En el año 2017 la Fiscalía General de la Nación procedió a castigar hechos de corrupción en Santander, entre ellos el caso del alcalde de Barichara por el proyecto de vivienda de interés social La Primavera.
Israel Alonso Agón Pérez, el mandatario, desde el 9 de septiembre de 2017 se encuentra en casa por cárcel por los delitos de urbanización ilegal, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, peculado por destinación oficial diferente, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción.
De otra parte, a Leandro Johanne Sánchez Silva (contratista) y Pedro Felipe Mujica Mantilla (exsecretario de Planeación) el juez les impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad.
Tras varios meses intentando avanzar en las audiencias se ha dificultado conseguir el normal desarrollo del proceso, lo anterior debido a que los abogados de la defensa han logrado suspender las audiencias programadas de manera reiterada.
“Unos abogados se preparan para defender a sus clientes, pero a veces, también para dilatar los procesos”, es lo que considero como víctima de este proceso.
Los afectados nos preguntamos si se estará realizando la comprobación de las repetitivas excusas de los apoderados, si se están aportando los soportes para justificar las inasistencias, si se estará incurriendo en faltas disciplinarias.
Son preocupantes los constantes aplazamientos por la actuación de los abogados defensores de los procesados, y de esta manera ver paralizada la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado. Si bien este tipo de solicitudes constituyen un derecho, parece existir mala fe en la aplicación de las vías de derecho con el ánimo de entorpecer o demorar el normal desarrollo de los trámites legales. Detrás de un aplazamiento viene otro, y con ello el abuso a la facultad que les permite a los abogados solicitar el aplazamiento de las audiencias.
Pese a que el juez ha manifestado en varias oportunidades que “no va a permitir que se vayan a vencer los términos” siguen las prácticas dilatorias de la defensa vulnerando los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, y en especial a acceder a un recurso judicial efectivo.
Es inadmisible que en un proceso con ocho delitos y miles de pruebas termine en una burla al sistema judicial del país. Si los abogados no pueden asistir que se nombren defensores de oficio.
