Ante todo pronóstico, el panorama en Venezuela dio un giro absoluto fuera de los escenarios que en las luchas recientes estuvieron sobre la mesa para una posible caída del régimen de Nicolás Maduro. Como si la república misma se negara a desaparecer a pesar de las continuas ofensas y desplantes que ha recibido, una oportunidad inmejorable se abrió paso en el horizonte venezolano: la ilegitimidad de Nicolás Maduro se hizo efectiva tras consumar el acto delictivo de usurpar la presidencia de Venezuela el 10 de enero, tras unas elecciones que fueron desconocidas por el pueblo, la comunidad internacional y la Asamblea Nacional como único poder legítimo.
En los 20 años de la tiranía nunca estuvo tan cerca una salida pacífica, entendiendo que a pesar de ser imposible una alternativa democrática por vía electoral no existe nada más inminente que un cambio de gobierno por vía constitucional; avalado por el artículo 233 de la carta magna sin la necesidad de una refrendación popular que estaría, bajo todos los cánones, influenciada y viciada por el poder electoral en manos del régimen. Una vez más la nefasta oposición venezolana, en cabeza esta vez de Juan Guaidó, está jugando con la esperanza del pueblo, pintando un panorama de liberación que carece de todo fundamento. Esto no es más que otra patraña similar al plebiscito de julio de 2017 y el vacío de poder decretado por la Asamblea Nacional.
En el contexto histórico de la premisa que atañe a Venezuela en este momento existe un precedente de suma importancia a recobrar. Luego de una guerra federal entre 1859 y 1863, que tuvo un costo tan alto como los últimos 20 años de tiranía, Juan Crisóstomo Falcón revivió la moribunda república con un decreto de garantías que estableció un nuevo orden social, económico y político para el país. Comparar las acciones del Mariscal Falcón con las del supuesto presidente Guaidó es un despropósito; no es equiparable en ninguna medida un decreto que contemplaba desde lo deductivo la nueva estructura del país a declaraciones superficiales en las que el presidente de la Asamblea Nacional repite frecuentemente que todo el parlamento asumirá la responsabilidad histórica que la constitución le confiere. Hasta el momento no han avanzado ni un milímetro para tal fin.
Por opiniones como esta Rafael Poleo nos llama radicales; Henrique Capriles nos considera una secta; para la oposición colaboracionista somos una amenaza tajante por el simple hecho de pensar con sentido crítico, rebatir los pobres argumentos que intentan profesar y desenmascarar un modus operandi que ha mantenido a la tiranía en la cúspide del poder por la falta de compromiso y el miedo a perder los privilegios que han cosechado por debajo de la mesa en 20 años de revolución. Radicales por condenar que Guaidó no asumiera la presidencia el 10 de enero y condenados por una mediocre declaración del supuesto presidente un día después, donde no dijo nada diferente a lo anterior. Una secta por reclamar que con cabildos abiertos y palabras al aire no se derroca a una dictadura, unos pesimistas por avizorar de manera clara que todo este montaje opositor no es más que una trapisonda para mantenerse en boca de todos.
Es falso lo que repite Guaidó acerca de sus intenciones para asumir semejante responsabilidad. De ser cierta su juramentación como presidente encargado de la república se hubiera efectuado el día 10 de enero. Si lo que dice fuera pertinente no habría sido necesario un pronunciamiento del TSJ en el exilio para exhortar a Guaidó a asumir la presidencia el 11 de enero. Si estuviera convencido de las acciones no postergaría hasta el 23 de enero una supuesta convocatoria a protesta para respaldar sus responsabilidades, por el contrario, hace mucho tiempo habría denunciado las irregularidades dentro del parlamento nacional que impiden la consolidación de una verdadera democracia en Venezuela.
¿Cómo pretenden que no sospechemos de una captura fingida a Guaidó cuando han perdido toda clase de credibilidad frente al pueblo? ¿Acaso quieren que confiemos luego de ver como Julio Borges (anterior presidente de la AN) se reunía en el flamante hotel Meliá con los séquitos del gobierno? ¿Podemos creerles luego de que Capriles Radonski reculara en una elección que ganó pero perdió al día siguiente? ¿Acaso no genera desconfianza asistir a elecciones regionales en octubre de 2017 cuando le gritaron a la comunidad internacional que los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente de julio de 2017 eran ilegítimos?
Es lógico el actuar a favor de la tiranía. Necesitaban darle a Guaidó el piso político y mediático que no tiene con un supuesta captura. Julio Borges negociaba su residencia futura en República Dominicana y posterior exilio a Colombia, Capriles Radonski evitó las mazmorras de Ramo Verde conformándose aun con un sitial de poder en la gobernación de Miranda y Acción Democrática necesitaba ganar al menos 4 gobernaciones para mantenerse a flote económicamente recibiendo todo tipo de coimas mediante estos cargos. El manejo de la situación por parte de la “oposición” venezolana en cabeza de la Asamblea Nacional ha sido tan desafortunado y nefasto como los 20 años de la dictadura venezolana. Es imposible entender cómo se han desaprovechado tantas oportunidades por culpa de los intereses personales. En definitiva nadie quiere poner a la patria por encima de su bienestar.
Después de analizar esta serie de hechos es factible llegar a una fatídica conclusión: al día de hoy la única diferencia en el escenario venezolano es que Nicolás Maduro no es legítimo pero gobierna; Juan Guaidó es legítimo pero no quiere gobernar.
