No obstante, pese a ser el “el mejor de presidente de Colombia” y el “Gran Colombiano”, según la retórica habitual de sus adeptos, su enorme espalda le impidió percibir varios de los aprietos en que terminaron involucrados sus más cercanos colaboradores, entre ellos se destacan los negocios con el agro colombiano. Sin duda el más conocido fue Agro Ingreso Seguro (AIS), en donde “en la feria del reparto de dineros del Estado a los poderosos (en una especie perversa de Keynesianismo invertido), se le repartieron miles de millones de pesos del tesoro público a terratenientes, ganaderos, reinas de belleza, empresarios de caña y agrocombustibles, paramilitares y narcotraficantes” [1]. Analicemos brevemente, entonces, algunas de las políticas de keynesianismo invertido relacionadas con el agro colombiano durante su gobierno.
En el Plan de Desarrollo 2002 – 2006, Hacia un Estado Comunitario, en el apartado denominado Manejo social del campo, se enuncian los principales lineamientos que guiarían las políticas para el sector agropecuario, entre las que se destacan el impulso de cadenas productivas, la consolidación de acuerdos regionales de competitividad, el fomento del desarrollo científico y tecnológico y el mejoramiento del acceso a los factores productivos y financieros.
En la política comercial agropecuaria propuesta en dicho plan se planteaba, además, la importancia de incrementar las exportaciones, impulsando acciones que permitieran la integración exitosa del país a las dinámicas de libre cambio. Para ello pretendía modernizar la producción nacional de manera que los productos agrícolas fueran competitivos en el mercado externo.
Olvidando la trascendencia de los pequeños productores, el gobierno incentivó la sustitución de cultivos transitorios de pancoger por cultivos permanentes para la exportación, como la palma de aceite y la soya, deteriorando la seguridad alimentaria de la población nacional. Esta política, con el incremento en los índices de exportación, disminuía el déficit de la balanza de pagos. Sin embargo, amenazaba la garantía de provisión de alimentos para el país, colocándole en situación de dependencia alimentaria.
Un instrumento del Gobierno Nacional para fomentar la producción de exportación fue la creación de medidas tributarias. Este es el caso de la “exención del impuesto a la renta líquida gravable para los cultivos de tardío rendimiento, específicamente cacao, palma de aceite y cítricos. De acuerdo con disposición del 20 de junio de 2003, el Congreso de la República eximirá a los productores de palma de aceite por un término de 10 años a partir del inicio de la producción” (Asociación del Trabajo Interdisciplinario –ATI–, 2003, pp. 93), debido a que el cultivo de palma es de tardío rendimiento, los pequeños productores no pueden sostenerlo, esta medida beneficia entonces a los grandes terratenientes, ahondando la consolidación del latifundio y la concentración de la tierra, así como el proceso de transformación del campesinado en un asalariado rural.
Basado en principios neoliberales y en la lógica de Estado Comunitario, el cual delega funciones estatales en cooperativas, organizaciones privadas, el sector solidario, entre otros, el Gobierno creó el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), asumiendo las funciones del INPA, del INAT, del Instituto Colombiano de Reforma Agraria y el DRI, los cuales fueron eliminados. “Con ello se dispuso la reducción de la planta de personal de 2.300 a 900 funcionario y el presupuesto de 95 mil a 35 mil millones de pesos” (ILSA, 2003, pp. 106).
Dentro del fomento y desarrollo tecnológico, uno de los programas bandera del Ministerio de Agricultura fue la promoción de cultivos manipulados genéticamente, los cuales a la larga resultarían peligrosos para el agro colombiano, debido a que “las semillas manipuladas genéticamente rompen el ciclo semilla-planta-semilla […] a diferencia de las plantas “tradicionales”, no regeneran las semillas a partir de la misma planta; lo cual implica que los campesinos se ven imposibilitados de guardar las semillas o intercambiarlas con otros productores y deben comprarlas” (ATI, 2005, pp. 122). Además, conlleva, necesariamente, a utilizar los insumos de aquellas mismas compañías para que la semilla de sus frutos, quedando en manos de unas cuantas corporaciones la soberanía alimentaria del país.
Igualmente el gobierno planteó impulsar el desarrollo de cadenas productivas con un enfoque regional para los principales productos agropecuarios, así como orientar la producción a las condiciones agroecológicas más favorables; promoviendo proyectos empresariales rurales, a través de esquemas tales como sistemas asociativos, alianzas productivas y microempresas rurales, comprometiendo al sector empresarial y a los productores grandes, medianos y pequeños en el desarrollo de procesos exitosos, competitivos, generados de producción y empleo (Conpes, 31 de octubre de 2005).
Sin embargo, la verdadera finalidad de impulsar las cadenas productivas era generar condiciones favorables para controlar la producción y comercialización de ciertos productos agropecuarios, beneficiando a grandes productores.
El caso de la leche es apenas un ejemplo que escenifica tan oprobioso hecho, “argumentando razones sanitarias, desde agosto de 2008 se hizo efectivo el Decreto 2838/2006 que prohibió la distribución de leche cruda a nivel nacional” (Morales, 2009, pp.122); beneficiando a las pasteurizadoras, las cuales cuentan con sofisticados equipos e infraestructura para su procesamiento, obligando a los pequeños productores a insertarse en la cadena productiva para lograr vender su luche, sometiéndose, además, a las reglas y precios que éstas impongan.
Incluso han tenido que botarla, como acaeció con los productores antiqueños, a los cuales las empresas no les quisieron comprar parte de su producción, desperdiciándose miles de litros de leche mientras estaban muriendo cientos de colombianos a causa del hambre y la desnutrición en diferentes regiones.
En 2008, similar a lo ocurrido con la leche, el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Agricultura, cambió la destinación del predio Carimagua, en principio destinado para las familias desplazadas por el conflicto armado, para entregarla en concesión al sector privado para la producción de agrocombustibles.
Además el programa célebre de Andrés Felipe Arias, Agro Ingreso Seguro, creado para “promover la productividad y competitividad, reducir la desigualdad en el campo y preparar al sector agropecuario para enfrentar el reto de la internacionalización de la economía” (Ley 1133 de 2007), favoreció casi exclusivamente a familias prestantes del país. “No se trató de incentivar la golpeada economía campesina, sino aumentar el potencial exportador de la agricultura comercial” [2]. A mediados de 2014 la Corte Suprema de Justicia lo declaró culpable por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado a favor de terceros, condenándolo a 17 años de prisión. Desde entonces, el fiel escudero de Álvaro Uribe Vélez, se encuentra prófugo de la justicia, muy a pesar de él, que lo consideraba su posible sucesor.
Así, los ocho años del gobierno de Uribe estuvieron signados por escándalos de todo tipo: muchos de sus parlamentarios fueron enjuiciados por sus vínculos con grupos paramilitares; sus directores, y otros funcionarios, del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fueron condenados por interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos y periodistas, así como por la infiltración de paramilitares y narcotraficantes en el principal organismo de inteligencia (Sic) del país; su Consejero de Paz (sic), Luis Carlos Restrepo, se encuentra prófugo de la justicia colombiana que lo busca por realizar falsas desmovilizaciones de integrantes de grupos armados, los cuales resultaron ser indigentes y delincuentes reciclados; su Jefe de Seguridad, Mauricio Santoyo, fue extraditado a Estados Unidos en donde confesó haber ayudado a líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia; varios de sus asesores fueron condenados por el escándalo de cohecho que permitió reelegirlo; incluso su hermano es investigado por sus nexos con paramilitares, hechos que, sin embargo, su enorme espalda le impidió darse cuenta.
Citas:
[1] Vega, Renán. (2012). El monstruo de la espalda gigante. Obtenido en Rebelión, 2005, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=152113 [2] Cecilia López Montaño. Agro Ingreso Seguro no es una telenovela. 9 de octubre de 2012.Asociación del Trabajo Interdisciplinario. (2005). Derecho a la alimentación. La cara dura de la pobreza. REELECCIÓN: EL EMBRUJO CONTINÚA. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Bogotá: Ediciones Antropos Ltda.
ILSA. (2003). Inseguridad alimentaria. El EMBRUJO AUTORITARIO. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Bogotá: Ediciones Antropos Ltda.
Morales, Juan. (2009). Lo rural y lo alimentario en el gobierno Uribe. ¿Continuidad o Desembrujo? Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Bogotá: Ediciones Antropos Ltda.
