La selección de nuevo fiscal general de la Nación lanza al elegido un desafío verdaderamente histórico. Se trata ante todo de recuperar la confianza nacional e internacional en una dependencia ahogada literalmente en cuestionamientos y desprestigio. Las encuestas lo evidencian con elocuencia. Son pocos los colombianos que creen hoy en ella. En segundo lugar, durante la última década, la criatura nacida en la Asamblea Constituyente de 1991, cuyo nacimiento pidió con nombre propio el asesinado líder Álvaro Gómez Hurtado desde 1976, viene sufriendo de enfermedad crónica de gigantismo.
En los últimos tres años la dolencia es acromegalia. Han crecido horrendamente sus manos, pies, mandíbulas y nariz hasta el punto de convertirse en un monstruo institucional que se introduce donde no debe, camina por donde no toca, habla lo que no le corresponde y coloca sus narices y huele en terrenos que le son prohibidos. Lo más grave, extiende sus brazos y captura a compatriotas inocentes de todo crimen.
El engendro demanda ya un conjunto de cirugías constitucionales y legales. Para comenzar, es imperativo instituir controles legales operantes y efectivos dentro de una agencia estatal especialmente poderosa. En Estados Unidos, por ejemplo, la entidad que equivale a la Fiscalía es el Departamento de Justicia que reporta directamente al presidente de la Nación. Lo propio ocurre en otros países más desarrollados. El fiscal no puede ni debe ser un funcionario omnímodo que se arrogue la potestad, como ocurrió con el último titular, de participar en forma activa en política y subordinar los fines de su agencia a sus personales antojos y caprichos.
El fiscal saliente entendió, por obra de la ausencia institucional del Ministerio de Justicia, que era él el gran formulador de política criminal estatal. Así ejerció. Haciéndolo, además, como rueda suelta del andamiaje estatal que se ufanaba de carecer de control y supervisión. Esto —la erección de controles actuantes— es la tarea inicial del funcionario que resulte elegido. Con la actual administración nacional y el Congreso tiene que presentarse el dispositivo que engrane la agencia en el escenario estatal.
Podría pensarse en un consejo rector, de procedencia estrictamente académica, de manera que especialistas de la más alta graduación lleguen bienalmente, en préstamo sabático de sus universidadea prestar este servicio.
Podría pensarse en un consejo rector, de procedencia académica,
con especialistas de la más alta graduación
que lleguen bienalmente, en préstamo sabático de sus universidades
En segundo lugar, urge replantear funciones de la Fiscalía General y entregar al Ministerio de Justicia un conjunto de tareas dispersas entre el ente acusador e investigador y otras oficinas del Estado. Por ejemplo, situaciones que tengan relación directa con la seguridad del Estado como porte ilegal de armas y explosivos serían asumidas por la unidad correspondiente en Minjusticia. También, denuncias e investigaciones sobre actividades de narcotráfico mayorista. Temas de inteligencia estatal como interceptación de comunicaciones. ¿Por qué razón? Estas y algunas otras materias, que impactan la seguridad del Estado, deben implicar la responsabilidad directa de funcionarios con accountability de naturaleza política, inmediata y fundamental, como son el jefe del Estado y el ministro del ramo.
Así ocurre con el Departamento de Justicia en Estados Unidos pero también en varios otros países. Pero hay más. El Ministerio de Relaciones Exteriores sigue manejando aún el trámite de refugios y dación de asilos, lo cual dejó de ocurrir hace decenios en todo el mundo civilizado. Un Minjusticia remozado debe asumir esta competencia.
La escogencia de nuevo fiscal general se presenta en una coyuntura excepcional. Cuando el país perdió confianza en un ente desbordado e irracional y, de otra parte, se precisa una cartera de Justicia fortalecida que asuma aquellos quehaceres que envuelvan la seguridad del Estado. Así la Fiscalía puede adentrarse en los padecimientos del ciudadano común, aquejado por delitos innumerables. Una Fiscalía más inmediata, proactiva y reactiva, por fuera de los temas de macroseguridad.
Política criminal y rescate de la justicia ordinaria completan el cuadro de este Ministerio de Justicia como pieza esencial del Estado. No se entiende que el actual ministro Yesid Reyes deba saltar ahora a la Fiscalía. Allí debería continuar con enfoque más firme y propositivo con la meta de reconfigurar el marco global de la justicia nacional.
Néstor Humberto Martínez es el candidato hecho a la medida para asumir la Fiscalía: experiencia en el Ministerio de Justicia donde demostró puño firme en la aplicación de sentencias estrictas, sin reducciones que rompen el carácter punitivo del sistema penal. Además, años de ejercicio limpio de su profesión. Si fuese poco, experiencia en programas judiciales en otros países en su paso por la banca multilateral y profesor universitario. Y un detalle que sus enemigos esconden: durante años superintendente delegado y superintendente bancario que persiguió y castigo la ilegalidad. En suma, conocedor profundo de las posibilidades y limitaciones del Estado.
Pero en Colombia estamos y ahora los pusilánimes de siempre esgrimen la crítica recurrente: es que Martínez ha hecho demasiado, es gran abogado y estudioso y, en consecuencia, hay que pararlo. Ejemplo: la columna de Antonio Caballero en Semana que empieza a circular. Otra muestra de la filosofía de la pequeñez colombiana y la insuficiencia de argumentos sólidos.
Ojalá la Corte Suprema de Justicia sepa acertar.
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La ceremonia infeliz protagonizada por el fiscal encargado Perdomo en un campo santo —esto es un cementerio— en Neiva en la exhumación de restos del sacrificado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla solo despierta repugnancia. Obligó a los familiares a esperar durante horas su arribo. Después, con invitación de medios que lo filmaran insultó al país y miembros de la familia que sólo deseaban intimidad en su dolor. ¡Epílogo digno de su gestión!
