La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se creó como un instrumento jurídico para juzgar los delitos cometidos por los actores del conflicto armado en Colombia mediante el Acto legislativo 01 de 2017, estableciendo no una justicia retributiva al daño social causado, sino un tratamiento punitivo favorable y benigno, que permitiese la aplicación del ya irreversible acuerdo de paz.
Su naturaleza y fines son acordes a estas situaciones, pero existe un gran desbalance en cuanto al juzgamiento de los miembros de las fuerzas armadas, pues sus jueces o magistrados, en su mayoría, son afectos a las fuerzas de izquierdas y opositoras, lo que cuestionaría su imparcialidad.
Para corregir esta situación, el nuevo gobierno, en cabeza del Centro Democrático, logró introducir sustancial reforma al solicitar el congelamiento de los procesos contra estos servidores públicos y la creación de una sala de juzgamiento especial, aplicando el principio jurídico de la igualdad de las partes y el debido proceso, algo totalmente justo. ¿Por qué están furiosas las fuerzas opositoras y la izquierda petrista y fariana, aduciendo que con ello, se dio estocada mortal al acuerdo de paz y a esta jurisdicción?
Simplemente porque se les quitó la posibilidad de vejar, escarnecer y lapidar “ejemplarmente” a los militares por sus crímenes y excesos durante el conflicto; alegando pérfidamente impunidad, la misma que estarían utilizando para favorecer sus amigos de las filas insurgentes, pues para nadie es un secreto la politización de esta “especial” justicia.
Definitivamente una conducta farisaica e hipócrita, ello les permitía, a individuos como Gustavo Petro e Iván Cepeda, tener una formidable cantera de pedruscos dialécticos, para lanzarlos contra gobiernos pasados y la institución militar.
Igualmente se blindó la extradición, para que esta figura no quedara en sus manos por obvias razones, depositándola responsablemente en la Corte Suprema de Justicia, es decir, nada abrupto, ilegal o perturbador se ha introducido. El nuevo gobierno no ha solicitado su abolición o extinción, simplemente busca ajustar y reglamentar situaciones y desbalances de poder y juzgamiento.
Como se concebía su funcionamiento, era una supracorte política, una gran cabeza de Hidra de Lerna, que desplazaba omnímoda y totalitaria a las legítimas cortes de justicia, nacidas al calor de la democracia y la declaración universal de los derechos del hombre, no exentas tampoco de cometer errores, pero que se acercan más a nuestro ideal de justicia.
