Como efecto del No se han colgado toda suerte de argumentos que, en vez de aclarar la situación y ser propositivos para apropiarnos de la paz, han logrado degradar la discusión hasta llegar a argumentos en verdad poco atractivos, que llevan de un tajo a negar la institucionalidad, como si el No permitiera semejante expediente mental.
Ahora, por promocionar el Tribunal Especial aparecen, qué sorpresa, defensores del nuevo orden, como si no hubiesen sido los patrocinadores de lo que ahora, repito, qué raro, critican pero siempre aplicaron y, lo más sorprendente, ayudaron a crear: nos invadió el Adanismo.
Colombia, en contra de todo prospecto y muy en contra de los designios, posee una tradición jurídica que envidarían países de nuestras latitudes y que, sin razón, renunciaron a lo que es propio: el sistema de justicia.
La justicia colombiana, es nuestra experiencia, ha resistido toda clase de atropellos, ataques y vejámenes; recuerden ustedes la época del narcotráfico y de los carteles de la droga; vivir era una proeza, casi una coincidencia y, la justicia sobrevivió; o cuando materialmente la quemaron en el asalto y doble asalto a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, siguió dispensándose justicia y, en verdad, sobre sus propios muertos; o cuando resistió el ascenso al poder, la cooptación del paramilitarismo a las ramas del poder público; y, al lomo del conflicto se siguió con la administración y resolución de conflictos. Y, allí se encuentra.
Por esos hitos, entonces, ¿se debe desconfiar en ella? ¿O desconocer los aportes al buen suceso social o por los resultados de control social alcanzados?
Y, cuando se opuso a la extradición de los jefes de autodefensa; cuando se realizó el control a los políticos que sedujeron o se dejaron seducir por los grupos de autodefensa; cuando se inició la transición, en la justicia transicional; cuando propuso la comisión de la verdad; allí, la opinión aparentemente aceptó y, la comunidad internacional terció a su favor; la justica como aparato y función fue respetada, en sus decisiones y funciones, hasta por la Corte Penal Internacional.
¿Que el aparato y la función, por la aplicación
de la ley de justicia y paz, ya no sirven o,
en mejores términos, ya no son útiles? ¿Y eso... desde cuándo?
¿Qué ocurre hoy? ¿Que el aparato y la función, por la aplicación de la ley de justicia y paz, ya no sirven o, en mejores términos, ya no son útiles? ¿Y eso... desde cuándo?
Sí, señoras y señores, recordemos: la gestión de Estado con los grupos armados de poder denominadas autodefensas, se inicia con una propuesta de lo que se llamó ‘Alternatividad Penal’ que consistía, palabras más palabras menos, en amnistía e indulto para sus miembros y, si se observa con cuidado, para sus contactos o relacionados; la discusión fue fuerte, casi que el poder de esos grupos se enfrentaba a las fuerzas de la población civil encarnadas en varios congresistas y hasta las ONG; se produce la ley de Justicia y Paz; y, al paso, la Corte Constitucional al realizar el control constitucional, reproduce el estándar internacional y la Suprema Corte lo pone en ejecución; todo ello, en protección de la víctima; en su ejecución, el que fuera un experimento de justicia transicional, hizo que de experimento pasara a la aplicación de los tratados de derechos humanos y de cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario; fue el esfuerzo de expertos en la materia; varias visitas hubo de la Corte Penal Internacional, existe desde entonces el monitoreo sobre Colombia por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y, jamás ha presentado reparo alguno.
Que no exista cultura de transición,
en lo que se lleva en escena, es posible,
pero más impensable es creer que con “magistrados” no iniciados
se puede hacer cultura donde tanto precedente se ha alcanzado
Se critica hoy dicha ley porque en su aplicación no se resolvieron todas vulneraciones y no se condenó a todos los perpetradores; eso es posible; pero ahora también se habla de priorizar; ello sucedió y, cuarenta decisiones finales se han logrado, obvio: es justicia en serio y no en serie; pero en igual racero no se presentó displacer o llamado de atención de las oficinas de control o supervisión de los derechos humanos y, menos por la organización que creó el Estatuto de Roma. Que no exista cultura de transición, en lo que se lleva en escena, es posible, pero aún más impensable es creer que con “magistrados” no iniciados se puede hacer cultura donde tanto precedente se ha alcanzado.
Y ahora, frente a precedentes e institucionalidad se pretende, solo se pretende, pues el No ganador lo ha impedido hasta ahora, una justicia paralela. ¿Cuál la razón? Ni idea. Solo que no hay cultura, que no se confía en la justicia y que debe haber una diferencia con todo lo anterior. Cuidado. Incomunicar de esa manera el precedente y la cultura jurídica del país, es la peor respuesta a los alcances en materia de derechos humanos que se habían logrado; es decir, no existe argumento atendible para la creación de una justicia paralela.
Publicada originalmente el 13 de octubre de 2016
