El 24 de julio del 2018, en vísperas de la instalación del primer Congreso del periodo presidencial de Iván Duque, después de ser llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, el senador Álvaro Uribe anunció en un trino no asumir su curul para frentear su defensa.
Nunca antes el expresidente había estado enredado en una telaraña judicial como la que tendrá que enfrentar. Tomó en serio el asunto, pero pocos días después desistió. Su defensa intentó distintos caminos jurídicos para evitar la situación que enfrentará este 8 de octubre ante la Corte Suprema en el Palacio de Justicia. Su acusador, el magistrado Jorge Luis Barceló. ya no estará allí y muy seguramente seguirá, desde su condición de pensionado, un proceso cuyas consecuencias judiciales y políticas son impredecibles. Uribe sigue siendo un líder que divide a Colombia. Una barrera.
La trayectoria profesional de Barceló es tan compleja como polémica. Fue el mismo magistrado que en noviembre del 2015 dejó en libertad al coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega. El militar, quien estuvo preso desde julio del 2009 en la Escuela de Infantería del Ejército Nacional en el norte de Bogotá, estaba sindicado de las desapariciones del administrador de la cafetería Carlos Rodríguez y de la guerrillera del M19 Irma Franco durante la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Las pruebas que tenían contra Plazas Vega no eran concluyentes, contrario a lo que había sucedido en las dos primeras instancias: la Corte dictaminó que los cuatro testimonios que habían servido de base para la condena de 30 años no eran muy sólidos, sobre todo el del sargento Édgar Villamizar Espinal. El oficial había entregado una versión en 1990 llena de inexactitudes. La decisión se tomó en una votación dividida, 5-3. Barceló, presidiendo la Sala, votó por la absolución.
Para Barceló no fue un caso cualquiera. Ese día murió Ricardo Medina Moyano, uno de los 11 magistrados que cayó en la retoma del Palacio de Justicia. A Moyano le debia Barceló toda su carrera. Su mamá era amiga íntima de Medina y, a finales de la década del setenta, cuando tomaba clases de derecho en la Universidad Militar, le pidió que le ayudara a pagarle el estudio. Le dio trabajo en su oficina y aprendió todo de él. No fue su discípulo sino su “feligrés” como le decía en tono de broma y cariño. Y luego fue él quien le dio su primer trabajo, notificador del juzgado 15 de Bogotá.
Uno de los hombres más satisfechos con la absolución de Plazas Vega fue precisamente el senador Álvaro Uribe, quien nunca pensó que sería este mismo magistrado quien aceptaría las versión del senador Cepeda en su contra que terminaron generando su indagatoria. Una decisión que tomó por sorpresa a todos. En diciembre 2010 no dudó en fallar a favor de Uribe frente a la demanda por injuria y calumnia interpuesta por el entonces director de Noticias Uno, Daniel Coronell, para sacudirse de los señalamientos en redes de unos supuestos nexos con el narcotraficante Pastor Perafán; el magistrado consideró que no había lugar a tal demanda.
Fiel a la Virgen, a San Benito y encomendado al niño Jesús de Praga, a la memoria de su hija Sonia Carolina, quien murió en el 2003 a los 17 años y a la ley, José Luis Barceló Camacho es inmune a las críticas que le llegan de tirios y troyanos. Los de izquierda le dicen que es fascista porque estudió en la Universidad Militar. Los de derecha no le perdonan que haya redactado, junto a otros dos magistrados, un documento de 219 páginas en el que absolvieron al senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro, por la acusación que le hizo Uribe Vélez en el 2012 por una supuesta vinculación de Cepeda a un carrusel de falsos testigos. La acusación del expresidente aseguraba que Cepeda usó una misión humanitaria buscando exparamilitares que estuvieran presos para intentar hacer que declararan en contra de Uribe. Barceló desestimó las pruebas.
Lo que terminaría de exasperar al presidente Uribe y a sus seguidores sería la validez que le dio el magistrado Barceló a los testimonios de los exparamilitares Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve en su contra. Lo señalaban de crear el bloque paramilitar Metro, además de manipular testigos y de fraude procesal, el proceso con el que le abrió indagatoria el 24 de julio y que forzó su renuncia temporal como senador.
Ahora, ya retirado, será un colombiano más pendiente de lo que ocurrirá en la mañana del 8 de octubre en el Palacio de Justicia, cuando, más de un año después de su llamado, el expresidente Álvaro Uribe presentará su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.
