Desde hace algunas semanas, un grupo de personas y colectivos de mujeres y hombres, venimos reuniéndonos en Cali, intentando ampliar nuestra comprensión de los feminicidios en el municipio y el país, su tipificación como delito con la nueva ley, la actitud de la sociedad, la respuesta estatal, la manera como se nombra en los escenarios comunicativos, etc.
Pretendemos con las claridades obtenidas, construir una estrategia de movilización social e incidencia pública en torno al tema que ojalá logre con-mover conciencias y voluntades tratando de aproximarnos a la vida libre de violencias como horizonte.
Casi al inicio de nuestra convocatoria, llegó la familia de una de las víctimas, buscando acompañamiento y eso cambió radicalmente la comprensión y aproximación al tema, que ahora además de cifras, tiene rostros e historias concretas sobre las cuales interactuar.
De todas las situaciones que la familia ha tenido que afrontar en medio de esta dolorosa situación, no hay una que profundice tanto el dolor y la indignación de la familia como el trato recibido por la justicia: errores de los investigadores judiciales que permiten contaminar las escenas de los hechos, fiscales con tratos despectivos y agresivos que maltratan y revictimizan a las familias con frases como “no haga de esto una telenovela” o desestimulan la denuncia anunciando “si quieren ver resultados, prepárense para esperar 20 años” o ponen en duda la palabra de las víctimas afirmando que “para toda madre su hijo o hija es santa, aunque después se sepa que era un sicario” o la peor de todas, la frase amenazante acerca de que “si “x” o “y”, el casose archiva”.
Adicionalmente, el fiscal nunca acopió pruebas, nunca pidió conceptos técnicos de expertos, desestimó pruebas contundentes de la violencia previa ejercida por la pareja de la víctima, y para colmo: después de diez meses de no hacer nada, el caso fue trasladado a otro fiscal y en el camino, se extraviaron los videos, la historia clínica y todo lo que la familia había conseguido, ante la ausencia de una fiscalía que hiciera su tarea juiciosa.
Ante esto, nos hemos dado a la tarea en este grupo, de analizar qué hace que un funcionario o funcionaria operadora de justicia pueda tener este tipo de actitud francamente desobligante hacia las víctimas y usuarias/os del sistema. Al respecto, logramos concretar este tipo de argumentos:
De contexto:
- Las instituciones que hacen parte del sistema judicial son lugares con estructuras y dinámicas hostiles, de edificios sombríos, de hacinamiento, de sobrecarga de trabajo, con tratos fuertes y faltos de cortesía entre funcionarios/as. Dicha hostilidad entonces,se traslada fácilmente a la hora de atender a otras personas (víctimas, familias)
- Dado el carácter piramidal de esa estructura, las personas encargadas de hacer justicia comprenden el poder que tienen en sus manos de una manera jerárquica y hasta despótica. La posibilidad o no de mandar a alguien a la cárcel, por ejemplo, otorga mucho poder a una persona, pues sus decisiones pueden determinarle la vida a otras personas. Esta interpretación distorsionada del poder se vuelve problemática y pueden manipular y maltratar con su uso indebido.
- El personal en las instituciones de Justicia no está en todos los casos por vocación, sino por cuotas políticas e intereses de ese tipo. Los cargos pueden ser parte de “favores” entre políticos/as y dinámicas de partidos.
Ceguera y soberbia: Mezcla mortal
- El discurso del derecho se considera “neutro” cuando en realidad puede estar enmascarando creencias, ideas y convicciones personales. Por ejemplo aquellas ideas patriarcales que ubican a las mujeres en lugares de desventaja a nivel social o aquellas ideas atávicas de la mujer como provocadora y culpable.
- El personal de las instituciones tienen interiorizado un sistema de creencias que puede obstaculizar los procesos y las investigaciones alrededor de las violencias en contra de las mujeres. Lo que se crea alrededor de la familia, la heterosexualidad, la religión, la pareja o el “deber ser” de hombres y mujeres por ejemplo, pueden ser barreras a la hora de escuchar testimonios y versiones de un caso y actuar al respecto.
- Hay ceguera y desconocimiento de género en las personas encargadas de movilizar la justicia. No se reconoce, ni se piensa crítica y reflexivamente que las relaciones de género en nuestra sociedad son desiguales (hombres con mayores privilegios y las mujeres con mayores desventajas) y que conducen incluso a los crímenes de odio, al feminicidio. Esto se ve reflejado en omisiones repetidas de “detalles” en las escenas de crímenes, en desestimar alertas, en no hilar casos, factores de riesgo, antecedentes, etc.
- No hay una buena coordinación al interior de la Fiscalía entre las entidades que tratan los temas de la violencia de género. Esto se refleja en que la mayoría de los y las funcionarias no estén actualizados en los avances legislativos: Aplican leyes obsoletas y no la ley 1257 del 2008. Algunas personas en la rama judicial, todavía hablan de conceptos como “ira e intenso dolor” o llaman obligatoriamente a conciliaciones. Tampoco tipifican el delito de feminicidio, sino que lo hacen como homicidio. Hay una gran oportunidad con la reciente ley 1761 de 2015, también llamada Rosa Elvira Cely, de actualizar la mirada acerca de los factores culturales y estructurales detrás de cada proceso de violencia de género que termina en feminicidio.
- Hay un lenguaje que desprecia, desconfía e intimida a las víctimas. Son constantes las re victimizaciones producidas por funcionarios/as al maltratar a las familias y victimas con frases y dichos que intentan desde disminuir/ignorar su dolor hasta hacerlas sentir culpables de los hechos.
Es por todas las situaciones descritas y seguramente por muchas más que se escapan a las capacidades de este colectivo, que nos interesa de manera contundente decirles a las y los operadores de justicia:
- Que las víctimas merecen respeto, que no están solas, que su palabra es sagrada y que además las apoyan movimientos sociales y sectores de la sociedad a quienes les duele que las violencias se sigan perpetuando en la vida cotidiana y en las porpias instituciones encargadas de administrar justicia.
- Que las violencias de género y su caso extremo los feminicidios, son violaciones graves a los derechos humanos y asuntos de gran interés público y por eso deben ser comprendidas y abordadascon todo el rigor académico y ético por personal de justicia. Ya no es una opción: es un deber.
- Que la Fiscalía se considera como el lugar en que el comienza la posibilidad de reparación de las víctimas.Que en sus manos están muchas posibilidades de transformar la vida de las personas. Que sus acciones son importantes en la historia de vida de muchas mujeres y que cada funcionario y funcionaria, pueden ser un modelo para otros y otras por sus buenas prácticas.
En fin, tenemos la esperanza y firme convicción de que sin grandes heroísmos, solamente haciendo la tarea que les corresponde con una dosis de humanidad, rigor académico, actualización en los nuevos paradigmas del derecho y mucha ética, la rama judicial del país puede ser el escenario que represente la reparación y la dignificación de las víctimas en este país. Empecemos por quitar la venda de la justicia frente a los feminicidios.
Reproduzco el mensaje de Sonia Vásquez Mejía en twitter, titulado “cifras indignantes”:
