Una tarde de mediados de 2005, cuando su permanencia en la subdirección del DAS, la institución entonces en cabeza de Jorge Noguera, parecía insostenible por cuenta las acusaciones que llovían en su contra, José Miguel Narváez aceptó reunirse con un periodista de la vieja revista Cambio. Tomaron un café frente a la clínica Palermo de Bogotá, donde se encontraba convaleciente un familiar del funcionario.
Lucía nervioso y se declaraba crispado por las denuncias que él atribuía a ONG de izquierda y aseguraba que querían pasarle cuenta de cobra por sus estrechas relaciones con las Fuerzas Militares y por el apoyo de “inteligencia calificada” que él estaba proveyendo para ganarle la guerra a la subversión en Colombia.
Rememoró sus épocas como profesor y conferencista invitado de la Escuela Superior de Guerra y como guía académico en cursos de estado mayor. Mientras rompían el hielo el reportero le preguntó que sí era cierto que llegaba a sus clases con una tula repleta de libros sobre doctrina anticomunista y los desplegaba en el piso.
“Bueno, sí, a veces”, respondió sonriendo y explicó que ese parte de su método de trabajo para invitar a sus alumnos a leer, a cuestionarse, a no pasar entero.
“Pero eso es lo mismo que algunos testigos dicen que usted hacía cuando visitaba los campamentos de Carlos Castaño y jefes paramilitares”, le dijo su entrevistador.
“¿Ah sí? ¿Y quién lo dice? Porque si usted publica algo así me hace enorme”, replicó Narváez tratando de mantenerse calmado. “Lo dicen ante la Fiscalía desmovilizados de las autodefensas de Córdoba y entonces llama la atención esa coincidencia”, le replicó el reportero.
Tras advertir que esa versión les daría munición a sus enemigos de la ONG y a los “diplomáticos del terrorismo que buscaban desprestigiarlo en el exterior”, Narváez quiso darle un giro a la conversación. Prefirió hablar de sí mismo como un hombre estudioso que, al margen de sus convicciones políticas, amaba la disciplina académica y cultivaba con la misma pasión sus conocimientos como economista.
Se describió como un hombre hogareño, que seguía viendo por sus padres y como alguien que había tenido éxito con el impulso y crecimiento de pymes, como aquella que él había fundado años atrás: una fábrica de tejidos en lana y ajuares para bebé.
Le vendrían tiempos aún más difíciles. Las investigaciones sobre sus vínculos con los paramilitares y como presunto determinador de crímenes de personas cuyos nombres aparecieron previamente en “listas de inteligencia” que el DAS les entregaba a las AUC, cobraban cada vez mayor asidero.
Lejos de atenuar el chaparrón en su contra, la desmovilización masiva de paramilitares que se acogían a la Ley de Justicia y Paz y la posterior extradición de algunos de sus jefes, surgieron más testigos de su vida clandestina. Personajes como ‘Don Berna’ confirmaron que José Miguel Narváez fue un asiduo colaborador de esos grupos paramilitares y que, para él, como rezaba el título de una de sus “cátedras”, no era un delito matar comunistas.
El beneficio de la duda que podría otorgársele desapareció tiempo después cuando fue vinculado al proceso por la muerte violenta del periodista Jaime Garzón, ocurrida el 13 de agosto de 1999, y su posterior condena a 30 años de prisión como determinador del crimen. El juez de la causa consideró probado que fue Narváez quien convenció a Carlos Castaño de que los contactos de Garzón con las Farc -a las que acudía para conseguir la libertad de personas secuestradas- lo convertía en un peligro.
Durante la época de la investigación varias personas hicieron declaraciones en el mismo sentido. La congresista Piedad Córdoba, víctima de un secuestro por parte de Castaño, dijo que mientras estuvo en su poder éste le dejó oír o le leyó transcripciones de conversaciones telefónicas de Garzón. No había duda entonces de que el DAS, en los tiempos de Narváez, venía siguiendo a la víctima.
La historia de José Miguel Narváez ya parecía olvidada, pero ha vuelto para alimentar la memoria histórica, un ejercicio estimulado por la justicia transicional que está operando en Colombia. A instancias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Salvatore Mancuso, uno de sus antiguos interlocutores, la está reeditando.
Y lo está reeditando con una nueva y grave acusación: que entre sus “objetivos militares” estaba el hoy presidente de la República, Gustavo Petro.
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