Juan Manuel Santos tiene una bien ganada fama de jugador de póker -que él mismo reivindica-.
Esta habilidad no solo le sirvió para hacer su carrera política sino le ha permitido gobernar con las cualidades que ese juego exige. Básicamente la capacidad de engañar, bien sea para aparentar poco juego cuando tiene cartas ganadoras, o para 'cañar' o 'blofear' para ganar con un juego perdedor. Esto con el complemento de una cara dura, para que no se delaten sus emociones; y una capacidad de apostar duro con o sin juego, para que no puedan sus contrincantes descubrirlo por el monto que pone en riesgo.
Las últimas jugadas muestran un posible nuevo jugador, ahora de billar a tres bandas. Por lo menos así lo esperan quienes consideran que los casos de las declaraciones de Pinzón respecto a los viajes de Timochenko a La Habana o la calificación de Panamá como 'paraíso fiscal' no pueden no haber sido calculadas.
Lo del ministro de Defensa sería explicable: era inevitable y además conveniente que se supiera lo de los viajes del jefe de las Farc; de un lado la prensa y la oposición ya estaban tras esto, y de otro era necesario confirmar la seriedad y el compromiso de las conversaciones (para todas las partes: la guerrilla misma, los negociadores del Gobierno, la opinión nacional y los colaboradores internacionales).
Lo que no se podía era que el gobierno fuera quien tomara esa iniciativa: en parte porque sería una violación a la confidencialidad (pretexto que ha usado la guerrilla para levantarse de la mesa o para endurecer sus pretensiones); en parte porque aparecería como una 'derrota' por la presión de quienes exigen más publicidad y trasparencia en lo que sucede en Cuba.
Un error o 'chispoteada' del ministro —o que cedió a la tentación de hacer protagonismo pensando en una eventual candidatura— son poco probables. Que fuera 'a las espaldas' del presidente, se contradice con la cercanía y la relación que lo han puesto como su hombre más cercano. Y que el Dr. Santos hubiera autorizado esos viajes sin que el ministro lo supiera es inverosímil; pero aún más inverosímil que si así fuera ni el subalterno renuncie ni su jefe lo destituya por servir de munición a la oposición. Conclusión (que sacan sus seguidores): Santos sabe jugar a tres bandas.
Esto se aplicaría también a la especie de guerra económica declarada a Panamá.
La economía panameña es fundamentalmente una economía de servicios: vive alrededor del Canal, de la Zona Libre de Colón, de ser un centro financiero, de lo que permite como estructura societaria, de su oferta como bandera para las naves, de sus posibilidades como centro de reaseguros, etc. Pero es imposible que eso no se conociera al momento de tomar la decisión.
Al igual que es imposible que no se supiera que eso se plasma en sus leyes que desde la Constitución hasta las normas penales lo reflejan (la violación a la reserva bancaria está tipificada penalmente).
También sería insólito que no se conociera que existe la Ley de Retorsión que no solo permite sino obliga a 'revirar' contra las agresiones económicas (como se considera esta).
Ni que no hayan evaluado las posibilidades ni las eventuales dimensiones de esta: los costos para las sociedades colombianas con filiales en Panamá (es la mayor inversión de la banca colombiana, y a su turno controla el 26 % de la banca de allá); el daño a las proveedoras colombianas de bienes o servicios allá (Argos es el principal suministro de cemento para el nuevo canal; ISA tiene pendiente un contrato de 450 millones de dólares para montar la línea de energía con la que además vendería 250 millones de dólares anuales a ese país); ¿qué tal la posibilidad de denunciar el Tratado de Montería?; ¿o la de prohibir la participación de firmas colombianas en las licitaciones públicas? en fin...
Razones o justificaciones para esa declaratoria claro que existen: la evasión tributaria, la lucha contra el contrabando, cortar las fuentes de financiación del terrorismo, etc... Todas ciertas pero sin prueba alguna que producirían el resultado esperado; ¿que es necesario obedecer la ley colombiana que obliga a hacer el listado de paraísos fiscales? No se ha cumplido desde que se emitió (como ha sucedido con normas incluso constitucionales como los estatutos de la oposición o del trabajo; además no se consideró importante en el primer mandato, ¿porqué ahora sí?)
La pregunta central es: ¿qué resultado se esperaba? ¿Que Panamá abandonara su posición histórica y cambiara todo el sentido de su economía? ¿Que cediera todo lo que no ha cedido ante Brasil, Argentina, Chile y todo el listado de países que nuestro gobierno muestra para probar que tenemos la razón? ¿Que pesara más la relación con nosotros que su eventual ingreso a la OCDE que tampoco ha logrado eso?
¿Será esto una carambola a tres bandas que no entendemos o será una jugada de un tahúr que espera hacer correr a la contraparte?
