Una semana antes de la decisión de la Corte Constitucional que le daría vía libre a la adopción de niños por parejas del mismo sexo, la senadora Viviane Morales empezó a actuar. Estaba segura que su indignación tendría eco entre miles de colombianos, defensores como ella de la familia convencional formada alrededor de la pareja de un hombre y una mujer que rechazan visceralmente la adopción por parte de las parejas del mismos sexo. Precisamente su esposo, Carlos Alonso Lucio, acababa de publicar el libro Cristianos, ¡salid del closet! en el cual desarrolla los fundamentos que defienden, desde la fe cristina, la familia convencional, con lo cual eran mayores los argumentos para buscar frenar la decisión constitucional. El camino escogido por la senadora, a su vez una abogada constitucionalista, era la recolección de 1.655.000 para exigir un referendo que le diera la oportunidad a los colombianos de votar a favor o en contra de la adopción de parejas del mismo sexo.
El viernes 27 de octubre del 2015, Viviane Morales lanzó en la iglesia cristiana Vida en acción, en el Barrio Santa Isabel en el sur de Bogotá, la campaña Firme por papá y mamá, una página en internet en donde, después de descargar un formulario, los ciudadanos simplemente firmaban, identificaban su nombre y su cédula.
Para esta campaña la ley le permitía a la senadora gastar hasta $3.000 millones. A Viviane Morales y su equipo de nueve personas en el que había varios pastores de iglesias evangélicas no les contó más de $20 millones el ejercicio en el que recolectaron 2.135.000 firmas en solo cinco meses.
Sin un comercial de televisión, sin avisos en la prensa y ayudado sólo por la página en internet llamada Firme por papá y mamá ciudadanos colombianos regados por todas partes del mundo se dieron a la tarea de recoger firmas: la odontóloga Fabiola Arcila, desde España, envío 600 firmas, Marina Murillo, de Bogotá, entregó 400, Gonzalo y Claudia Rojas, desde Chinquiquirá, recolectaron 5000. La senadora afirma que en su oficina reposan 130 mil folder que fueron entregados el martes 29 de marzo a la Registraduría. Una vez sean validadas al menos 1.660.000 para lo cual pueden tomarse 45 dias se seguirá con el siguiente paso, promover una ley que convoque al referendo que pasará a revisión constitucional.
Los argumentos de Viviane Morales van más allá de las convicciones religiosas. Según ella, en estudios científicos internacionales, que los niños que son adoptados por parejas de un mismo sexo crecen estresados, con baja autoestima, argumentos que desestiman autores como Andrew Solomon. Morales no duda en expresar su molestia con el homosexualismo con expresiones como que de las parejas gays como educadoras producen niños “ocho veces más propensos al homosexualismo”.
No fueron solo las iglesias cristianas las que contagiaron entusiasmo por las firmas, también se vincularon agrupaciones católicas que armaron jornadas de firmatón. En diciembre Cedecol, la organización de iglesias cristianas del país, se unió a la campaña.
La pareja de Ana Elisa Leideman y Verónica Botero abrieron el camino a la adopción de parejas del mismo sexo
Aunque el Partido Liberal, el que le dio el aval para aspirar al congreso, no comparte su campaña, la senadora cristiana ha apelado a la objeción de conciencia para desmarcarse de cualquier directiva que intente impedir la movilización contra la adopción igualitaria. Lo cierto es que Viviane Morales se le adelantó a la comunidad LGTB que ha sido muy activa en la defensa de los derechos igualitarios y que había logrado un espaldarazo clave de la Corte gracias a la tutela interpuesta por las pareja de lesbianas Ana Elisa Leideman y Verónica Botero quienes habían adoptado dos niñas en Alemania que fue revisada constitucionalmente. Logró un golpe que busca traducir en un referendo, uno de los mecanismos para derogar una decisión constitucional.
Con un uno por ciento del presupuesto que estipula la ley para estas campañas, y ayudada por miles de ciudadanos que hicieron de Firme por Papá y Mamá una causa propia, Viviane Morales ha dado un golpe de autoridad que será muy difícil de ignorar para la Corte constitucional.
