idea de una refrenditis para todos los asuntos en los que un grupo social no se sienta cómodo
En definitiva, hay que ser ponderados frente a cómo enfrentar una noticia de semejante magnitud. No se trata de ser aguafiestas, pero es importante dejar en claro ciertas cuestiones que no se pueden dejar pasar en alto como consecuencia de la euforia a la que nos lleva un avance tan grande en la interpretación de los derechos fundamentales en Colombia:
Primero, es apresurado pensar que la decisión de la Corte Constitucional es un gran paso hacia la igualdad. Es preciso decir que es un paso hacia la igualdad sexual en un sector específico de la sociedad, en su mayoría empoderado en las grandes ciudades, pero que sigue abiertamente discriminado y perseguido en la provincia. Hoy los gais, gracias a una sentencia judicial pueden adoptar, pero, paradójicamente, gracias a la mediocridad de nuestro legislativo, aun no pueden ejercer el derecho al matrimonio. Que no se nos olvide que este es un país pionero, pero en todas las modalidades de exclusión y maltrato: gais, mujeres, pobres, indígenas, afrodescendientes, oposición, animales… por sólo mencionar algunos.
Segundo, es exagerado decir que ha ganado la lucha social. Tal vez sería más mesurado pensar que este tipo de decisiones deben despertar a otras organizaciones sociales que durante años han sido predecibles en su discurso, como por ejemplo los maestros o los sindicatos, quienes tienen que revaluar su incapacidad en la defensa de derechos básicos de aquellos a quienes representan. Ya está bien de sus megáfonos y sus patéticas y melancólicas marchas que año tras año exhiben los 1 de mayo. La comunidad LGBTI demostró que en este país se ganan los derechos si somos capaces de tener movilidad social en conjunción con una excelente capacidad de presión en diferentes escenarios y escalas. No hay otra opción.
Tercero, la adopción igualitaria no debe ser aceptada per se, también es susceptible de debate. El problema no es el trinomio Procurador-Iglesia-Ex presidentes, el asunto es que representan también amplios sectores sociales que tienen derecho a manifestar su descontento, pues entonces volvemos a caer en el abismo de los radicalismos, en el que no estar de acuerdo con esta modalidad de adopción, te convierte en homofóbico, así como estar en desacuerdo con cierto concepto de seguridad, te etiqueta como un terrorista. Lo importante es que no lo hagan a través de la eliminación física o el desprestigio en la elaboración de los argumentos. Si algunos sectores sociales no están de acuerdo con la adopción igualitaria, que entren a la arena del debate y de manera respetuosa expresen de manera democrática sus inquietudes.
A la final, se trata de mantener la esperanza de que otros sectores sociales contribuyan a un país que necesita de tolerancia y de una Corte Constitucional que se vea presionada a tomar decisiones que logren impactar y transformar los asuntos más complejos que aún no nos atrevemos a enfrentar por incapacidad colectiva, conformismo social o radicalismo ideológico. La comunidad LGBTI lo logró y esperamos que sus líderes compartan las experiencias en otros sectores que necesitan de inspiración y motivación para emprender luchas que muchas veces se dan por perdidas.
Queda mucho que recorrer hacia la consolidación de un país verdaderamente laico y progresista en el ejercicio de los derechos. Sobre la mesa de debate siguen temas pendientes como la aprobación legislativa del matrimonio gay, el reconocimiento del derecho fundamental de las mujeres a abortar, la aprobación del uso de drogas blandas con fines recreativos o la prohibición y penalización de cualquier forma de maltrato animal, entre otros muchos.
Posdata: Senador Uribe, a propósito de su genialidad argumentativa sobre este tema, decir que “La promiscuidad puede surgir de ver que da lo mismo lo uno que lo otro, incluso de combinarlo, no es necesariamente homosexual o heterosexual”, solo nos fuerza a recordar a cierta tristemente célebre reina de belleza que aducía “…yo creo que la mujer se complementa al hombre, mujer con mujer, hombre con hombre y también mujer a hombre del mismo modo pero en un sentido contrario…”
* Docentes Universidad de La Salle
