Se acostumbraba en la antigüedad ejecutar al portador de malas noticias. Desde los tiempos de Las vidas, de Plutarco, y Antígona, la literatura reporta la actitud de los jefes militares en combate, receptores de malas noticias, de matar a quienes las traían. Quizás se debía al estado de ánimo contrariado que tales noticias causaban o pudo haberse debido al hecho de que portar noticias negativas se consideraba un asunto de mala suerte.
Con todo, el advenimiento de derechos humanos y de medios modernos de comunicaciones no han desterrado del todo la costumbre de asociar lo terrible de un acontecimiento a su anuncio, denuncia o simple comunicación. “Matar al mensajero” sigue gozando de buena salud, sobre todo en los regímenes autoritarios, en cuyos contextos se le asocia a políticas de censura y de restricciones de las libertades de expresión y de información.
El paro nacional que recientemente propició el alzamiento de prácticamente todo el país contra la política uribista y las políticas ineptas, autoritarias y violatorias de los derechos fundamentales desencadenadas por la administración Duque Márquez fue también el escenario de una escalada no vista antes de la brutalidad de la fuerza pública contra la sociedad colombiana. Mayormente en los centros urbanos como Bogotá y Cali, la policía convirtió las calles en escenario de guerra y le dio a la población inerme el tratamiento de ejército en combate. A sus desmanes, la fuerza pública se valió de la participación de civiles que, bajo su amparo, cometieron actos de violencia y emplearon armas de fuego contra los manifestantes. La información de los excesos de la autoridad y de sus procedimientos conexos, como la corrupción y el despilfarro y apropiación indebida de los recursos públicos, ha llevado a que la misma ciudadanía afine sus instrumentos de discernimiento a la hora de consumir las noticias que provienen de los medios más importantes.
Ya no es un secreto para nadie en Colombia que medios como la revista Semana, el diario El Tiempo, las cadenas RCN, Caracol, NTN24 entre otros, constituyen el primer círculo de seguridad del régimen en el poder. Sus reportes del paro nacional dedicaban adjetivos como “terrorismo” para describir el ejercicio de la población a la protesta legítima, enmudecían la presencia de infiltrados de la policía que instigaban la violencia y la destrucción de bienes públicos y privados y elevaban a la categoría de mártires a los oficiales de la fuerza pública que disparaban contra la población. El equilibrio en la información lo establecieron los medios independientes. Desde aquellos que albergan a periodistas menos parcializados y de renombre hasta los conformados por ciudadanos, mayormente jóvenes, que informaban desde las mismas calles asediadas por la fuerza policial, el país pudo conocer, a través de las redes sociales, otras dimensiones que permanecían ocultas en virtud de la censura impuesta por los medios ya nombrados. No obstante, las amenazas de castigo penal que en su momento lanzaron altas figuras del régimen Duque Márquez, tales como el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Armadas, se han empezado a hacer realidad en los últimos días. En efecto, el comité local de derechos humanos-Suba lanzó una alerta temprana el pasado 27 de octubre cuando denunció la detención arbitraria de dirigententes sociales que realizan labores de prensa y la Asociación de Medios Alternativos en Resistencia (A.M.A.R.) denunció la gravísima situación que enfrentan estos líderes.
Hace tres años, la Sociedad Interamericana de Prensa, en su asamblea anual en Salt Lake City, denunció que a lo largo del hemisferio se ha “consolidado un patrón de agresiones que afecta el ejercicio del periodismo y que proviene tanto del crimen organizado como de autoridades y gobiernos”. Esta denuncia describe con claridad lo que se cierne sobre el periodismo en Colombia. No se trata tan solo de un régimen que busca imponer un relato singular que lo retrate como un gobierno que busca el bienestar de la población y la pulcritud en el ejercicio de la política, sino que, además, es un régimen que está seriamente comprometido con el avance del crimen organizado en el país, mayormente el dedicado al narcotráfico. Así que el origen doble de las amenazas que denunció la SIP hace tres años se hacen realidad en Colombia.
Las detenciones arbitrarias de las que han sido víctimas periodistas independientes en Colombia se explican en el sentido de que su delito consistió en haber difundido informaciones que ubicaron el estallido social de 2021 en el contexto de las políticas adelantadas por el actual gobierno. El relato alternativo de los medios independientes permite ver las relaciones directas que hay entre el estallido social y las grandes políticas públicas de desatención a la población durante la pandemia, la corrupción estatal, sus nexos con el crimen organizado, la destrucción del medio ambiente, la persecución a líderes sociales y los atropellos a la niñez y a la juventud.
La difusión de tales noticias no es considerada portadora de malos augurios. Tampoco pone en entredicho la imagen pública de los líderes en el poder cuyo descrédito ha caído a niveles de los que nunca podrán recuperarse. Antes bien, esa información pone al descubierto la carencia absoluta de capacidad administrativa y de visión para lo público que caracteriza al actual gobierno en cabeza de Iván Duque Márquez. El régimen busca hoy silenciar a los mensajeros de esa noticia para que no se propague tal incapacidad administrativa y la corrupción. Esto es, los mensajeros de esas noticias ponen al descubierto la gran mentira sobre la que el establecimiento colombiano ha construido su proyecto durante décadas. Las noticias que estos mensajeros hoy silenciados están compartiendo apuntan a que el uribismo solo pudo capturar la administración de todo un país por sus conexiones con redes sofisticadas del crimen organizado.
Matar al mensajero para que la noticia no sea real. O porque la noticia lo es. Hoy se les silencia, y en Colombia es como si se les matara.
