El contrato por $10 mil millones para el alumbrado público es el que más ha avanzado en la justicia de todos los procesos penales y disciplinarios que penden sobre Jorge Ivan Ospina quien buscar quedar sin deudas para poder aspirar nuevamente al Congreso en las elecciones del 2026.
La audiencia de acusación en contra del ex alcalde estaba programada en el juzgado Primero penal del Circuito de Cali pero fue aplazada para mayo. Contrató para su defensa al penalista Hernando Morales quien ha defendido políticos y contratistas de la región enredados con la justicia.
La Fiscalía acusa a Ospina del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales por el alumbrado móvil 2020 durante la pandemia en la Feria de Cali, donde el entonces Alcalde de Cali le adjudicó de manera directa el contrato. La denuncia del contrato irregular fue elevada por el también conocido abogado Elmer Montaña quien ha sido un vigilante permanente del manejo de los dineros públicos en Cali.
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Hernando Morales es un viejo conocido como defensor de Ospina, tal como lo hizo en su primer administración cuando la Fiscalía lo imputó por la celebración indebida de un contrato durante su primera administración y también lo defendió ante la Procuraduría cuando lo suspendió durante cuatro meses de la alcaldía, unos días antes de que se terminar a su período como alcalde.
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Hernando Morales también ha defendido a otro imputado en el caso de corrupción Alumbrado de la Feria de Cali
Se trata de Juan Diego Flórez, entonces gerente de Emcali y quien se vio forzado a renunciar por presuntos sobrecostos en varios contratos, Morales lo defiende desde el 2022.
Uno de sus clientes permanente ha sido Juan Carlos Abadía quien llegó a la Gobernación del Valle en 2008, pero no pudo terminar su mandato. El 25 de mayo de 2010 salió por la puerta de atrás después de haber sido destituido tras un proceso disciplinario abierto por la Procuraduría. En febrero del pasado el exgobernador fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia por delitos de corrupción a más de 21 años, pero su abogado que en este caso fue Alejandro Sánchez apeló la decisión en la misma diligencia presidida por el magistrado Ariel Torres en la sala Especial de Primera Instancia.
La defensa intentó que Abadía no fuera privado de la libertad a pesar de esta drástica condena, arguyendo su condición de su responsabilidad paterna, sin embargo, fue recluido en la Escuela de Carabineros de Cali donde goza de todos los privilegios. Es de público conocimiento en la ciudad que el curtido político sigue influyendo en la política local y moviendo a sus conocidos en las distintas instancias institucionales de la ciudad a pesar de estar pagando una condena por corrupción.
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