John Marcos Torres, delegado para la promoción de la libre competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, está al frente de dos misiones especialmente sensibles. Una, establecer si detrás de la súbita suspensión de operaciones de Viva Air se oculta una presión para que el gobierno de Gustavo Petro acepte la integración de las dos compañías. Por otro, debe analizar setenta terabytes de información que ofrecerían evidencia sobre un cartel de equipos de futbol para pagar el mismo sueldo –el salario mínimo- a las jugadoras de la liga profesional.
Las dos investigaciones se producen en medio de una coyuntura particular generada por el proceso de selección de un titular de la superintendencia de Industria y Comercio, cargo ocupado como encargada por María del Socorro Pimienta, una funcionaria que ha trabajado allí durante los tres últimos gobiernos.
Sobre Torres han llovido por estos días dardos y flechas disparados desde distintos flancos. En un flanco se mueven los potenciales afectados por las investigaciones y en el otro los interesados en abrirle espacio a candidaturas distintas a la de la superintendente Pimienta.
Entre los críticos más acérrimos de la actual superintendencia está Pablo Felipe Robledo, un anti-petrista pura sangre que dirigió ese organismo de vigilancia durante el gobierno de Juan Manuel Santos y oficia hoy como abogado del Deportes Tolima, uno de los primeros clubes de fútbol sometido a visitas e inspecciones en desarrollo de indagaciones todavía preliminares sobre cartelización o acuerdo de voluntades entre los equipos para fijar los salarios, práctica que atentaría contra los principios de la libre competencia.
Promotores de la aspiración de Ingrid Soraya Ortiz Baquero, directora de posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia., aseguran en público y en privado que Torres es un “lazarillo” de la actual superintendente desde la época en que se desempeñaba como jefe de asesores de su despacho.
Adrian Neuhauser, presidente de Avianca, habló ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes en el marco de la investigación que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio
El miércoles 8 de marzo, mientras la superintendente y su delegado atendían una citación en la Comisión Sexta de la Cámara para explicar las particularidades del caso Avinca-Viva, algunos medios pusieron a rodar a la versión según la cual el verdadero poder en la superintendencia lo tienen, tras bambalinas, por un clan familiar barranquillero encabezado por Euclides Torres, uno de los zares de las concesiones del alumbrado público en el país.
De los Torres se ha dicho de todo. Inclusive que han sido testaferros de Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, quien se ha presentado en reuniones de empresarios acompañado por Euclides Torres.
Tanto la superintendente como su delegado se abstenido de replicar públicamente las críticas y los ataques pues no quieren caer en lo que, para ellos, puede ser una trampa para que tengan que declararse impedidos. Sin embargo, otras fuentes de la superintendencia aseguran que lo único que existe entre Euclides Torres y John Marco Torres es una coincidencia de apellidos porque ni siquiera se conocen.
Los rayos, centellas y saetas que llueven por todos lados contra los funcionarios a cargo de esas investigaciones en las que están en juego miles de millones de pesos llamaron la atención de columnistas como Ramiro Bejarano. “Raro –escribió Bejarano en sus redes- que apenas la SIC inicia visitas sorpresivas a 11 sedes del futbol por prácticas anti competitivas se desata campaña de desprestigio contra Súper (e.) María del Socorro Pimienta. ¿Qué poderosos dirigentes del fútbol y reconocidos abogados están moviendo esta desinformación?
La Procuraduría General de la Nación ha metido baza en el asunto y periódicamente invita a los investigadores a rendir informes sobre marcha del proceso sobre la integración de dos aerolíneas. Aunque el propósito del Ministerio Público, según sus delegados, es el de buscar un acuerdo conciliatorio similar al que recientemente sirvió para que fuera dirimida la disputa entre la Superintendencia de Servicios Públicos y la Consejería de Transparencia contra la Alcaldía de Barranquilla por las acciones de la Triple A.
No obstante, no está claro si, en medio del esfuerzo mediador, también hay Una vigilancia de la Procuraduría a los funcionarios de la superintendencia, como lo han solicitado abogados de las compañías aérea y de los cubes de fútbol.
¡Cuáles son los intereses que merodean en estos casos? Pronto podría saberse.
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