Lo que nos han dicho esta semana sobre los testaferros de las Farc es muy grave, si es que llega a ser verdad probada y judicializada. Si se demuestra que los miembros del secretariado, en colectivo o como individualidades, utilizaron para lavar sus ingresos unas empresas llamadas Supercundi, Merkandrea y Mercafusa eso podría sacarlos de la Justicia Especial para la Paz y mandarlos a la justicia ordinaria a pagar sus culpas por fuera del acuerdo que de hecho estarían incumpliendo.
Por supuesto, es importante recordar, todos los ingresos de las Farc eran ingresos ilegales pues provenían de actividades como el secuestro, el boleteo, los robos a establecimientos y, sobre todo, el impuesto al gramaje o el narcotráfico directo como al parecer también ejercieron. Eso se sabía desde siempre porque una guerrilla es una colectividad por fuera de la ley, pero el gobierno aceptó negociar la paz con pleno conocimiento de esta situación, bajo la condición de que pararan todas estas actividades y entregaran sus bienes para reparar a las víctimas.
Y eso hicieron o por lo menos eso fue lo que nos contaron. Mandaron una lista de activos donde incluyeron hasta trapeadores, exprimidores de naranjas y otros enseres. Sorprendidos por la exhaustividad de este inventario, no se les preguntó mucho sobre esos ítems o quienes se atrevieron a hacerlo recibieron respuestas destempladas y quedaron como enemigos de la paz. Ahora, tal vez se pueda tener la explicación que se buscaba. Los trapeadores, ollas y exprimidores son los que se venden en los supermercados de sus testaferros. Así entenderíamos, por fin, la lógica de incluirlos en este inventario.
Este es un nuevo tropiezo en ese posconflicto de muy difícil implementación. Primero apareció el problema de los disidentes con el Paisa a la cabeza, después el de la proliferación de los cultivos ilícitos que se desbocaron y generaron alzamientos contra la erradicación y en todo este tiempo además se ha dado la situación gravísima de los asesinatos de líderes sociales y reinsertados. Para completar ahora aparece este fabuloso negocio de comercio en cabeza de los miembros de una familia que hasta hace apenas una década era propietaria de una humilde tienda en Ciudad Bolívar.
Hay que cruzar los dedos para que el eficiente fiscal general,
tenga muy bien sustentada esta intervención
que golpea el acuerdo de La Habana como torpedo de submarino vargasllerista
Hay que cruzar los dedos para que el eficiente fiscal general, doctor Néstor Humberto Martínez tenga muy bien sustentada esta intervención que golpea el acuerdo de La Habana como un torpedo disparado desde un submarino vargasllerista. Que por favor no vaya a ser otro falso positivo judicial como los que tiene acostumbrado hacer en momentos críticos. Recordemos que no ha pasado nada con los detenidos por la bomba en el Centro Andino y no resistiríamos que en pocos días los tres miembros de una familia que figura como propietaria de esas tres grandes cadenas de supermercados, salgan libres por falta de pruebas y de remate nos toque a todos los colombianos indemnizarlos con nuestros impuestos, por daños y perjuicios.
Ah, porque el operativo montado contra estos establecimientos sorprendió a todo el mundo menos a los saqueadores que como una sola persona salieron a desbaratar las estanterías de manera simultánea en varios municipios. Se trató de una reacción, como mínimo, extraña. Parecería que alguien dio la orden de arrasar con las tiendas y generar el mayor daño posible. ¿Quién responderá si hubo equivocación o improvisación? Pues no será Néstor Humberto, ni sus aliados los Char o su candidato Germán. Pero eso sí, el caso ha sido muy llamativo y muy apropiado para recordarnos en plena campaña electoral que todavía hay cuentas pendientes con las Farc.
Esperemos que cuando al recién elegido senador Iván Márquez lo llamen en la JEP a contar la verdad bajo juramento, nos diga si es cierto o no que los propietarios de Supercundi, Merkandrea y Mercafusa son las Farc o la exitosa familia Mora Urrea.
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