Uno, como "ciudadano de a pie", que padece los altos porcentajes de impunidad ante la criminalidad corriente, se queda pasmado al ver y sentir una justicia que opera a punta de impactos de opinión y de escándalos para tratar de limpiar su deteriorada imagen y la desconfianza generalizada que se ha ganado merecidamente cuando en amplios sectores se sabe que en este país las injusticias son comunes, graves e interminables. La corrupción, el tráfico de influencias, fallos y sentencias compradas y sesgadas, no se hacen esperar cotidianamente.
Hay miles de ejemplos del caos e ineficiencia de los órganos de justicia. Casos por los cuales se pasean procuradores, magistrados, jueces y fiscales, en los que a pesar de existir suficientes pruebas y testigos de lo que ocurre en la criminalidad, obedecen a intereses externos que obstaculizan el desarrollo y definición de una verdadera justicia. Algunos juristas colocan trabas, dilatan procesos, entorpecen las decisiones acudiendo a todas las artimañas que admite la ley, permitiendo que las personas buenas, humildes o que actúan de buena fe, más si son de escasos recursos económicos, sean las que prioritariamente purguen en las cárceles bajo condiciones de hacinamiento y con violación de sus derechos primarios. Y cuando los verdaderos criminales, peces gordos generalmente, por algo extraordinario llegan a ellas, disfrutan de celdas individuales y muchos privilegios, entre ellos las indecorosas rebajas de sus penas. Además, según estudios técnicos certificados, un 75 % de la población colombiana considera que en algún momento de su vida ha sido violada su seguridad jurídica o que se ha cometido una injusticia. Por eso, no hay credibilidad en la justicia.
Este recuento porque el pasado martes un nuevo escándalo estalló en Popayán por la detención de un concejal, un diputado, el asesor jurídico de la Alcaldía y el representante legal de una asociación de mineros artesanales de La Sierra, entre otros, sindicados de supuestos delitos relacionados con la minería ilegal. Si uno analiza detalladamente lo ocurrido, por la calidad moral de los implicados y las características de los hechos, puede válidamente pensar que se trata de otro falso positivo, que llevado a la justicia ordinaria, se convierte en el escándalo esperado por los oportunistas judiciales y mediáticos para tapar el anterior escándalo, y por qué no, hasta justificarlo haciéndole sentir al colectivo social que todos los funcionarios son corruptos, lo cual es una temeridad mayor, y muy distinto a los verdaderos criminales que se escudan y se favorecen con los nuevos estruendos, que hacen olvidar el de ayer, y se preparan para el de mañana.
El asunto es que iniciando el mes de febrero pasado autoridades uniformadas decomisaron menos de un kilo de oro en Popayán y lo dejaron en custodia en la Alcaldía porque supuestamente provenía de las minas ilegales de Almaguer. Los afectados trataron de demostrar que ese oro no tiene procedencia criminal con la certificación del alcalde de La Sierra, municipio donde tiene domicilio principal la asociación de mineros propietaria del metal. Con el documento/prueba van donde el diputado que los conoce, porque también había sido alcalde de La Sierra y le piden que gestione la devolución porque el oro no proviene de Almaguer. Como es un asunto con la administración de Popayán, este le asigna el encargo de su intervención al concejal, quien a su vez pide el concepto del asesor jurídico, logrando al final la devolución de lo decomisado. Hasta allí parece una actuación de buena fe, solidaria; pero como se había puesto una denuncia por la incautación y se había iniciado un proceso judicial por la procedencia supuestamente criminal del metal, saltó la liebre, y el escándalo fue muy bien aprovechado por quienes lo necesitaban, desencadenando declaraciones y boletines de prensa en los cuales hablaron de un inusitado golpe a una banda delincuencial, a la cual le encontraron un "alias", conformada hasta por los funcionarios públicos.
Pues bien, esa acuciosidad selectiva de la justicia en ciertos casos, para mí, es sospechosa, es rara, porque en Santander de Quilichao, y en Buenos Aires, y en Suárez, y en las riberas del río Palo, y hasta hace poco en Munchique, y en La Vega, y en Almaguer, y en otros sitios del sur del Cauca, y de la costa, sigue vigente la minería ilegal y criminal a ojos de todos, de uniformados de la fuerza pública, de operadores de justicia, de procuradores y defensores del pueblo. Todo el mundo sabe que de vez en vez causa decenas de muertos, destrucción del medio ambiente y contaminación de las aguas para el consumo humano y animal, y trae inmersa una gran actividad delincuencial común ligada a ella, las autoridades han visto inclusive la devolución ilícita de maquinaria pesada y una permisividad administrativa en toda la cadena, y nadie decide nada, toda la criminalidad reinante. Eso no es escándalo porque para todo el enlace administrativo-jurídico eso se convirtió en un asunto ‘normal’.
Releyendo los primeros párrafos, para proceder a firmar esta opinión, rectifico las palabritas "rara" y "sospechosa" que utilicé en la idea anterior porque me parece que el nuevo caso que nos ocupa desde Popayán, ratifica una actuación mediática y oportunista de la justicia colombiana que no es "rara", ni "sospechosa", al contrario, sistemática.
