Las justificaciones que dan muchas personas al abogar por la libertad de Álvaro Uribe me recordaron una vez más ese horrible sentimiento de impotencia que caracteriza a quienes hemos estudiado historia y presenciamos cómo los hechos se repiten una y otra vez.
Es importante empezar por recordar que Colombia está dividido en tres poderes: el ejecutivo, que es el que gobierna y sus representantes son elegidos por voto popular; el legislativo, Cámara y Senado, que es el que propone y aprueba leyes y que también es elegido por voto popular; y el judicial, sobre el que recae la obligación de castigar y privar de la libertad, en caso de considerarlo necesario, y cuyos magistrados se eligen por una muy amplia trayectoria académica, experiencia y a partir de ternas propuestas por el Consejo de Estado, el presidente, el Congreso y las cortes. Además, existen los organismos de control que vigilan y sancionan a los funcionarios públicos, entre otras funciones.
La idea de la tridivisión de poderes surge justamente para evitar, en lo posible, la politización de ellos. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no militan, y no deben hacerlo, en ningún partido político. Por tanto, no pertenecen a la “derecha”, al “centro” o la “izquierda”. La propuesta de una constituyente, encabezada por la senadora Paloma Valencia, por el contrario sí tiene una clara postura política, pues es producto de su inmaculada simpatía por Uribe. Con esta propuesta, lo que se hace es desacreditar las facultades legales de la Corte Suprema de Justicia y enviarle un mensaje claro de desacato y burla hacia su poder. Es decir, la Corte Suprema de Justicia representa el máximo tribunal de justicia del país y como la senadora y su partido no están de acuerdo con la decisión que tomó la corte, entonces pretenden cambiar la Constitución Política, pues la corte debe someterse a la normativa de la Carta Magna.
La posición del presidente Iván Duque, quien es la cabeza del ejecutivo y como tal debe gobernar y no actuar como “asesor jurídico” de la Corte, es también una intervención política. “Sugerir” a la Corte Suprema cómo hacer su trabajo es como si un contador le sugiriera a un médico cómo operar de corazón abierto. No hay lugar y es una falta de respeto.
Este peligroso panorama revivió en mí el sentimiento de impotencia que me genera leer libros de historia y percatarme de que, aunque han pasado uno, dos o tres siglos, la sociedad colombiana mantiene estructuras mentales retrógradas. Las atrocidades que Estados Unidos hizo para “defenderse” de la expansión del comunismo soviético durante la Guerra Fría, por ejemplo, vuelven a mí con preocupación. La justificación que da Claudia Palacios ante la posible implicación de Uribe en las masacres de campesinos, niñas y mujeres inocentes o la creación de grupos paramilitares a cambio de una supuesta “seguridad” es macabra y aberrante.
No hace falta explicar por qué es perversa la posición de la periodista, pero ante la inmensa desinformación recordaré al lector que la cantidad de muertos que ha habido en la historia en nombre de la “libertad” o la “seguridad” ha sido innumerable. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, la “seguridad” de Estados Unidos como nación capitalista se vio en peligro mientras existió una sociedad comunista como la Unión Soviética. Por eso, a la gran potencia del norte no le tembló la mano para crear armas químicas como el Agente Naranja y el Napalm con tal de eliminar todo rastro comunista de Vietnam, así eso significara asesinar cerca de seis millones de personas, más de siete veces los muertos que ha dejado el coronavirus en el mundo hasta la fecha.
Es esto lo que apoyan quienes justifican las barbaries que Uribe cometió desde sus gobiernos en aras de una falsa “seguridad”. Porque les recuerdo, también, que muchos municipios del país seguían atormentados bajo el yugo de los paramilitares y los habitantes temían perder su vida mientras el “gran colombiano” aunaba esfuerzos durante sus gobiernos por acabar con las Farc, sin interesarse en perseguir con ese mismo empeño a las conocidas autodefensas.
Es una irresponsabilidad profesional y humana que periodistas como Vicky Dávila desvíen la atención del problema central (si Álvaro Uribe es culpable o no), sembrando dudas respecto al fallo de la corte, al enfocarse en los “archienemigos” del senador, como si se tratara de un cómic policíaco. También es una arbitrariedad aberrante señalar, por ejemplo, que si se demuestra la culpabilidad de Uribe saldrán a la luz y serán juzgados por la justicia muchos otros procesos en su contra, como los falsos positivos, las masacres y el paramilitarismo.
Combatir la guerra con armas solo lleva a más guerra. Recuerden que cuando Estados Unidos temía que el sistema capitalista fuera reemplazado por el comunismo, ordenó a sus países “aliados”, desde su agencia de inteligencia, eliminar a todas las guerrillas insurgentes que se reconocieran como comunistas o de izquierda. Fue esta, entre otras razones, la que llevó al gobierno de Guillermo León Valencia a masacrar la región de Marquetalia y así empujar a una serie de campesinos inconformes para armarse bajo las órdenes de Manuel Marulanda Vélez (Tirofijo). Por eso son tan aberrantes las justificaciones que rondan en las redes sociales y algunos de los principales medios de comunicación al asegurar que no importa cuántos crímenes haya cometido Uribe si estas acciones eran para acabar con las guerrillas comunistas.
Asegurar, como han hecho algunas periodistas, que “el fin justifica los medios” es estar de acuerdo con las cientos de masacres de personas inocentes e invitar a la violencia y a la guerra. Es decirles a las nuevas generaciones que si tienen una causa que les parece “justa” pueden pasar por encima de quien sea, redefiniendo la justicia a su antojo. Es, además, reconocer abiertamente que Álvaro Uribe es culpable de los crímenes más atroces de los que se le ha acusado.
