Esta semana no habrá una convocatoria cualquiera a sesiones extras en el Congreso. El gobierno nacional no quiere "adelantar" la simple aprobación de un paquete de proyectos de ley, sino "intervenir" clínicamente la estructura del Estado en un osado intento. Gustavo Petro quiere desafíar el neoliberalismo de la Constitución de 1991, que paradójicamente "ayudó" a construir el mismo M-19, en el que estuvo como integrante.
Las sesiones extras se dan en condiciones sui géneris, porque en el pasado estaba cantado que cualquier iniciativa gubernamental sería aprobada —régimen presidencialista—. Sin embargo, las actuales circunstancias dejan en pronóstico reservado la agenda del gobierno, porque las partidos de gobierno estarían reconsiderando su respaldo a proyectos como la reforma la salud —lo que pondría en riesgo los votos necesarios para su aprobación—, influido presumiblemente en algunos casos por conglomerados económicos que al parecer han entrado en una confortación sistemática a cualquier iniciativa de Petro, incluso valiéndose de los medios de comunicación de su propiedad.
Este columnista siempre ha sido escéptico en cuanto a los "superpoderes" del legislativo, atribuido erróneamente por la mayoría colombianos. Esta es una rama del poder público bastante débil y enclenque, que no tiene iniciativa ni en el gasto ni en la planificación, hasta tal punto de que cualquier intento de modificación a la estructura central del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto General del Nación, Presupuesto Bienal del Regalías, Ley de Financiación Social o Reforma Tributaria debe contar constitucionalmente con el “visto bueno previo” del gobierno nacional, cuando en Estados Unidos las decisiones de tipo fiscal son discrecionales del Congreso y el ejecutivo debe someterse sin oposición alguna a las mismas.
A estas alturas, las condiciones son a otro precio, porque el descontento de sectores económicos a tan “osadas” reformas vendría a fortalecer políticamente al Congreso — que en muchos casos financian las campañas de los legisladores—, lo que podría anticipar una inevitable y nunca antes vista “operación tortuga” en las sesiones extras —incluso el apremiante Plan Nacional de Desarrollo—. Esto habría motivado al mandatario presidencial a buscar el respaldo a sus reformas en las calles, generando la inesperada pero sensata respuesta del presidente del Senado Roy Barrera, quien se sostuvo en respetar el conducto regular del Congreso, siendo este el primer escenario constitucional y legal para discutir este tipo de reformas.
La preocupación del presidente Roy Barrera no es para menos, porque al ser conocedor como nadie de la dinámica legislativa, y en consecuencia estandarte de la aprobación el año pasado de la agenda gubernamental, anticipa que usar la “carta” de la movilización popular vendría innecesariamente a indisponer y presionar —si se quiere deslegitimar— a la coalición de gobierno, incluso va a cerrar de un portazo la posibilidad de encontrar un respaldo de los partidos que se han declarados independientes o en oposición, en donde estos vendrían a jugar un papel definitivo en consolidar un necesario y apremiante “acuerdo nacional”.
Al inicio de las sesiones extras, el presidente Petro debe barajar nuevamente las cartas, para mantener y fortalecer esa coalición de gobierno en el Congreso, que permitió el año pasado la aprobación sin contratiempos de iniciativa tan complejas como la ampliación de la ley de orden público y la reforma política en primera vuelta, incluso dejar “pre aprobada” para las extras una adición presupuestal de alrededor de billones de pesos, por lo que no sería coherente ni presentable ahora una batalla campal entre estas dos ramas del poder público, que impediría consolidar en este período legislativo la abultada y compleja agenda del gobierno —como si lo ha tenido proyectado el presidente del Senado— incluidas las polémicas reformas a la salud y las pensiones.
Coletilla. Dado el momento tan coyuntural y sensible, un acierto sin precedentes ha sido el llamado a “dialogar” del presidente Petro al expresidente Álvaro Uribe el pasado viernes. Por esas paradojas del destino —el arte de la política—, el exmandatario sería definitivo para salvar la agenda gubernamental en el Congreso —incluidos salud y pensiones—. Es una sabia decisión dejar un canal abierto de comunicación entre los ahora jefes máximos del gobierno y la oposición.
El reto del presidente Petro es “reencontrar el foco”, calmar las aguas, concertar, escuchar y ceder en algunos aspectos, incluso con los grupos económicos del país, logrando además detener la aguda y recalcitrante oposición de los medios de comunicación nacional, a los que igualmente se les debe llamar al mencionado acuerdo nacional, escuchando de manera detenida y atenta sus reparos a las diferentes iniciativas del ejecutivo.
