Por fin se profirió el fallo de la última instancia en la demanda de acción de grupo impetrada por el abogado Carlos Mario Isaza Lafourie contra la empresa Promigas, solidariamente con el Ministerio de Mina y Energía; en representación de personas y familias que resultaron víctimas de la tragedia que causó varias muertes, quemaduras hasta de tercer grado, destrucciones de viviendas, antenas y retransmisores de tres emisoras en funcionamiento (Ondas de Riohacha, Radio Almirante y Radio Delfín). Esta última se repuso después de un largo receso de suspensión, que fue reconstruida. La primera y segunda, quedaron totalmente fuera del aire, por insolvencia económica de los socios, que invirtieron los recursos de la liquidación de prestaciones sociales e indemnizaciones, por motivo de retiros forzados, en la reestructuración de la gobernación de La Guajira, con la esperanza de vivir de la rentabilidad de las emisoras.
La explosión tuvo lugar el 21 de octubre del año 2001, a eso de las doce pasadas de la noche. Su impacto estremeció a Riohacha, con llamas que alcanzaban los 50 metros de altura, en un radio de por lo menos 300 metros a la redonda. Estas alcanzaron a ser vistas en el municipio de Manaure y el corregimiento de Camarones, despertando a los residentes, que salieron de sus casas, sin saber cuál era el camino de salvación. Muchos que duermen desnudos en el afán de salir de sus casas, poco les importó cubrirse el cuerpo, sobre todo las mujeres que inesperadamente se vieron alteradas y acosadas por el pánico originado por los estruendos espantosos que a todos desatinó.
No logré ser testigo del fatídico accidente, porque había viajado a la ciudad de Barranquilla, a los exequiales del primo Manuel Ramón Ariza Barros, padre de la honorable diputada Astrid Ariza Parra. Los medios de comunicación escritos registraron las imágenes de los daños y estragos, de igual forma, los comentarios en La Guajira, no eran otros, que la explosión de gas, las correrías y anécdotas de los hechos vivientes. La demanda de acción de grupo duró un término de 15 años por dilataciones ejercidas en términos procesales por la parte demanda, que tuvo todos los medios oportunos de defenderse, cuando lo correcto era haber conciliado con las víctimas para que los costos obligatorios de las pretensiones no se hubiesen elevado a su cargo.
Los fallos son de obligatorio cumplimiento, sin que sea necesario discutirlo, cuando queda en firme la sentencia judicial en última instancia, que debe acatarse. A la empresa Promigas, en condición de parte demandada y vencida en juicio contencioso administrativo, no le toca más que efectuar los pagos de cada una de las víctimas en las cuantías determinadas de manera expresa en relación con la liquidación de la providencia judicial. La ponente del fallo, aprobada por la Sala del Honorable Tribunal Contencioso Administrativo de La Guajira, fue la magistrada Carmen Dalis Argote Solano, quien manifiesta, que, hasta la fecha, no se ha interpuesto recurso de revisión, cuya instancia corresponde por competencia, al Honorable Consejo de Estado. El costo de la obligación, generada por la sentencia, del Tribunal Administrativo de La Guajira, es de $7.160 millones, que tendrán que pagar el Ministerio de Minas y Energía y la empresa Promigas, a las víctimas.
La Asociación de Industriales de Colombia (Andi) cuestiona el fallo, sin asidero que las ampare, calificándolo abusivamente de absurdo, sin precisar las causas, ni desvirtuar las pruebas. Aduce que el atentado fue cometido por las Farc, aludiendo la seguridad preventiva a cargo de Promigas. Si las Farc confiesan su responsabilidad en el trágico y funesto hecho que les descuenten de las partidas que les transfieren anualmente el gobierno de Santos. El director de la Andi, Bruce Master, en declaraciones a medios de comunicación manifiesta que constituye un grave precedente en la responsabilidad extracontractual, generando incertidumbre y lesiona la inversión privada. No se discute lo que no se puede desconocer, es que se causaron daños y perjuicios, que deben resarcir a quienes resultaron responsables en sentencia judicial.
El exgobernador encargado de La Guajira y presidente del partido Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, manifiesta que quien tendría que responder económicamente para reparar a las personas afectadas y pedir perdón tendría que ser la guerrilla y no la empresa, refiriéndose a Promigas ¿Por qué el presidente de la referida bancada política no increpa al presidente Santos para que este repita ahora contra la Farc?
