Las leyes por ellos propuestas crean excepciones de impuestos para los poderosos dueños de la producción y las empresas multinacionales. Los más onerosos impuestos caen sobre los asalariados, no sobre los grandes dueños del capital.
Se favorecen las explotaciones mineras de empresas extranjeras, en tierras antes dedicadas a la agricultura, sin importar que sus agentes químicos, contaminen el aire, las fuentes de agua y produzcan muertes de los trabajadores y sus humildes familias que trabajan en las plantas de las empresas mineras de carbón, níquel, las productoras de asbesto, elemento hoy prohibido en casi todos los países del mundo, dados sus mortales consecuencias, de acuerdo a las estadísticas y recomendaciones de la OMS y la OPS, salvo en Colombia, pues las empresas productoras de plantas de este letal producto, financian las campañas de los senadores y representantes de su zona de influencia, a quienes se les encarga votar en contra de los proyectos que lo prohíben y hundir, ya en más de siete ocasiones, los proyectos presentados para su trámite y debate.
Pero son las pensiones uno de los rubros más aberrantes e injustos, concebidos por los presidentes, los Ministros de Hacienda y los grupos de legisladores, que se pliegan a los gobiernos de turno, presididos por los más grandes capitalistas, terratenientes y dueños de conglomerados empresariales sus patrocinadores y aportantes a sus campañas presidenciales, quienes se turnan entre sus familias, la presidencia de la república.
Los presidentes colombianos, luego de finalizar su período como mandatarios, tienen el derecho constitucional a recibir una pensión vitalicia y un esquema de seguridad, que garantice su vida y la de sus familias. En Colombia viven cinco expresidentes: Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Ernesto Samper, César Gaviria y Belisario Betancur. Además, hay cuatro viudas de presidentes que reciben las pensiones de sus esposos, una de ellas, esposa de uno que ocupó el cargo en el Palacio de Nariño, por solo nueve días y por tanto, aún recibe su pensión vitalicia.
Los costosos esquemas de seguridad de los expresidentes, su cónyuge supérstite, hijos y familiares están a cargo la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección, UNP. Esta gasta anualmente una cifra muy cercana a los once mil millones de pesos en personal, comunicaciones, armamento y vehículos para los expresidentes y ex vicepresidentes, alguno de los cuales posee cerca de 300 hombres que lo protegen 365 días al año día y noche, en el país y en sus frecuentes viajes al exterior.
Mientras los trabajadores se pensionan con un porcentaje del promedio de los últimos 10 años y se les incrementan en su pensión los aportes del 4 al 12% para cubrir su salud, los ex-presidentes devengan estas apreciables sumas: Álvaro Uribe Vélez: $25.838.213, Andrés Pastrana Arango: $21.956.000. Ernesto Samper Pizano: $21.956.000, Martha Blanco de Lemos, viuda de Carlos Lemos Simmonds: $21.956.000, por asumir la presidencia durante 9 días del mandato presidencial de Ernesto Samper Pizano.
Las pensiones de los expresidentes, los funcionarios de la justicia, el Congreso y algunos integrantes de los organismos de control le cuestan al erario público, es decir a todos los colombianos, más de 11 billones anuales.
Las abismales distancias pensionales son escandalosas: mientras la mayoría de los colombianos perciben unos USD $265 mensuales, los miembros del Congreso colombiano reciben USD $10.000 como salario, es decir, remuneraciones que resultan más altas que las de sus congresistas homólogos británicos, suecos y suizos, pero además, cuentan con numerosos privilegios: solo trabajan tres días a la semana, reciben pasajes de ida y vuelta a sus regiones de origen, cuentan con grandes unidades legislativas nombradas a dedo, a su voluntad, almuerzan varias veces a la semana por cuenta del Congreso y como disponen de tiempo se han apoderado de entidades enteras otorgadas por el ejecutivo, para garantizar su votación y respaldo a los proyectos de este, en las cuales nombran a sus parientes y coterráneos, a los cuales a veces les cobran una comisión de su sueldo, tienen esquemas de seguridad con vehículos de alta gama, policías y escoltas, algunos de los cuales han sido encontrados con cientos de millones de pesos en efectivo para hacer pagos del narcotráfico.
El congresista, a diferencia de los demás trabajadores que tienen quince (15) días hábiles de vacaciones remuneradas por cada año completo de servicios, solo trabaja dos sesiones: entre el 20 de julio de cada año y el 16 de diciembre y entre el 16 de marzo y el 20 de junio. Sin embargo, perciben sueldo y primas por el año completo.
De acuerdo con el normograma de Colpensiones (actualizado en su página web en mayo de 2017), los congresistas hombres se pensionan a los 60 años, mientras que una congresista lo hace los 55 años de edad. Hoy en día la edad de jubilación para los ciudadanos del común en Colombia es de 62 años para los hombres y de 57 para las mujeres, por lo tanto los congresistas se pensionan dos años antes que los ciudadanos colombianos del común.
Por ello una vez lograda su curul tratan de perpetuarse en ella, mediante la compra masiva de votos, el fraude electoral, el arreglo con miembros del CNE de aspiraciones legislativas, la designación de sus parientes, para que si pierden las elecciones, ellos sigan legislando en cuerpo ajeno familiar.
Desde hace mucho tiempo se sabe que los legisladores, lejos de lo pensado, no trabajan en beneficio del país, sino de sus propios intereses.
