Los giros que el gobierno impulsa en la política de seguridad nacional son tan importantes como necesarios, así los adelante sin consideración a los intereses que afecta, sin darle tiempo al diseño en detalle de los nuevos ni a las adaptaciones que exigiría esta tarea. Petro replantea los conceptos y doctrinas que guiarán las acciones militares mientras los mandos entrenados física y mentalmente para otra forma de entender y enfrentar las amenazas se descolocan. La nueva doctrina aún no tiene una formulación precisa para que se extienda hasta el terreno de operaciones, pero el remezón ya tiene mareados a más de un uniformado y a varios que descolgaron sus Arturo Calle o sus Ermenegildo Zegna.
De otra parte la inseguridad urbana que tanto baja la calidad de vida de la ciudadanía, exige una respuesta integral con las instituciones de justicia, y con soluciones sociales que reduzcan la oferta de potenciales criminales. Es un proceso que también exige expertos, estudios y conocimientos precisos. Y tiempo. Lo mismo ocurre con el rediseño de la política para asegurar el imperio de la ley en las zonas rurales en especial las integradas a la cadena narco. Y un tercer flanco, los riesgos a la soberanía nacional que surgen de los reajustes geopolíticos regionales y globales y de la necesidad de proteger los recursos naturales en la era del cambio climático, también requiere un enfoque integral.
Las anteriores tareas ilustran la dimensión enorme de la tarea, que es fácil formular de manera verbal pero difícil de plasmar en planes operativos, con cronogramas y asignación de recursos. El número de personas y entidades involucradas (cerca de medio millón entre soldados, oficiales, policías, agentes, empleados administrativos); el presupuesto que compromete el 3 % del PIB nacional; el talento en conocimientos y experiencia en operaciones y el tiempo que toma ejecutar todas las tareas, es retador.
En la sola contratación para mantener la actividad militar y de policía, con toda la logística que conlleva, se mueven unos intereses de dimensiones preocupantes. La venta de armas, municiones y pertrechos; o la proveeduría y la infraestructura y logística desde uniformes hasta botas y carpas, o la atención de la salud y la instrucción y entrenamiento permanente, han creado intereses y negocios de gran calado que no desaparecerán de la noche a la mañana.
Los riesgos de hacer semejante reajuste institucional sin lograr previamente el compromiso y la compresión de los mandos y consiguiendo los expertos que deben ejecutarlo, podrían llevar a neutralizar las transformaciones que se necesitan. Una política de seguridad mal diseñada, sin los recursos adecuados, o mal gestionada, fracasa. En vez de mejorar la seguridad ciudadana se habrían desperdiciado recursos humanos y económicos. Las consecuencias serían negativas para la sociedad. Se pasaría del entusiasmo a la decepción y se podría volver al uso de la doctrina obsoleta, lo que sería el peor el escenario.
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Hacer semejante reajuste institucional sin lograr previamente el compromiso y la compresión de los mandos y consiguiendo los expertos para ejecutarlo, podrían neutralizar las neceesarias transformaciones
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Colombia ha tenido dos momentos de transformaciones militares fallidos y exitosos. La operación Lasso de los años sesenta para acabar a las autodefensas de Tirofijo, que marcó el inicio de las operaciones contrainsurgentes norteamericanas en el continente bajo la doctrina del enemigo interno fue un desastre. A pesar de su planeación, del uso por primera vez de una capacidad aérea de movilización de tropas y bombardeos y de la preparación de tropas especiales, los resultados d la operación en el mediano y largo plazo fueron un fracaso.
En vez de derrotar a los rebeldes que (simplificando) eran un grupo de campesinos liberales desplazados en busca de paz para cultivar a su manera, la operación en Marquetalia y aledaños los radicalizó. Los campesinos que perdieron sus gallinas y marranos como se quejaba Manuel Miranda, crearon las Farc como organización político militar y se expandieron por todo el territorio nacional sumando 25.000 hombres en armas, varios miles de secuestros, miles de mutilados, centenares de poblados destruidos y de soldados y policías muertos en ataques. Las Farc pusieron en jaque al estado y se inició el improvisado proceso de paz del Caguán que llevó al segundo cambio notorio en la política de seguridad, el Plan Colombia.
El Plan Colombia diseñado entre conocedores y expertos colombianos y norteamericanos implicó una inversión por parte de Estados Unidos de USD 10.000 millones a lo largo de diez años, con el reentrenamiento y reequipamiento de las fuerzas militares. La profesionalización de soldados, el reclutamiento acelerado de millares de reclutas y policías, el desarrollo de una gran capacidad de movilización aérea y la incorporación de modernas tecnologías de inteligencia, crearon un marco de acción para que las operaciones militares cambiaran la ecuación. El conjunto de acciones, coordinadas y con indicadores de eficiencia y resultados, permitió arrinconar a las Farc.
También llevó a excesos y desmanes como los bombardeos indiscriminados, los falsos positivos, las detenciones arbitrarias que tanto daño le hicieron a población inocente, y a la imagen de las Fuerzas Militares. Pero el objetivo estratégico de quitarle la iniciativa a la guerrilla se logró y el estado pudo iniciar y culminar el proceso de paz en el siguiente gobierno, una decisión política que correspondía gestionar al poder civil.
Una parte clave del talento reformador del Plan Colombia se centró en recolectar información de inteligencia acertada, con criterios de validación y evaluación. Consolidar la capacidad de análisis para darle el uso correcto a la data recogida era la base para planear acciones efectivas a todo nivel. Ocurría antes que las distintas unidades de inteligencia (policía, ejército, DAS, armada) competían entre ellas, se ocultaban información, tenían objetivos diferentes y su eficacia era baja. Eran pequeños feudos para satisfacer podercitos locales.
Lograr la integración de las informaciones, construir la confianza entre las distintas inteligencias y la creación de la Dirección Nacional de Inteligencia, fue un paso significativo. Pero la dirección de esta entidad se dejó en mandos militares como era la tradicional frente nacionalista, cuando lo usual es que la visión política civil asuma el mando.
En este sentido el gobierno Petro da un gran paso con la designación de Alberto Casanova, pues recuperar la conducción civil de la inteligencia es fundamental para el éxito de la estrategia de seguridad. Casanova es un conocedor de asuntos de inteligencia así su hoja de vida no lo refleje, y asegura una visión alineada con la reorientación en la que está empeñada el gobierno y seguramente sabrá sembrar entre sus sorprendidos subordinados la confianza necesaria para que entiendan que la resistencia entienda los cambios de tiempos.
Las agencias internacionales de inteligencia también se sienten despreciadas y a alguien se le puede ocurrir que el gobierno debe sentir que se está equivocando. Saltan las alarmas porque los organismos de inteligencia han sido herramientas tácticas, clandestinas e ilegales, de los distintos gobiernos. Han sido usadas para neutralizar, desprestigiar y extorsionar a los adversarios, opositores y contradictores, cometiendo todo tipo de excesos y violaciones a los derechos humanos y convirtiéndolas en una fuente inagotable de corrupción y malas prácticas.
Las críticas abiertas, soterradas y a veces desesperadas de los desplazados del control de las instituciones de seguridad, reflejan la complejidad de las tareas que enfrentarán los funcionarios y mandos designados. Sumar la voluntad de la sociedad de cambiar la política de seguridad, sumar la voluntad de los militares para asumirla y sumar capacidad de acción con los recursos necesarios para lograr los resultados operativos esperados, es una tarea indispensable en la que el gobierno y la sociedad necesitan tener éxito.
