Nos hemos solidarizado con las causas sociales en la defensa de los niños, no solo porque merecen toda nuestra protección y afecto, sino porque los hemos considerado las semillas que perpetuarán la historia de nuestra nación originaria. Hemos alzado nuestra voz por los niños víctimas de la desnutrición, del maltrato y de la violación por parte de quienes acuden a la cultura para maquillar sus aberraciones. En esta línea de solidaridad con las causas sociales por la defensa de la vida y la naturaleza en el territorio wayúu expresamos hace cuatro años nuestra indignación por varios casos de violación de niñas wayúu en La Guajira.
En los tiempos antiguos, sümaleiwa o sümaiwa, el acto aberrante de la violación era una terrible transgresión que motivaba la determinación del destierro del infractor, el hecho incluso podía derivar en guerras interclaniles. Eran tiempos en que los wayúu solucionaban sus diferencias, agresiones y faltas mediante mecanismos de solución de conflictos que posteriormente se descubrieron como sistema normativo. Eran tiempos del auge de la manera wayúu, sukuaipa wayúu, para volver a estar bien. Eran tiempos en donde la noción de DD. HH., DIH, diálogo intercultural en la administración de justicia y mecanismo alternativos de solución de controversias no se habían asomado.
La noticia de la violación de un niño de cinco años genera en primera instancia una sensación de fuerte indignación. De entrada es inevitable recordar el artículo 44 de la Constitución vigente en Colombia, y el ideal de que los niños son la semilla de la nación cultural que queremos legar a las nuevas generaciones y que por lo tanto los niños son intocables. Es inevitable también pensar en la angustia y el dolor de un pequeño indefenso de cinco años ante la fuerza física superior y el pensamiento enfermizo sobre una humanidad frágil ahogada en el llanto. Es inevitable preguntar: ¿qué harías tú si te encontraras con una escena así y la víctima fuera tu hijo o sobrino de cinco años?
No se puede defender lo indefendible con la idea de la administración de justicia propia, la idea de autonomía como elemento de administración de justicia propia debe tener una excepción. La violación no es una falta cualquiera que se pueda solucionar como si se tratara de un acto menor. El sistema normativo wayúu no se va a derrumbar si se ponen a dialogar los dos sistemas de justicia en aras de una sanción ejemplarizante, y que tenga como punto en común el reconocimiento y resarcimiento moral, económico de las familias, y la recuperación de la condición moral, psicológica y social del niño.
Frente a quienes dicen que la cárcel no es un buen mecanismo porque no rehabilita a las personas, también es preciso recordar que quien comete el acto de violación de un menor lo hará en cualquier momento, a pesar de las compensaciones que pueda otorgar por el daño causado. Por otro lado, resulta inquietante la credibilidad de quienes puedan actuar como mediadores en este conflicto, es momento de volver a la credibilidad de los portadores de la palabra y sus voceros institucionales, para recuperar la autonomía en la administración de la llamada justicia propia.
Mientras la administración justicia propia no se asuma con las características ceremoniales con que se realizaba antes, mientras la palabra y la memoria no se sienten con firmeza para resarcir el daño psicológico y moral del niño, la medida preventiva de privación de la libertad debe ser el camino mientras se pone en marcha el diálogo intercultural entre las dos formas de justicia, pensando en la profunda afectación de la humanidad del niño víctima de este acto degradante.
