Fuga de dineros al exterior, falsificación de documentos oficiales y fallas en procesos administrativos, derivaron en la perdida de la personería jurídica de la Fundación y tienen enredado penalmente a Marulanda, el ex director de Pisingos.
Una loable iniciativa de un grupo de 22 familias que desde 1968 ha ayudado a cerca de 80 mil niños desprotegidos, terminó por convertirse en una plataforma para favorecer los intereses personales de Juan Carlos Marulanda Echavarria, quien ofició hasta el 2012 como director de la entidad, luego del fallecimiento de su fundadora, Rosa Vásquez de Escobar en el 2007. Durante ese periodo, Marulanda protagonizó una malversación de recursos con al ánimo de engordar sus cuentas personales.
Entre las múltiples irregularidades, recopiladas en sanción que fue ratificada por el ICBF, llaman la atención las movidas de Marulanda Echavarria. Se detectó que entre los años 2005 y 2012, el otrora director de Pisingos, desvió recursos de la Fundación por $850 millones con destino a una cuenta en Londres y además venía utilizando sistemáticamente los dineros de la Fundación en gastos personales como pago de arriendos, servicios públicos, planes de salud, teléfonos celulares de los hijos o en mesadas de universidad.
La indignación se apoderó de la Junta Directiva de la Fundación cuando las actuaciones de Marulanda salieron a la luz, y no se conformaron con removerlo del cargo, también lo denunciaron penalmente y hoy enfrenta un proceso que lo puede dejar tras las rejas. Otro factor que motivó la sanción, que le significó la pérdida de la personería jurídica, por un término de tres meses, tiene que ver con inconsistencias de orden administrativo: Por ejemplo, un embargo de $152 millones contra la Fundación por la empresa para el telemercadeo Phone Contact S.A.S. A ello se sumó que la cuenta donde consignaba los aportes el ICBF también estaba embargada, al igual que su sede principal ubicada en el norte de Bogotá. También se encontró que a un grupo de empleados de Pisingos les adeudaban salarios hasta de un año.
Caso aparte resultó el del revisor fiscal de la Fundación. Según el ICBF, el contador Luis Alberto Álvarez certificó pagos de la seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales, aun cuando no habían sido pagados por la Fundación oportunamente.
